Sectores que integran el Frente de Todos, especialmente aquellos que responden a Cristina Fernández de Kirchner, vuelven a plantear la idea de profundizar la intervención oficial en el mercado de granos. Todo esto en medio de las negociaciones que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, de aumentar el nivel de reservas del Banco Central, donde la exportación es clave para cumplir dicho objetivo.
Actualmente el Ejecutivo mediante la implementación de los volúmenes de equilibrio en trigo y maíz, limitando sus exportaciones, realiza una intervención que según advirtieron los productores no genera previsibilidad e incentivos para aumentar los niveles de siembra y cosecha.
En las últimas horas, la senadora nacional Silvina García Larraburu (UC-FdT) elevó para su tratamiento un proyecto de ley por el cual se impulsa la creación de un “Ente Regulador de Granos”. El mismo tendría como objetivo establecer las pautas del comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos, “y de esta manera garantizar la provisión interna de los mismos, independientemente de las condiciones del mercado externo”. Además, la senadora que representa a la provincia de Río Negro desde el 2014 presenta propuestas que recrean la Junta Nacional de Granos.
En la primera semana del mes pasado, el kirchnerismo a través del Senador oficialista y ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, presentó una iniciativa para modificar el primer párrafo del artículo 6 del Decreto Ley 21.453, en el cual se establece que la liquidación de tributos y cierre del monto de las operaciones de exportación serán a la fecha de cierre de la venta independientemente de la fecha efectiva de concreción de la exportación. Todo esto significa no cobrar las retenciones cuando se registra la Declaración Jurada de Venta al Exterior, sino en el momento en que se realiza la operación al mercado externo.
También hay que recordar que esta semana durante la protesta que realizó la Confederación General del Trabajo, el líder del Sindicato de los Camioneros, Pablo Moyano, reclamó al Gobierno “estatizar las balanzas que están en los puertos” y afirmó que “hay 5 millones de viajes de camiones por año, y el 40% sale en negro. Eso quiere decir que el campo no paga el 33% de las retenciones, sino que paga el 26%”.
Volviendo a la iniciativa de la Senadora Silvina García Larraburu, la misma sostiene que con la creación del Ente “se procura que la mayor fiscalización del proceso de comercialización, evite la triangulación y venta de granos sin declarar. De esta manera, estaremos aumentando los ingresos de divisas del país, claves para sostener el crecimiento de la economía nacional”.
Y agregó en el proyecto: “Las constantes fluctuaciones de los precios de los granos a nivel internacional, incide en los precios de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos; ya sea porque sus derivados son de consumo masivo, o bien, porque constituyen alimentos esenciales para la ganadería, o la actividad avícola. Esta situación expone la necesidad de incrementar la regulación en el establecimiento de precios mínimos y máximos para abastecer al mercado interno”.
Funciones del Ente
En el artículo 2 del proyecto se detallan los objetivos del mismo, que son los siguientes: Regular el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos; garantizar la provisión interna de cereales, oleaginosas y sus subproductos, independientemente de las condiciones del mercado externo; tomar medidas activas con el fin de evitar los monocultivos; colaborar en el desarrollo de políticas que fomenten el aumento de valor agregado en las materias primas producidas en nuestro país; colaborar en la promoción del empleo industrial, y favorecer a los pequeños y medianos productores.
La propuesta de la Senadora del oficialismo por Río Negro contempla además que el Ente Regulador tendrá entre sus funciones y atribuciones: autorizar y fiscalizar el funcionamiento de todos los medios que se utilicen en el comercio de granos y sus subproductos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar los mismos; fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de la entrega o recepción, en cualquier etapa de su comercialización, manipulación o transporte; autorizar la carga o el embarque de granos y sus subproductos, que se exporten y reglamentar los procedimientos de los contratos de compraventa de granos; establecer las condiciones que deberán reunir todos los medios de transporte de granos y sus subproductos para que los cargamentos lleguen a destino en buenas condiciones, y crear el Museo Nacional de Granos, con el objeto de preservar el acervo histórico de la producción agrícola y mostrar el desarrollo alcanzado a través de los años, entre otras.
También, con aprobación del Poder Ejecutivo, el Entre podrá “fijar los precios mínimos de los granos y sus subproductos que se le debe abonar al productor o industrializador por parte de las cerealeras o exportadoras, en las ventas al exterior, teniendo especialmente en cuenta los tratados y convenios internacionales; fijar los cupos de exportación para los granos y sus subproductos, según las necesidades del mercado interno, y ejercer el comercio interno o externo de aquellos granos y de los productos y subproductos de la industria oleaginosa en cuya compraventa el Estado nacional decida intervenir en defensa de la producción o cuando la regulación del mercado lo hiciese necesario”.
Por último, se propone que el Ente sea integrado por once miembros nombrados por el Poder Ejecutivo. El presidente será designado a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, quien deberá acreditar antecedentes en la materia propia de la entidad y especialmente en la producción, comercio e industrialización de granos. Y además participarán cinco vocales designados a propuesta de ministerios e YPF Agro.
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