Tras la suspensión del concurso de acreedores, por decisión de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, y las declaraciones de Alberto Fernández sobre la idea oficial de una empresa estatal que intervenga en el mercado de granos, los integrantes de la agroexportadora Vicentin emitieron un comunicado con varias definiciones sobre los temas mencionados.
En una parte del documento y sin mencionar al presidente de la Nación, los dirigentes de la compañía del norte de Santa Fe, precisaron que “Vicentin no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que Vicentin es tan solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15% del sector”.
Además, agregaron que “todas las explicaciones relativas a un hipotético cramdown -imposibilitado por el apoyo mayoritario de los acreedores a la propuesta- sólo llevan a confusión a la audiencia no especializada, puesto que ninguna de ellas explica cómo se va a financiar la actividad de Vicentin, de dónde saldrán los 300 millones de dólares de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores -todos, no solamente los granarios- y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos durante una aventura sin conducción ni capacidad financiera”.
Hay que recordar que en los inicios de 2020 comenzó a tramitarse en el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini, el concurso de acreedores por una deuda de Vicentin que supera los 1.300 millones de dólares. Todo este proceso quedó suspendido luego de la decisión de la Suprema Corte de justicia provincial, desde donde se solicitaron todas las actuaciones realizadas hasta el momento.
Y en medio de todo esto, ayer Alberto Fernández en declaraciones a Página 12, se refirió al tema y expresó que si bien en 2020 desistió del intento inicial de estatizar Vicentin, porque –según explicó- “le hubiera hecho un favor a los acreedores, no a la Argentina”, pero agregó que el gobierno siguió trabajando en la iniciativa y que “ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquel, donde se podría dar la posibilidad del ‘cram down’. Lo que no es posible es esta lógica de expropiemos empresas de cualquier modo’ porque después se paga lo que no corresponde”.
A partir de esto, el Gobierno tiene la intención de avanzar sobre el sector alimenticio y agroexportador de la mano de un plan que ya no sería el aumento a las retenciones para “desacoplar” los precios sino de reforzar con la estructura y activos de Vicentin a YPF Agro, para que esta intervenga en todo lo relacionado al comercio exterior, para tener directa injerencia en la provisión de divisas e incidir en la formación del precio de los alimentos. Y el “cram down” del que habla Alberto Fernández sería la apertura de un registro para la inscripción de propuestas de rescate la Vicentin por parte de cualquier interesado.
Mientras aumenta la polémica a partir de los dichos de Alberto Fernández, el titular de la bancada de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, comentó en declaraciones radiales que “Vicentin es una empresa importante y a través del Banco Nación se podría participar”. Por otro lado, desde el ámbito productivo continuaron los cuestionamientos a la iniciativa. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, señaló que “no hace falta ninguna empresa testigo porque el orden del mercado de granos se da con la simple fluidez de la oferta y la demanda. Como en todo el mundo hay que dejar que los actores de la cadena de granos trabajen sin políticas intervencionistas y sólo hace falta mirar, por ejemplo, que en mayo del año pasado estaban cerradas las exportaciones de carne y el precio no bajó, al contrario subió. Lo mismo pasó con el mercado de granos años atrás”.
Con relación a la situación del caso Vicentín, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, consideró que “es imprescindible evitar el fraude. La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude y una quita del 80 por ciento en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación y un daño al Patrimonio colectivo. Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad y, por lo tanto, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo”.
“A partir de la decisión de la Corte Suprema Provincial, en la actualidad se abre una etapa -que probablemente sea la del Cramdown-, y en esta etapa se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado. Esta instancia debe contemplar el funcionamiento a pleno de la compañía; que genere empleo y que además genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado”, dijo Hecker.
Concurso de Acreedores
En otra parte del comunicado, los directivos de Vicentin se refirieron a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de suspender el Concurso de Acreedores. Al respecto, señalaron que “se ratifica la confianza en las instituciones -en especial en la justicia provincial- y que aguarda con expectativa la reanudación de los plazos procesales a fin de terminar la acreditación de las conformidades requeridas por la Ley de Concursos y Quiebras para alcanzar un Acuerdo con sus legítimos acreedores”.
Por otro lado, explicaron que la suspensión del concurso se ordenó en las vísperas de una audiencia informativa que se había convocado para este miércoles a las 17.30hs, donde la empresa iba a presentar una serie de explicaciones en relación a la negociación que se llevaba a cabo con los acreedores, y cómo se iba a llegar a las mayorías que se necesitan dentro de la ley y del plazo de exclusividad. “Hasta la fecha y más allá de las dificultades propias de la envergadura e impacto de dicho proceso, el proceso concursal se realizó de manera transparente, con la activa participación e involucramiento de todas las partes y bajo una rigurosa supervisión tanto del juzgado, como de la sindicatura y de los interventores actuantes impuestos por el propio juzgado”.
Además, se informó en el comunicado que la propuesta de pago que Vicentin presentó a los acreedores, “a la fecha cuenta con el apoyo de más de 1.000 acreedores, y tiene posibilidades concretas de alcanzar la declaración de ´Existencia de Acuerdo´. Esta propuesta, creíble, sustentable y autosuficiente, es la única alternativa concreta que permite a los acreedores de la Sociedad recuperar sus acreencias en los términos aceptados por las mayorías de ley”, dijeron desde la compañía.
Y el comunicado concluyó: “Esperamos poder terminar en el tiempo previsto la reorganización final de la Sociedad y comenzar con los pagos lo antes posible, lo que permitirá superar definitivamente esta etapa tan difícil y continuar operando de manera segura y confiable hacia un futuro sustentable”.
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