Retenciones: la Justicia de Córdoba volvió a declararse competente en la causa por supuesta inconstitucionalidad y rechazó enviar el expediente a la justicia porteña

Ayer mediante una resolución, el juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, se declaró competente en la causa que se inició en febrero pasado por la supuesta inconstitucionalidad de las retenciones, ante la presentación de un recurso de amparo que realizó de manera conjunta la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Jesús María.

Además, rechazó enviar el expediente a un juzgado contencioso y administrativo de la Capital Federal, que lo había solicitado a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), planteando que se trataba de una cuestión de competencia nacional y por lo tanto debía tramitarse en Buenos Aires.

En su resolución, el mencionado Juez Federal de Córdoba planteó que decidió “mantener la competencia del presente tribunal y en consecuencia rechazar la inhibitoria planteada por el juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1″, Enrique Alonso Regueira, quien hace diez días también se declaró competente para tratar la causa iniciada en la provincia mediterránea. Desde hace tiempo, las entidades agropecuarias que presentaron la acción de amparo sostienen que tras el vencimiento el pasado 31 de diciembre de las facultades que tenía el Poder Ejecutivo de modificar las retenciones y que las mismas no fueron prorrogadas, el descuento actual a los productores de la alícuota de retenciones sería ilegal y no tendría sustento.

En medio de todo esto, la AFIP se presentó en el expediente y planteó sus argumentos en contra de la posición de las entidades y solicitó que el expediente se tramite en la Capital Federal por una cuestión de competencia, algo que en primera instancia fue aceptado por el juez Regueira, pero ahora es rechazado por Bustos Fierro y retiene el trámite en Córdoba. Claramente se ha abierto un primer conflicto por la competencia, que demorará una resolución de fondo.

En su escrito, el Juez de Córdoba sostuvo que a pesar de que los organismos cuestionados, como la AFIP, son “autoridades públicas con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, los hechos investigados tienen efectos que “se producen respecto de la totalidad del territorio nacional. Admitir la competencia del Juzgado Contencioso Administrativo, implicaría ir en contra de los principios elementales de la organización constitucional, vaciando así las competencias asignadas a la justicia federal con asiento en las provincias, como así también vulnerar derechos elementales como son el acceso a la justicia y el principio de tutela judicial efectiva, ambos con jerarquía supra constitucional y convencional”, señaló el Juez en la resolución.

Por otro lado, el Juez Federal de Córdoba, Bustos Fierro, aceptó “remitir las presentes actuaciones a la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal a los efectos de que determine cuál es el tribunal competente para entender en la presente causa”.

En medio del malestar en el campo por las últimas declaraciones del presidente Alberto Fernández donde planteó la posibilidad de aumentar las retenciones a las exportaciones del agro, con el objetivo de desacoplar los precios internacionales de los locales, a pesar que su ministro de Agricultura, Julián Domínguez, expresara lo contrario. En las últimas horas desde varios sectores salieron a rechazar la propuesta y la Mesa de Enlace analiza pedir una audiencia con la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y de la cartera agropecuaria.

La dirigencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó ayer en un comunicado, que las retenciones “no tienen sustento legal y menos aún, pueden modificarse las alícuotas”, ya que el pasado 31 de diciembre venció la facultad que tenía el Poder Ejecutivo para trabajar en ese sentido y que la misma no fue prorrogada por la no sanción del Presupuesto del presente año. Por tal motivo, la entidad que preside Nicolás Pino decidió junto a la Sociedad Rural de Jesús María presentar un recurso de amparo en los Tribunales Federales de Córdoba pidiendo la inconstitucionalidad del impuesto.

“Las retenciones son un impuesto distorsivo que perjudica directamente al productor agropecuario transfiriendo unos 10 mil millones de dólares por año. Si bien celebramos que el tema se haya puesto en agenda pública, desde la producción creemos que las medidas tomadas siempre deben estar orientadas no solo a bajar las alícuotas, sino también a eliminarlas”, agregó el comunicado de la Rural titulado, “¿A qué juegan?”.

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