La marcha del campo a Capital Federal profundizó las diferencias entre los productores y la Mesa de Enlace

Momentos de tensión se viven por estas horas en el mundo de la representatividad del sector agropecuario. Mientras crece el malestar por las políticas oficiales hacia el sector, surgieron diferencias entre los dirigentes y productores en torno a la movilización del 23 de abril a Capital Federal. Se profundizan las críticas de los autoconvocados al rol de los presidentes de las cuatro entidades del campo.

La marcha de productores y rurales del interior, que hasta el momento no tiene estipulado el horario y el recorrido de la misma, pero que está ratificada, no cuenta con la adhesión de tres de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace. Ellas son:Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. En relación a la Sociedad Rural Argentina, desde la entidad sostienen que por el momento no se definirá si habrá adhesión o rechazo a la propuesta.

La convocatoria surgió en las diferentes asambleas que se realizaron en las últimas semanas, luego que el Gobierno decidiera aumentar las retenciones a los subproductos de la soja y con el dinero adicional que se va a recaudar, constituir un fondo para subsidiar el precio de la harina con destino a las panaderías. Para muchos productores, dichas medidas fueron la gota que rebalsó el vaso: desde hace tiempo vienen advirtiendo sobre la elevada presión impositiva, el incremento de los costos para producir, la intervención en los mercados y el permanente cambio de las reglas de juego.

Esta semana desde su cuenta de Twitter, Confederaciones Rurales Argentinas informó que la decisión de no adherir a la movilización a Capital Federal, se tomó luego de una reunión del Consejo Superior Directivo, donde pesó la opinión mayoritaria de las 16 confederaciones que integran CRA. “No es el momento de manifestarse. No estamos de acuerdo en la fecha. No están dadas las condiciones a pocas semanas y se acordó realizarla en otra fecha, con una mirada más amplia que incluya a la comunidad en su conjunto”, expresaron los dirigentes.

Si bien CRA ha comunicado esta decisión, algunas confederaciones que forman parte de la entidad han rechazado la postura y se estarán sumando a la movilización, como es el caso de las provincias de Córdoba, San Luis y Santiago del Estero. En ese sentido, el vicepresidente de la entidad, Gabriel de Raedemaeker, firmó un comunicado de adhesión a la marcha como referente de la Mesa de Enlace de Córdoba. Una decisión que generó mucho ruido en en seno de la Confederación.

Por el lado de Coninagro, fuentes cercanas a la dirigencia señalaron a este medio que el pasado miércoles en la reunión de Consejo se determinó que la entidad no participa de esa manifestación. Al respecto, dijeron que “no están de acuerdo con retenciones y que de hecho hay disconformidad en políticas y demás, pero no es el momento oportuno, con lo cual Coninagro no participa”. Y en relación a Federación Agraria, en el entorno de los dirigentes informaron a Infobae que a nivel institución “no se estará convocando a movilizarse”, aunque aclararon que existe la posibilidad que algunos grupos de federados se sumen a la marcha.

Una vez conocida la decisión de las entidades, surgieron diversos cuestionamientos hacia la Mesa de Enlace, donde los productores autoconvocados hablan de que esa actitud cristaliza la crisis de representatividad de las gremiales. “Me desilusioné de una forma terrible. Hoy el productor agropecuario está pasando por crisis económica, moral y ahora esto. Después se quejan que no tienen el apoyo de los productores”, señaló Román Gutiérrez, productor agropecuario de la ciudad bonaerense de Pergamino.

Por otro lado, los integrantes de la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados expresaron en las redes sociales: “Lamentamos que la #dirigenciaagropecuaria no se ponga a la altura de los genuinos reclamos del productor. Adherimos a la marcha del 23 de abril a CABA para hacer escuchar nuestra voz junto a toda la ciudadania”. Además, Alberto del Solar Dorrego, presidente de la Rural de Rojas, una de las entidades del norte de la provincia de Buenos Aires que se suman a la marcha del 23 de abril, comentó: “Cuando el saqueo y empobrecimiento de la población que también comprende al campo, no existe la neutralidad. CARBAP y CRA tuvieron la oportunidad histórica de estar al frente de la movilización, tomaron el camino contrario”.

Apoyo a la marcha

La movilización del campo a la Capital Federal para el 23 de abril empezó a tener adhesiones. Bajo la premisa: “Donde hay un reclamo de productores, allí debemos estar”, la Sociedad Rural de Jesús María anunció que continúa en estado de alerta y movilización, y ratificó su decisión de acompañar y adherir a la movilización nacional prevista para el 23 de abril próximo.

En un comunicado, señalaron que “en el marco de una sostenida incertidumbre general, particularmente para nuestro sector, manteniendo medidas ilegales e ineficientes con argumentaciones que se derrumban a la vuelta de la esquina y aumentan la desazón generalizada. Sumado a la insensatez tras una confrontación política que no pertenece a los ciudadanos que con su esfuerzo y labor trabajan diariamente en distintos sectores”.

Otro de los sectores que adhiere a la marcha, es “Campo + Ciudad”, que agrupa a productores rurales, y desde donde anunciaron que se movilizarán “contra el gasto político”.

“Decenas de ministerios, cientos de secretarías y miles de oficinas y reparticiones que existen sólo para que quienes las dirigen puedan cobrar sus sueldos. Dependencias improductivas e innecesarias que se usan para devolver favores a militantes. Una burocracia gigantesca al servicio del nepotismo, de la generación de cajas o de caprichos ideológicos. Diputados y senadores con ejércitos de asesores, un Congreso cuya biblioteca tiene más de 1.300 empleados. Dependencias con nombres tan rebuscados”, agregaron.

Además, expresaron que “la inflación, las retenciones y el endeudamiento son el precio que pagamos los ciudadanos para que los políticos no tengan que ajustarse. Y será cada vez más alto si no les ponemos un freno. Por eso, convocamos a todos a sumarse a esta movilización. No es la causa del campo, sino la de cada argentino al que la política le roba el fruto de su esfuerzo”. Y al respecto, extendieron la invitación a la marcha a los sectores ciudadanos.

Proyecto común

En la Argentina hay una crisis económica y una situación social preocupante, acompañado de una crisis de representatividad generalizada. A todo esto se agregan las malas noticias de orden internacional: la inflación internacional post pandemia y las consecuencias económicas por la invasión de Rusia a Ucrania como el aumento de precios del petróleo y del gas. “En este contexto de mal humor generalizado, los partidos políticos o en este caso la Mesa de Enlace tienen serias dificultades para conducir los reclamos de la población”, dijo a este medio Tomás Lanusse, Director de la consultora Fuente Primaria.

Y agregó: “Hay un reclamo generalizado por la presión impositiva y ese es un punto en común que tienen los productores agropecuarios con el resto de los sectores productivos del país. El país necesita un nuevo orden económico antes que sea tarde. El campo tiene buena imagen en la sociedad porque se lo reconoce como un ´motor´económico, pero también carece de representatividad política en el Congreso. Dependen de que los partidos los escuchen y eso es insuficiente para el sector”.

El especialista sostiene que en esta situación tan compleja para la Argentina, “los productores están cansados y quieren ser escuchados, pero las gremiales que se apartaron de la marcha del 23 de abril entienden que la situación social es delicada. Una marcha a la Ciudad de Buenos Aires agrega conflictividad y el horno no está para bollos. Ambas partes tienen razón”. En este contexto, para que las gremiales del campo no pierdan representatividad y los productores de alimentos se sientan bien representados, “deberían pensar en un proyecto político común”, concluyó Lanusse.

¿Similar al rol de la dirigencia opositora?

Según Lucas Romero, analista político, el rol de toda dirigencia es intermediar entre sus representados y el sistema que organiza la vida social, para canalizar demandas o encontrar soluciones deseables para aquellos que son representados. A esto se le agrega, que en toda intermediación que ejerce dicha dirigencia, hay un ejercicio de evaluación de la razonabilidad de las demandas y de la factibilidad de las respuestas. Además, los representantes pueden lograr mejores resultados si hay consenso y apoyo de los representados. Es decir, habrá una mayor posibilidad de conseguir los objetivos que se buscan.

“Eso es lo que no está sucediendo ahora. Cuando la base de representados aparece con demandas que no pueden ser canalizadas o porque carecen de razonabilidad o por la imposibilidad práctica de satisfacerla, ahí aparecen las tensiones que van debilitando el carácter de la representación en su conjunto y afecta las posibilidades de éxito en conseguir los resultados que los propios representantes reclaman. Esta es la dificultad que están encontrando tanto la dirigencia rural como la dirigencia opositora, en término de que aparecen demandas que se vuelven difícil de satisfacer, y que no hay consensos de los representantes sobre dichas demandas”, agregó el analista.

Además, Romero señaló que “hay sectores más radicalizados en las bases de productores que empiezan a reclamar actitudes más combativas y demandas que son más difíciles de satisfacer, como eliminar todas las retenciones o reducir significativamente la presión fiscal, en un contexto donde el Estado está imposibilitado de producir baja de impuestos porque tiene el FMI que ya le tomó el control de la política económica. Frente a esa dificultad los representantes entran en la diyuntiva de cómo hacer para contener esas demandas, siendo que no se pueden satisfacer. Si todos los que en algún punto se sienten representados por la dirigencia rural, no pueden ponerse de acuerdo en pedir cosas razonables y aparecen sectores que piden cosas irrazonables, eso va a atentar contra las posibilidades de éxito que tengan los dirigentes al momento de defender a los productores”.

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