La industria aceitera dijo que el aumento de las retenciones es ilegal y no descartó iniciar acciones judiciales

Tras la publicación oficial en el Boletín Oficial del aumento de las retenciones a las exportaciones de aceite y harina de soja, con el objetivo de que el adicional que se recaude se destinará a un fondo para subsidiar el precio de la harina con destino a las panaderías, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) rechazó la medida y aseguró que la misma “no tiene legalidad y atenta contra la industrialización”.

Con el objetivo de “mitigar el impacto de la situación” en Ucrania y evitar que la invasión a ese país afecte a los precios locales de los alimentos, el Gobierno confirmó el aumento a las retenciones para la harina y el aceite de soja y creó un Fondo de Estabilización del Trigo, para controlar “el costo de la tonelada” de ese producto.

Ambas medidas fueron informadas a través de los Decretos 131/2022 y 132/2022, respectivamente, publicados este sábado en el Boletín Oficial. El primero de estos documentos fue firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

En un comunicado, los integrantes de la entidad recordaron que los subproductos alcanzados por el aumento de las retenciones, representan un tercio de las exportaciones totales de la Argentina y se encuentran en el primer y segundo lugar del ranking anual de ventas totales del país al mundo. “Esta medida es una clara indicación que el gobierno desincentiva las exportaciones, y castiga el empleo industrial, particularmente de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”,

Ilegal

Además, señalaron que la decisión adoptada por el Gobierno “no tiene legalidad” dado que las facultades que tenía el Poder Ejecutivo delegadas por el Congreso para modificar el esquema de retenciones, venció el pasado 31 de diciembre, y ahora el Decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral. Al respecto, las expresas agroexportadoras están realizando un análisis de las medidas judiciales a seguir, con el objetivo de cuestionar la medida. “Atender la crisis de precios internacionales que impacta sobre la población argentina es una obligación del Estado y de las empresas, pero atacar la industria nacional ajena a esta situación es el peor de los caminos”, manifestaron.advirtieron.

A su vez, comentaron que la administración nacional tenía diferentes opciones de aplicar medidas en vez de impulsar un incremento de las retenciones. En ese sentido, precisaron que entre el 15 de febrero al 17 de marzo el Estado argentino incrementó sus ingresos fiscales por retenciones en el complejo cerealero-oleaginoso por más de 1.330 millones de dólares, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Desde la industria aceitera aseguraron que con dichos fondos “se podría activar mecanismos directos de compensación a los sectores vulnerables, aplicar rebajas temporales de IVA o asistir a productos farináceos y aceites que son los más impactados por las subas internacionales”.

Otra de las propuestas contempladas en el documento de los aceiteros es la apertura de nuevos cupos de exportación para registrar ventas futuras en 2022 y 2023 de maíz y de trigo. Según estimaron, podrían reportar no menos de USD 700 millones no previstos, debido al pago anticipado de retenciones que realiza la exportación; dado que el abastecimiento nacional esta garantizado todo el año por el régimen de volúmenes de exportación del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca”.

“Sin embargo, el gobierno decidió subir alícuotas en productos procesados que no afectan el índice de inflación, pero deterioran las condiciones de producción, trabajo y exportación del primer complejo exportador nacional”, agregaron. A todo esto, dijeron que toda la cadena de la soja se verá severamente afectada, ya que consideraron que la medida oficial es un castigo a la capacidad de pago del principal comprador de soja del país. Al respecto, se advirtió que cada barco de aceite de soja exportado, el Estado es dueño del 46% de su valor y ahora con esta medidas que se anunció hoy en el Boletín Oficial, se queda con más ingresos.

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