El cuarto informe realizado por el INTA Corrientes, con datos aportados por el Grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria de la mencionada provincia, señaló que al 21 de febrero pasado ya son 934.238 las hectáreas afectadas por los incendios, lo que muestra que el 11 % de superficie de la provincia de Corrientes fue afectada por el fuego.
Hay que recordar que hoy el ministerio de Agricultura procedió a declarar la emergencia y desastre agropecuario en toda la provincia de Corrientes. Fue a través de la Resolución 36/2022 publicada en el Boletín Oficial. La medida tendrá vigencia desde el 1º de enero hasta el 1º de julio del presente año, donde los productores damnificados y alcanzados por la emergencia accederán al beneficio de la postergación del pago de impuestos nacionales y también provinciales, y en el caso de aquellos que se encuentran encuadrados en la declaración de desastre, serán eximidos de dicha obligación.
Según señalaron los especialistas del INTA Corrientes, nuevamente “la evidencia satelital indica un progresivo incremento de la cobertura vegetal afectada por el fuego en Corrientes. En valores absolutos, la cobertura vegetal más afectada detectada en este informe sigue siendo los esteros pasando de 245 mil hectáreas a 275 mil hectáreas. Los pastizales del nordeste fueron muy afectados, el área quemada se duplico pasando de 18 mil hectáreas a 40 mil hectáreas”.
En relación a las zonas de Corrientes más afectadas por los incendios, aparecen Ituzaingó presenta la mayor superficie alcanzada por el fuego, con más de 173 mil hectáreas quemadas. Luego se ubica Santo Tome con 108 mil hectáreas. Sin embargo, con relación a la superficie, San Miguel presenta el mayor porcentaje de su superficie afectada, con el 32%. Mientras que Lavalle es el Departamento provincial con menor superficie afectada total.
Además, el relevamiento determinó que el ritmo de incremento de la superficie afectada es de 30.000 hectáreas diarias. “Todas las coberturas mostraron un incremento del área quemada. En valores absolutos las más afectadas por las quemas fueron las de ambientes de humedales con más de 533 mil hectáreas acumuladas a la fecha de este informe. Sin embargo, se registró un aumento en la superficie quemada de pastizales del nordeste”, detallaron desde el INTA Corrientes.
A todo esto, los datos de focos de calor proporcionados por el Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar indican que los mismos al 23 días de febrero fueron de 6055, de los cuales 1913 se registraron en el departamento de Ituzaingó y 814 en Santo Tomé, lo que explica el incremento de superficies quemadas en estos departamentos.
La situación en Corrientes por los incendios y la sequía es cada vez más dramática. Las pérdidas son cuantiosas y complejas de calcular, pero un informe elaborado por las cadenas productivas de la provincia reflejó que las pérdidas económicas ascienden a $69.056 millones. La cifra es hasta el pasado 16 de febrero y contemplando que hasta el momento son 785.238 las hectáreas quemadas. Las cinco principales actividades de la provincia que fueron relevadas son arroz, citricultura, forestación, yerba mate y ganadería.
La actividad más afectada es la ganadería. De acuerdo al informe, las condiciones climáticas adversas ya arrojaron 12.678 millones de pesos en kilogramos totales de carne perdidos. A todo esto, se suman unos 10.422 millones de pesos por el total de cabezas perdidas, donde la mortandad en tiempos normales llega al 3% y en emergencia a 6%. Según el trabajo, por la sequía se perdieron 138.960 animales. Por último, hay que contemplar las pérdidas en infraestructura, que ascienden a 4.711 millones de pesos, especialmente en la rotura de alambrados. A partir de que las hectáreas incendiadas ascienden a 785.238, son 7.852.380 los metros perdidos de alambrado.
Esta semana durante una asamblea de productores y ciudadanos autonconvocados, en la localidad de Mariano Loza, se reclamó que se declare en Corrientes la catástrofe productiva, y poner en tratamiento una ley nacional para situaciones de emergencia que permita la subsistencia de las empresas afectadas. En relación a la propuesta de la ley, se debería contemplar que las ventas realizadas durante la vigencia de la catástrofe estén exentas de impuestos nacionales y provinciales (ley de venta forzosa modificada y eliminación del arancel de la Mera Compra), para que los productores puedan vender y después reponer el stock vacuno cuando se normalice la situación productiva. También se pide que el IVA percibido por las ventas forzosas sea asignado a los contribuyentes como subsidio, eximiéndolos del pago del mismo.
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