El Gobierno de Corrientes declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario a raíz de los incendios que azotan la provincia y ya afectaron 335 mil hectáreas. Se esperan por medidas de asistencia para los productores rurales.
La sequía y el fuego provocaron pérdidas millonarias para la ganadería bovina, arrozales a punto de ser cosechados, establecimientos forestales, y chacras dedicadas a la producción de cítricos, yerba mate y té. Frente a este panorama, desde la gobernación correntina, a cargo de Gustavo Valdés, denunciaron la falta a colaboración por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié; y durante la tarde de este lunes el mandatario provincial firmó el Decreto 200/22 mediante el cual se declaró el “Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por el término de 6 meses a partir del 1 de enero de 2022″.
La medida rige “en todo el territorio provincial debido a los incendios rurales ocurridos en los últimos meses, que conllevan elevadas pérdidas productivas y económicas”, informó el Gobierno de Corrientes.
De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropeacuaria (INTA), los incendios alcanzaron 335 mil hectáreas, de las cuales: 193.459 corresponden a pastizales y malezales; 77.177 a esteros y bañados y 16.277 hectáreas a bosques nativos. Las autoridades de la provincia convalidaron el documento y dispusieron “asistencia técnica y financiera del Ministerio de Producción”.
En efecto, se comunicó que Corrientes “otorgará a los productores afectados que acrediten su condición con la presentación del certificado de emergencia agropecuaria, beneficios como la prórroga de vencimientos de impuestos y créditos provinciales”. En los próximos días, “el equipo de la cartera productiva comenzará con la recepción de declaraciones juradas de los productores afectados por la sequía y los incendios”.
Claudio Anselmo, ministro de Producción de la provincia, fue quien alzó la voz contra la falta de celeridad del Ministerio de Ambiente de la Nación: “El pasado 13 de enero mantuve una reunión con la jefa de Gabinete de su ministerio, María Soledad Cantero, ya que el ministro (Cabandié) no podía asistir por tener Covid: allí solicitamos colaboración, cuatro aviones hidrantes, un avión vigía y equipamiento para bomberos. Nunca nos contestaron formalmente y solo nos dijeron que no había recursos”.
Frente a este panorama afirmó que “la provincia tomó la decisión de contratar con fondos propios tres aviones hidrantes que operan desde diferentes bases. Había un avión hidrante nacional para toda la Mesopotamia, y que desde diciembre de 2021 hizo ocho intervenciones a pedido de la provincia”. La denuncia del funcionario de Valdés generó un contrapunto con Nación. Desde Ambiente negaron las acusaciones y señalaron que “Corrientes rechazó la ayuda” ofrecida desde el 23 de enero.
Mediante un comunicado, la cartera dirigida por Cabandié aclaró que por intermedio del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) se dispuso el envío del primer avión hidrante antes de que se realice el pedido formal por parte del gobierno provincial, el cual no se oficializó hasta el sábado 5 de febrero. También se informó que no se solicitaron brigadistas. El documento oficial, por otro lado, señala que en la actualidad operan cuatro aviones aviones hidrantes proporcionados por Nación, que se encuentran trabajando en las localidades de Ituzaingó, Curuzú Cuatiá y en inmediaciones del Parque Nacional Iberá. Además, este lunes anunciaron el envió de otros 30 brigadistas que se sumarán a los ocho de la Administración de Parques Nacionales que ya trabajan en la zona
“Desde hace 45 días Corrientes atraviesa por una sequía de una intensidad inusitada, lo que generó incendios y la afectación de las cadenas productivas vinculadas a la ganadería, forestal, arroz, cereales, citricultura, yerba mate y té, entre otras. La provincia apuesta a trabajar en conjunto con la Nación”, había manifestando Anselmo, quien adelantó que se buscará apurar la promoción de una línea de créditos subsidiados para productores afectados a través del Banco de Corrientes por un monto de 200 millones de pesos.
La falta de reacción del Gobierno Nacional generó el reclamo de los productores rurales. Ernesto Peluffo, un ex combatiente en Malvinas, dueño de 900 hectáreas que hoy están afectadas, manifestó en diálogo con Infobae: “Estamos desamparados y librados a nuestra propia suerte. Los productores nos autogestionamos y recibimos la solidaridad de la población y del enorme trabajo de los Bomberos Voluntarios”. “El Estado nacional solamente es socio para cobrar impuestos, sacarnos retenciones, y otros gravámenes, porque tiene un enorme voracidad fiscal, pero no es socio en los desastres climáticos como estamos enfrentando en estos momentos”, protestó.
La semana pasada la Mesa de Enlace emitió un comunicado mediante el cual señalaron que, “los productores están atravesando una situación catastrófica enfrentando junto a otros pares, bomberos y voluntarios sociales, y un insuficiente apoyo estatal. No alcanza con las declaraciones de emergencia”. En el documento reclamaron apoyo financiero e impositivo que tenga como objetivo regenerar el tejido social, productivo y económico de las diferentes provincias afectadas.
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