El Gobierno nacional decidió incluir en el temario a tratar en las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional la ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, un proyecto ideado e impulsado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que trabajó posteriormente con los equipos económicos del Poder Ejecutivo. Es por esto que en el sector se dispararon las expectativas de una probable aprobación e, inclusive, prevén realizar un trabajo legislativo en la cual se pueda mejorar la iniciativa enviada por el oficialismo.
Si bien este proyecto, que fue presentado por el presidente Alberto Fernández, junto a su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, es mucho más escueto al original pensado por el CAA, para esta agrupación de entidades no deja de ser un primer paso importante para lograr exportaciones por USD 100.000 millones y crear 700.000 nuevos puestos de trabajo.
“Aguardamos con mucha expectativa el tratamiento de este proyecto y a la espera de que en la discusión parlamentaria se pueda mejorar el contenido y la duración de los estímulos para la producciones agropecuaria y agroindustriales”, indicó el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) y vocero del Consejo Agroindsutrial, José Martins, quien aseguró que para eso se emprenderá un trabajo conjunto con las diferentes fuerzas políticas.
El proyecto de ley, entre otras medidas, estipula amortizaciones aceleradas y una serie de beneficios fiscales para nuevas inversiones, compras de semillas y fertilizantes, devolución del IVA para inversiones especiales y cambios en el sistema de valuación de hacienda vacuna para el pago del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, nada dice respecto a una baja en los impuestos o de retenciones, el cual es el principal reclamo del sector, en especial de los productores, cuya única representación en este momento dentro del CAA es por parte de Coninagro, ya que el resto de las entidades que integran la Mesa de Enlace decidieron retirarse de la agrupación.
Es por eso que Martins consideró al proyecto como “el primer paso y buscamos que sea el primer hito. Desde el Consejo seguiremos trabajando en las propuestas de políticas integrales que incentiven una mayor producción, que permitan mantener la recaudación impositiva pero con alícuotas más bajas, estrategias diferentes y eficientes en logística y conectividad y en políticas ambiental y educativa”.
De hecho, dentro sus objetivos para este 2022, el CAA solicitó al Gobierno la conformación de una Mesa de trabajo para consensuar una reducción de los derechos de exportación de los complejos cerealero – oleaginoso – cárnico y acordar un cronograma para su posterior eliminación. “Durante el 2022 este tema será prioritario”, señalaron desde el ámbito privado, y recordaron que también reclamarán la definitiva eliminación de retenciones para las economías regionales y de las restricciones al flujo exportador.
Trabajo y mejoras
Por su parte, el Director Ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, también manifestó sus expectativas por el tratamiento del proyecto y detalló que los próximos pasos a seguir son, en primer lugar, que se constituyan las comisiones de Agricultura y Presupuesto, las cuales van a trabajar la iniciativa antes de pasar al recinto, mientras que también realizarán presentaciones y hablarán con las distintas fuerzas políticas para poder discutir mejoras en la potencial ley.
Uno de los principales puntos a discutir son mejoras en la “línea base o las limitaciones presupuestarias que contempla el proyecto oficial”. Según explicó Paseyrio, lo que plantea este concepto es que si hoy la productividad de un determinado sector es X y hay que lograr llegar a un X+1 para demostrar la incrementalidad “en algunas actividades es fácil de demostrar y en otras es más compleja”.
Por ejemplo, explicó que si un productor que realiza rotación de cultivos y tuvo una sequía, como sucedió este año, habiendo invertido más en el uso de tecnología y sembrado más, puede que no consiga incrementar su producción. “Por eso es sensible el concepto de incremental y línea de base. eso nos gustaría tratar de simplificarlo porque no es lo mismo fabricar camionetas que producir a cielo abierto”.
Otro punto es el plazo de tiempo que la Ley de Fomento estará vigente. Cuando el CAA empezó a delinear el proyecto en 2020, se pedía una duración de 10 años, pero el enviado por el oficialismo habla de una vigencia hasta 2025, con posibilidades de extenderse por 5 años más. Asimismo, también se buscará acortar los plazos de las amortizaciones, que el escrito estipula en tres años.
Los detalles
El proyecto de ley comprende una serie de incentivos para las nuevas inversiones y para aumentar la producción . Uno de los puntos principales en cuanto a los beneficios impositivos anunciados es la amortización acelerada en tres años, en lugar de diez años o más de acuerdo al tipo de inversión en cada sector del agro, excluidos los automóviles. Para inversiones en construcciones -excluida viviendas- y de infraestructura, como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil, la amortización estará reducida al 50% de la estimada
Por otro lado, se prevé la devolución de IVA para inversiones en un año, con el objetivo de beneficiar a plantas frigoríficas, acopios, usinas lácteas, plantas de balanceado, planta de tratamiento de frutas. En este sentido, los beneficios serán de acuerdo con la incrementalidad de la producción, o sea, del aumento de la productividad sobre “líneas base” determinadas por la Autoridad de Aplicación de la norma.
En el caso de la ganadería, la norma establece la valuación de la hacienda vacuna para faena a los efectos del Impuesto a las Ganancias se podrá realizar al momento de la venta y no al cierre del ejercicio, cuando la hacienda supere determinado peso (400 kilos vivo o 225 en gancho), aunque la autoridad de aplicación podrá incrementar los valores de referencia a 450 kg vivo y 250 kg para la res con hueso en gancho.
En cuanto a la promoción para la producción sustentable, los productores que adquieran semilla fiscalizada de producción nacional de especies como legumbres, forrajeras, hortícolas, cereales y oleaginosas obtendrán un bono o certificado de crédito por el 50% del valor, que podrán descontar adicionalmente de Ganancias. Lo mismo sucederá con los fertilizantes e insumos que contribuyan a la sustentabilidad del suelo y del ambiente.
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