Retenciones: la oposición le pide al Gobierno un debate parlamentario ante una posible judicialización por parte de los productores

El cobro de los derechos de exportación al sector agropecuario viene generando un fuerte debate sobre su legalidad, ya que al rechazarse el presupuesto 2022 que el Gobierno Nacional envió al Congreso, estos carecen de un respaldo institucional para su instrumentación desde el 1 de enero de 2022. En este sentido, el arco opositor en su mayoría presiona al Gobierno para que tome una decisión mientras se van estudiando proyectos de ley y acciones judiciales.

Desde el espacio Avanza Libertad, el diputado José Luis Espert explicó que este vacío legal, hasta que el Congreso retome las sesiones, debería transitar el camino judicial para que de esta forma se llegue a una determinación. En declaraciones radiales, Espert dijo: “Los productores deberíamos hacer presentaciones ante la justicia hasta que el Congreso trate el tema en sesiones ordinarias, ya que hay un vacío legal hasta que esto pase. No es que las retenciones se hayan transformado en ilegales, sino que la primera atribución del Congreso es fijar derechos de exportación e importación, que para mí deberían ser de cero y uno o dos puntos para pagar los gastos de aduana en cada caso”.

Sobre el camino judicial que este tema puede llegar a tener durante las próximas semanas, el diputado liberal subraya que deben ser los productores quienes hagan esos pedidos: “Los que pueden llevar a ejecución esto son los productores. Que detrás vayan las asociaciones está bien, pero son los productores los que tienen que dar este paso”. Sobre el tema, Espert adelantó que durante estos cuatro años que tendrá Avanza Libertad en el Poder Legislativo, se trabajará en el tema del comercio exterior: “Para hacer explotar al campo se requiere una profunda reforma, incluyendo los derechos de exportación e importación”, agregó.

En el caso de Juntos por el Cambio, quien alertó de esta situación sumando presión al Gobierno fue Ricardo Buryaile, diputado nacional y ex ministro de Agroindustria, al expresar que luego de la caída del presupuesto, que extendía las facultades que el Congreso le daba la Ejecutivo, este tema tiene que ser tratado en el recinto con urgencia: “Hoy el Gobierno no está cobrando los derechos de exportación conforme a la ley. Esto va en contra de la Constitución Nacional, ya que el Poder Ejecutivo estaría fijando un impuesto, y eso no lo puede hacer”, señaló en diálogo con Infobae.

El diputado nacional por Formosa por la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de ley junto a otros diputados de Juntos para modificar el artículo 755 del Código Aduanero y poner límite de esta manera a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo fije los derechos de exportación o retenciones sin autorización del Congreso. “Hay dos fallos judiciales que sientan precedentes en esta materia, uno de los cuales le dice al Estado que tiene que devolver la plata abonada en concepto de derechos de exportación por ser inconstitucional la fijación de impuestos por decreto” explicó el formoseño.

De esta forma, Buryaile describe los dos casos emblema: el de Camaronera Patagónica con precedente en la Corte Suprema de Justicia; y al de Danes S.R.L., donde la Justicia Federal de Rosario ordenó la devolución de los importes abonados por la firma exportadora por aquellas operaciones efectuadas desde la entrada en vigencia del decreto, hasta la ratificación del mismo por parte del Poder Legislativo mediante Ley 27.467.

Otras opiniones

Por su parte, Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del Interbloque Federal, también opinó del tema y en declaraciones a este medio, sostuvo: “Sostener el aumento y la continuidad de las retenciones a las exportaciones agroindustriales es una pésima manera de hacer política económica. Por el contrario, debe trazarse un sendero de progresiva disminución de los derechos de exportación y su gradual incorporación al impuesto a las ganancias”.

De esta forma, el arco político opositor fundamenta su interpretación del asunto, expresando la nulidad y el vacío legal que existe sobre los derechos de exportación en concordancia con la Mesa de Enlace, que días atrás y mediante un comunicado instó a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas legislativas a generar un espacio de debate que resuelva esta situación. “En el marco de la falta de sustento legal que hoy presenta el impuesto a la retención de las exportaciones, se solicita al Poder Legislativo que se haga eco de esta crítica situación institucional que vive nuestro país” subrayaron los dirigentes gremiales.

Hay que recordar que semanas atrás, durante una asamblea de productores en el distrito santafesino de Armstrong, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, sostuvo que al no haberse aprobado el Presupuesto 2022 caducó la facultad delegada otorgada por la ley de emergencia económica. “Las retenciones desde el 1º de enero deben ser de 0%. No deberían existir. Hay un vacío legal, ya que no puede haber tributo sin ley, y ley no hay. Los legisladores deber ir a su ámbito de trabajo y legislar al respecto. Desde la parte judicial, si hoy se cobran retenciones, estamos estudiando qué acciones tomar”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: