Sequía, retenciones y mercados intervenidos: un combo que aumenta el malestar del campo con el Gobierno

El primer mes de 2022 está a una semana de concluir sin buenos resultados para el agro argentino. Lo que el campo tanto temía y preveía se terminó cumpliendo, conformando un peligroso combo para la actividad y poniendo a prueba el humor de los productores. Una furiosa sequía acompañada por una extrema ola de calor puso en jaque la campaña gruesa, a lo que see sumó la consumación de la intervención de los mercados por parte del Gobierno nacional, con el cual el sector parece haber abandonado la esperanza de mantener un diálogo constructivo.

Lo cierto es que el campo no está pasando por un buen momento. La falta de lluvias durante gran parte de diciembre y enero golpeó de lleno a la soja y el maíz y, más allá de las precipitaciones de los últimos días, en algunas zonas el agua llegó demasiado tarde. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) por la sequía la entidad recortó las estimaciones de producción en soja y maíz en 9 y 8 millones de toneladas respectivamente, alcanzando así la oleaginosa una proyección de cosecha de 40 millones de toneladas, mientras que el cereal se ubicaría en 48 millones. Esto representaría una merma de ingresos para los productores de USD 2.930 millones, en un contexto donde los costos siguen escalando y la presión tributaria no cede.

En lo político continúan los roces entre el sector y el Gobierno, relación que en estos 20 días que pasaron de enero siguió desgastándose a un nivel que ya no se sabe cuál es el piso o hasta cuándo seguirá la misma de manera cordial, ya que en el campo sostienen que “el horno no está para bollos”. Con la intervención de los mercados totalmente “blanqueada” y con recortes productivos a la vista, habrá que prestar atención a qué “volumen de equilibrio” calculará el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en maíz en estas próximas semanas.

En el ámbito gremial los movimientos fueron constantes, donde las entidades y los productores autoconvocados comenzaron a realizar asambleas, la Mesa de Enlace, a excepción de Coninagro, se retiró del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y pidió al Congreso que revea la legalidad del cobro de retenciones por la caducidad de la Ley de Solidaridad Social, al mismo tiempo que estudian recurrir a la Justicia por esta suerte de “vacío legal”, lo que se convertirá en un capítulo más de enfrentamiento y conflictividad entre el oficialismo y el sector agropecuario.

Bronca

“Hay bronca en los productores”, afirmó el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, no solo por el impacto de la sequía, sino también porque entienden que el diálogo con el Gobierno que se impulsó a partir de la designación de Julián Domínguez al frente de la cartera agropecuaria, no fue fructífero y además paralelamente el Poder Ejecutivo tomó medidas perjudiciales para el sector, como la intervención de mercados y los cupos para exportar.

Así, Salaverri, que mantuvo en estas semanas reuniones con los representantes de las rurales de las dos provincias, consideró que “todo esto ha hecho que los productores y los dirigentes estén pensando que lo mejor es restringir el diálogo que se ha dado con el Gobierno. Hay que cambiar las características de ese diálogo”.

En este sentido, el dirigente rural marcó una suerte de “frustración” en los productores, teniendo en cuenta el diálogo improductivo, el “cortoplacismo” en las políticas y la “falta de rumbo y de un plan” para corregir los problemas de la macroeconomía, que se da en un contexto de una fuerte sequía con un aumento considerable del precio de los insumos que dificulta “encarar la siembra de trigo y después la de la gruesa, una cuestión que nos empieza a preocupar”.

Es por esto que Salaverri, si bien sostuvo que es necesario buscar soluciones en el marco de un diálogo con el Gobierno con mayores condiciones por parte del sector, no descartó un aumento en la conflictividad. “El productor trata de ser respetuoso de la ciudadanía y trata de morigerar algunas acciones que se podrían hacer, pero si no se corrige el rumbo y se agudiza con medidas intervencionistas, vamos directamente hacia un conflicto más complejo. Hoy el horno no está para bollos”, señaló el dirigente que representa a los productores de Buenos Aires y La Pampa.

Por su parte, el presidente de la Asociación Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), Augustro Battig, afirmó que “el humor del productor está caldeado”, básicamente por las políticas aplicadas por parte del Gobierno para con el sector y por la “discriminación” que ejerce el oficialismo para con los productores, cuyo “ánimo no soporta más”.

En esta línea, Battig sostuvo que en la próxima asamblea de autoconvocados que se realizará a finales de febrero “se analizarán medidas a tomar” en un año que consideró que va a ser “muy complicado” por el impacto que tendrá la sequía. No obstante, destacó que las entidades siempre estuvieron abiertas al diálogo, aunque no se consiguieron los resultados y no haya habido “gestos del Gobierno”.

Al respecto, el dirigente rural norteño entiende que “la Mesa de Enlace se dio cuenta, y escuchó a las entidades más pequeñas, de que estaba perdiendo el tiempo (en el Consejo Agroindustrial Argentino) y que su opinión no era escuchada y nunca se resolvió nada. Eso quedó demostrado en la última asamblea, donde se retiraron del Consejo y que sostuvieron que a partir de ese momento en adelante se va a cambiar la metodología de protesta”.

Estrategia

En diálogo con este medio, el director de la consultora Fuente Primaria, Tomás Lanusse, que suele medir la imagen del sector agropecuario, de su dirigencia y la de los políticos, comentó que hoy la relación entre el Gobierno y el campo es “poco estratégica” y que no trae beneficios para ninguna de las dos partes. Pero sobre todas las cosas, destacó que en un momento donde el país precisa dólares a toda costa, de los cuales el campo es el mayor aportante, se da una “relación tirante” entre ambos que tiene más una raíz y un fundamento “político y no económico”.

Además, el especialista sostuvo que el problema se ve agravado por los problemas que el sector tiene para poder “defender sus intereses” y para “conformar una clase dirigente que los represente en el Congreso. Hoy hay una disgregación de representatividades en el interior del país. Entonces, para un gobierno es más fácil negociar con una representación débil y poco unificada. Y es por esto que los productores la única manera de reclamo que tienen es manifestarse al costado de un ruta o tranqueras adentro mostrar su disconformidad, pero con poco poder de fuego político”.

“El ánimo y el humor del productor está bajo, no solo por la sequía, sino también porque no encuentra una forma de negociar con el Gobierno de manera estratégica. Lo que nosotros vemos es que están disconformes con su representatividad política y también con el Gobierno que impide su mejor desarrollo”, concluyó Lanusse.

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