Presión impositiva: el Estado se queda con casi $64 de cada $100 de la ganancia que genera una hectárea agrícola

La presión impositiva sobre el sector agropecuario es mencionada desde hace tiempo como uno de los principales problemas y limitantes de la actividad agropecuaria, con impuestos que van desde tasas viales municipales hasta los derechos de exportación, produciéndose así una superposición de tributos. Pero el inconveniente mayor es que estas alícuotas se encuentran en constante actualización, por lo que la participación del Estado no para de crecer en la renta agrícola.

Al respecto, el índice que de manera trimestral elabora la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), reflejó en el presente mes que la participación del Estado en la renta agrícola fue del 63,2% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, presentando una leve baja del 0,2% en comparación con septiembre pasado. Esto significa, que de cada $100 que genera el productor (ingresos menos costos), $63,20 se lo llevan los distintos niveles del Gobierno a través del cobro de impuestos.

“La relativa estabilidad es producto de la combinación de dos factores que se contrarrestaron: por un lado, mejoraron los precios, lo que hace que el índice baje pero, por otro lado, eso se contrarresta porque aumentaron costos, por lo que el número se mantuvo estable”, señaló el economista Jefe de FADA, David Miazzo. Además, el informe determinó que la participación del Estado en soja es del 67,9%, maíz 53,4%, trigo 62,0% y girasol 49,3%.

En relación al aumento de los costos de producción de los últimos meses, el relevamiento de FADA señaló que los precios de los fertilizantes se incrementaron hasta un 129% en dólares, los de los fitosanitarios hasta el 190%, y en glifosato, y otros que superan el 60%, como el caso del 24D, con una gran disparidad de precios. Por su parte, los costos de labores crecieron unos 10 puntos porcentuales por encima de la inflación.

Impuestos

Según el detalle aportado por FADA, en el presente mes los impuestos nacionales no coparticipables representan el 68,1% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola, fundamentalmente por el impacto de los derechos de exportación, a los que hay que sumar el impuesto a los créditos y débitos bancarios. “Este es el mayor nivel desde junio de 2019, momento en que FADA lo mide como parte de este informe”, afirma Nicolle Pisani Claro, economista de la Fundación.

Por otro lado, los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representan el 26,9% de los impuestos medidos, mayormente dado por el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA. Por último, los impuestos municipales representan el 0,5% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. El componente central son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

En ese sentido, Pisani Claro comentó que “como la mayor parte de las tasas municipales y el inmobiliario rural son impuestos fijos que se actualizan a comienzos de cada año, con la devaluación suelen ir disminuyendo su participación en el total de impuestos entre la medición de marzo y la de diciembre”, aclara Pisani Claro.

Provincias

Otra parte del informe está relacionado con el índice que corresponde a cada una de las provincias donde se realiza la medición trimestral. En el caso de Córdoba, el índice FADA se ubicó en un 62,9%, en Buenos Aires y Santa Fe registran ambas un 61,3%, en La Pampa 62,5%, en Entre Ríos 66,1% y en San Luis 61,5%.

Desde FADA aclararon que en todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos, donde a alícuota es del 1% en los casos de Buenos Aires y San Luis, 0,75% en Entre Ríos y 0,5% en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

Por último, Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa cuenta con las guías cerealeras, Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local, y San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

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