El 15 de octubre del año pasado 40 militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) ingresaron en la estancia del ex ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, en 15 autos comandados por Dolores Etchevehere, hermana del también expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), para tomarlo y donar las tierras a un proyecto agroecológico conocido como Artigas.
Desde ese momento y por 15 días el campo, denominado Casa Nueva, propiedad de la familia Etchevehere, fue un centro de atención y la tensión, las acusaciones y desmentidas y el fuego cruzado político dominaron la escena. Productores y móviles de televisión se instalaron a la vera del campo, cercano a la localidad entrerriana de La Paz, donde el ex funcionario nacional y su hermano Juan Diego hicieron guardia. apostados en la tranquera, esperando una resolución judicial de desalojo del predio.
El hecho dio lugar a un sinfín de lecturas: el MTE es conducido por Juan Grabois, cercano al Gobierno nacional y corrieron versiones del porqué de la toma del campo, desde una pelea familiar intestina por una herencia irresuelta, en la cual Dolores afirmaba ser perjudicada, hasta una toma alentada por el frente de Todos, como asegura Luis Etchevehere.
Si bien 15 días la justicia provincial decidió que lo ocurrido era una toma y el predio debía ser desalojado, como sucedió sin inconvenientes, pues los militantes obedecieron la resolución, la causa aún no fue elevada a juicio. Tanto Dolores, como el abogado del MTE, Facundo Taboada, están acusados del delito de usurpación, y los fiscales que atienden en la causa pidieron una pena de un año de prisión condicional para ambos.
Los fiscales de la causa pidieron un año de prisión condicional para Dolores Etchevehere y Facundo Taboada, abogado del grupo de Grabois. Pero ya pasó más de un año, el juicio no se inició y es improbable que empiece este año. . Antes, además, habrá una audiencia pública
La remisión a juicio se concretará tras la realización de una audiencia pública donde se presentan, entre otros puntos, las pruebas de los hechos. Dicho paso todavía no se dio ya que la acusada recusó a los fiscales, cuestión que fue rechazada por las distintas instancias judiciales, pero dilató los tiempos. Por esto, es poco probable que el juicio comience este año.
El argumento que esgrimió Dolores para ocupar el campo y donarlo al proyecto agroecológico es que parte de dicha estancia, bajo la firma Las Margaritas, le pertenecía, mientras que los hermanos aseguraron que ella vendió su parte a la sociedad hace varios años. Lo cierto también es que todavía no se resolvió la sucesión de los bienes de Etchevehere padre, que murió en 2009 y que se encuentra judicializada.
Sensaciones
“Era un día de trabajo normal y me llamaron por teléfono a las 8 de la mañana para avisarme que habían entrado 40 personas a la casa, gritando “tomamos el campo, ahora es nuestro”. Fue una verdadera sorpresa. Algo totalmente inesperado, muy violento”, recordó Luis Miguel Etchevehere en diálogo con Infobae, a poco menos de que se cumpla un año de la toma, que según su visión, tuvo un fuerte componente político.
“A medida que pasaron los días nos sentimos con mis hermanos y mi madre ultrajados. Había todo un mecanismo de toma apoyado por el Gobierno de Entre Ríos y el Gobierno nacional y medios afines al oficialismo, repitiendo cosas falsas. Tuvimos mucha impotencia, pero, de todas maneras, fueron pasando los días, pudimos ir explicando las cosas, las mostramos formalmente en sede judicial y por eso, tras 14 días, la Justicia decidió desalojar a los usurpadores”, relató Etchevehere.
Pasado el tiempo y haciendo una visión retrospectiva junto a su familia, asegura que la toma “fue pensada y tuvo un profundo trasfondo político. Hay que tener en cuenta que yo fui presidente de la SRA, que fue muy crítica de las políticas que llevó adelante el kirchnerismo y también las cuestiones institucionales. Después tuve dos años como ministro del gobierno de Mauricio Macri. Desde la lógica ideologizada de los usurpadores, un lugar como este le servía como simbólico”.
Si bien considera que el revés judicial que tuvo la usurpación sirvió para “poner un freno” a la cuestión de la toma de tierras, con el correr del tiempo “no alcanzó. Hoy estamos en contacto con gente que tiene campos usurpados en el sur por los seudo mapuches y que lucha por la defensa de la propiedad privada, que hay que ejercerla en el todo el país y hacer que las autoridades respeten este derecho, porque si no hay propiedad privada se disgrega la sociedad”.
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