
Un total de trece ex miembros del directorio de la cerealera exportadora Vicentin fueron imputados por estafa contra productores, acopios y bancos, y también por acciones de defraudación y la aprobación de balances falsos por los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, quienes además pedirán en breve la prisión preventiva de algunos de los acusados.
El pedido realizado por los fiscales santafesinos se presentó ayer durante la audiencia imputativa, que consistió en acusar a los integrantes del directorio y de la sindicatura de Vicentin. La defensa de los acusados pidió un cuarto intermedio para analizar las acusaciones realizadas. Esto fue concedido por el juez en lo Penal de Primera Instancia del Distrito número dos de Rosario, Román Lanzón, por lo cual la audiencia volverá retomarse el próximo jueves en horarios de la mañana.
Esta es la causa que se le sigue en la Justicia provincial tras el concurso de acreedores dispuesto a comienzos del 2020 por una deuda de 1.500 millones de dólares con proveedores de granos, entre los que se encuentran un largo listado de agricultores, acopiadores y también entidades bancarias. Ante la crisis que enfrentó Vicentin, el Gobierno de Alberto Fernández buscó sin éxito intervenir y expropiar la exportadora.
Oportunamente la causa se inició en el 2020 por la denuncia realizada ante la Justicia por acreedores financieros y comerciales, que ya en esa oportunidad denunciaron una estafa por un monto de 600 millones de dólares. Desde ese momento, los fiscales recibieron las denuncias y documentación de varios productores y corredores, correacopios, a los que luego se le sumó una presentación similar realizada por Commodities SA, del grupo Grassi, y bancos internacionales y el Banco Macro.
Tras la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal y al argumentar la base de la imputación, el fiscal Miguel Moreno en conferencia de prensa comentó que en la Fiscalía “tenemos once hechos de estafa y seis de balance falso, con lo cual estamos en el límite máximo, respecto al directorio (señalado de la empresa Vicentin), establecido por el artículo 55 del Código Penal, son cincuenta años de prisión”.
Entre los catorce imputados figuran Daniel Néstor Buyatti, ex presidente, y Alberto Julián Macua, ex vicepresidente, y también a todos los integrantes del directorio por el delito de balance falso en el concurso real con el delito de estafa. A Buyatti se le imputó además por el delito de apropiación indebida de tributos, esto respecto a su obligación de actuar como agente de retención/recepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Además figura en este listado, Omar Adolfo Scarel, ex síndico y actual presidente de Vicentin SAIC, a quien se le atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales de 2017 y 2018 con información financiera falsa, con el propósito de ocultar el verdadero pasivo de la compañía agroexportadora.
Imputados
En el directorio 2016-2019 de Vicentin, también aparecen los nombres de Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Raúl González Arcelus (síndico) y Miguel Vallazza.
Desde la fiscalía se indicó además que las maniobras denunciadas, detectadas durante los trabajos realizados por un equipo de auditoría forense que relevó la documentación e investigó las acciones vinculadas al concurso preventivo, que presuntamente consistieron en no contabilizar los granos “a fija” ingresados como deuda comercial. Esto en términos contables permitiría establecer balances con números favorables para la empresa, lo que habilitó a sus directivos a tomar créditos con bancos y entidades financieras locales e internacionales.
Antes de la audiencia judicial de ayer, y en diálogo con este medio, ex directivos y el actual presidente de Vicentin advirtieron que el accionar judicial y político vuelve a poner en jaque a la cerealera. Actualmente la empresa elabora una propuesta para los acreedores, y según Omar Scarel, presidente del actual directorio de Vicentin, se sigue con el funcionamiento de la compañía, no se ha generado deuda concursal, se llegará al final del Concurso con una caja de 70 millones de dólares, y se están cerrando fasones para el 2022 para las plantas de Renova y San Lorenzo. “Es por eso que considero que es inoportuno el momento en la convocatoria que está realizando el fiscal, donde estamos muy cerca de la salida del Concurso de Acreedores”, manifestó.
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Tras 24 años de prohibición, el Gobierno permitió el ingreso de carne con hueso a la Patagonia
El Ejecutivo nacional modificó las normativas sanitarias que restringían el traslado de productos cárnicos desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación a regiones que no aplican inmunización. La medida busca asegurar estándares sanitarios y reducir costos en el mercado interno

El Banco Central compró USD 156 millones en el mercado y volvieron a crecer las reservas
La entidad anota en febrero un saldo comprador de USD 1.653 millones en el mercado de contado. Los activos internacionales subieron a USD 28.682 millones

El Banco Central mantiene la racha compradora: en lo que va de febrero ya adquirió USD 1.500 millones
La entidad finalizó la intervención cambiaria del día con la compra de USD 129 millones. Las reservas aumentaron a USD 28.588 millones

La Mesa de Enlace respaldó la reducción de las retenciones anunciada por el Gobierno
“Es la dirección en la que tiene que transitar definitivamente la Argentina”, indicó la Comisión de Enlace que nuclea a las cuatro principales entidades del agro

El presidente de CRA se refirió a la baja temporal de retenciones: “Aliviana la situación”
La decisión de reducir los derechos de exportación a los principales cultivos y eliminarlos para las economías regionales generó una respuesta cauta pero positiva en el sector agropecuario. Carlos Castagnani, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), calificó la medida como una señal esperanzadora
