Vicentin: los ex directivos, acusados de estafa, dicen que el accionar judicial y político vuelve a poner en jaque a la cerealera

Tal como anticipó Infobae días atrás, mañana se realizará la audiencia imputativa donde el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, acusará a integrantes del directorio y la sindicatura de Vicentin por el delito de estafa contra productores, acopios y entidades bancarias. Hay que recordar que la agropexportadora, ubicada en el norte de Santa Fe, entró en concurso de acreedores a principios de 2020 por una deuda de 1.500 millones de dólares. A mediados de ese año fue blanco de un intento de intervención y expropiación por parte del Gobierno de Alberto Fernández.

La causa se inició en 2020 por acreedores financieros y comerciales, que denunciaron una estafa por USD 600 millones. Las maniobras habrían sido realizadas registrando la compra de granos mediante la modalidad “a fijar”, que permitía a la compañía diferir los pagos, pues a menudo los proveedores preferían esperar para cobrar la producción que entregaban a la compañía. En todo este tiempo el fiscal recibió las denuncias de varios productores, corredores, correacopios, y luego se sumaron las de Commodities SA, del grupo Grassi, bancos extranjeros y el Banco Macro.

En la audiencia de mañana el fiscal informará a los investigados los hechos, las pruebas que sustentan la imputación y la calificación legal que hace. Para el imputado es un acto de defensa material, la posibilidad de rechazar la imputación, dar explicaciones, argumentaciones que considere. En total, los imputados por Moreno serían 14: miembros del directorio, síndicos del período previo al default y dos accionistas que cumplieron funciones comerciales y emitieron certificados de compliance. Esto abarca los siguientes miembros del directorio 2016-2019: Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin y Yanina Boschi. Los dos síndicos imputados serán Omar Scarel y Raúl González Arcelus.

De cara a la audiencia judicial de mañana, el ex director de Vicentin, Máximo Padoan, sostuvo que hay motivaciones políticas y judiciales detrás del accionar del fiscal. “La querella puede acusar y decir cualquier cosa, sin ninguna consecuencia para la acusación, pero todo lo que nosotros digamos puede ser usado en nuestra contra. Después de un año y medio de investigación que lleva adelante la fiscalía y sin tener idea nosotros cuál será la acusación, es muy difícil en una audiencia dar explicaciones de distintas cosas que nos van a acusar. Hay que hacer un estudio de las imputaciones y responder y justificar claramente sobre cada una de ellas”, dijo en diálogo con este medio.

Y agregó: “No se si hay una persecución pero si una intencionalidad muy clara. Y esto lo observamos claramente desde el Decreto de Necesidad y Urgencia para intervenir y luego mandar la Ley de expropiación de la empresa, y cuando eso fracasó vino el Plan Perotti que era peor que la expropiación porque la misma había que aceptarla, cederle las acciones y luego te podían devolver la empresa si no encontraban el plan de salida”. Más allá de la avanzada del Gobierno de Alberto Fernández en aquel momento sobre la empresa, los ex directivos señalaron que la misma puso seguir funcionando, consiguió los contratos de fasones, y se mantuvieron las fuentes de trabajo.

Por su parte, Alberto Macua, ex vicepresidente de la empresa, planteó como una posible estrategia luego de escuchar las imputaciones del fiscal, “reservarse el derecho de defensa y vayamos contestando detalladamente las acusaciones a medida que analicemos las imputaciones”. Además manifestó: “En abril y mayo del año pasado estábamos en pleno proceso de estructurar una propuesta con la venta de la planta de Renova, y luego el 8 de julio ocurre el intento del Gobierno de intervenir y expropiar la empresa. Ahora estamos buscando una solución privada para los acreedores, y se viene esta nueva ofensiva que está vez no es de la política entiendo, sino que es de la justicia”.

Ante la posibilidad de que la imputación en la causa derive en el pedido de indagatoria y prisión preventiva de los directivos investigados, Macua señaló: “Estamos a disposición de la justicia para brindar todas las explicaciones del caso. Esperamos pasar la audiencia de mañana y a partir del miércoles seguir trabajando en la salida concursal que nos permita reparar el daño que hemos generado a un número importante de productores”.

Y además se mostró preocupado por el efecto negativo que esta causa podría provocar en el proceso de presentación de la propuesta a los acreedores de la empresa.

Padoan agregó que “una situación complicada y mediatizada como se vivió durante el año pasado, podría generar una situación similar en este momento. Depende lo que suceda mañana esto puede derivar en que podamos seguir trabajando o haya un problema que complique todo el proceso en el que estamos inmersos. Sería una etapa que en la etapa final del Concurso se genere otro problema adicional que no tiene nada que ver con el mismo”.

Actualmente la empresa elabora una propuesta para los acreedores, y según Omar Scarel, presidente del actual directorio de Vicentin, se sigue con el funcionamiento de la compañía, no se ha generado deuda concursal, se llegará al final del Concurso con una caja de 70 millones de dólares, y se están cerrando fasones para el 2022 para las plantas de Renova y San Lorenzo. “Es por eso que considero que es inoportuno el momento en la convocatoria que está realizando el fiscal, donde estamos muy cerca de la salida del Concurso de Acreedores”, comentó.

Propuesta

A principios de octubre, los actuales directivos de Vicentin comenzaron a definir la propuesta a los acreedores, mientras buscan el consenso mayoritario para presentar la misma al juez del concurso. La misma ya fue elevada a su consideración a los principales bancos extranjeros, que tienen acreencias por USD 530 millones y pidieron más precisiones, y también a interventores y síndicos y hubo contacto con un grupo de entre 10 y 12 productores de fuerte peso en el sector.

A partir de que la deuda actual de Vicentin asciende a USD 1.573 millones, la empresa propone una fuerte quita. Tras el pago inicial de USD 28 millones, quedarían unos USD 457 millones a pagar en 13 cuotas anuales a partir del 2024. También se incluye un pago inicial de USD 20.000 por acreedor, incluyendo a más de 1.100 productores con acreencias menores, que cobrarían en un solo pago el 50% de lo adeudado.

Por otro lado, los directivos de la compañía señalaron que los interesados estratégicos en integrar la nueva Vicentin (Asociación de Cooperativas Argentinas, Molinos Agro y Viterra) aportarán unos USD 300 millones por año en concepto de financiamiento de capital de trabajo, de vital importancia para que la empresa siga funcionando y garantice el pago de las cuotas concursales comprometidas. Hay que recordar que la idea original de este pool de firmas es quedarse con una parte mayoritaria de las acciones, que sería del 90%, y de esta manera la familia fundadora conservaría menos de la mitad.

En agosto pasado, el Juez del Concurso, Fabián Lorenzini, exigió al directorio de Vicentin que presente un plan de pago concreto a los acreedores antes del próximo 20 de noviembre. Luego, el abogado de la empresa elevó el programa en cuestión que tendría una primera fase el 12 de noviembre, cuando se presentará una propuesta de organización empresaria y designará a tres miembros del directorio de la agroexportadora para que actúen como voceros oficiales en las reuniones presenciales por organizar.

Además, el juez dispuso que el período de exclusividad vence el 16 de diciembre del presente año, donde tendrá una gran importancia la posición que adopten los bancos y las entidades financieras, que tienen un alto volumen de la deuda y gran parte de la misma está dolarizada.

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