Las claves del plan agroindustrial que promueve el Gobierno y por qué genera grietas en la dirigencia del campo

El Gobierno nacional en solo una semana tuvo más gestos positivos para con el campo que en un año y medio de gestión, algo impensado antes de las PASO. Es que a la reapertura de las exportaciones de vaca conserva y manufactura a China de este martes, se le suma hoy la presentación del proyecto de Ley del Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Inclusivo, Sustentable y Exportador, una medida con algunos beneficios para el sector en su conjunto.

Esta iniciativa, parte de un trabajo conjunto de funcionarios del Gabinete económico con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que engloba a más de 60 entidades del sector, entre ellas, a las cuatro representativas del sector primario que integran la Mesa de Enlace. Sin embargo, los titulares de las entidades no acudirán al acto de anuncio de envío del proyecto el Congreso nacional. Alberto Fernández y Cristina Kirchner estarán presentes.

Con todo, el proyecto genera grietas entre la dirigencia ruralista. Si bien ahora la Mesa de Enlace completa es parte del CAA hay cierta tensión entre los dos grupos porque el Gobierno prefirió a los industriales del campo como interlocutores antes que a los productores. “Tenemos que ver hechos, acciones concretas y resultados para estar seguros de que realmente todo esto va por un camino de progreso, de diálogo y trabajo conjunto y de definiciones de estrategias. Es lógico que uno sea cauteloso, porque son tantas medidas en contra que uno necesita ver que las cosas se concreten para ver si realmente hay otro modo de relacionamiento con el oficialismo”, le dijo hoy a Infobae el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes.

Si se aprueba, este régimen “está previsto que se aplique desde enero del corriente año (retroactivo) hasta diciembre de 2030 y tiene por objetivo incrementar las exportaciones en 7.000 millones de dólares en exportación y generar más de 150.000 puestos de trabajos en todo el país”, manifestaron fuentes oficiales, al mismo tiempo que destacaron que “la ley se caracteriza por beneficiar a empresas Pymes, medianas y grandes; promueve el cuidado del ambiente; y estimula el incremento de la exportación a la vez que, al potenciar el aumento de la producción, asegurará el mejor abastecimiento del mercado interno”.

Si bien este proyecto es menos ambicioso al original del CAA, que pretendía alcanzar los USD 100.000 millones en exportaciones y crear 700.000 puestos de trabajo, desde el Consejo, cuyos representantes estarán en el acto, señalaron que hay una posibilidad que el país puede aprovechar para hacer crecer la producción primaria, algo que “derivará en una mayor industrialización y agregado de valor, potenciando las exportaciones y asegurando el abastecimiento del mercado interno, a la vez que reducirá las tensiones”.

Aquel primer plan de la agrupación de entidades preveía no sólo amortizaciones aceleradas y algunos beneficios fiscales como los correspondientes a deducciones de IVA, por ejemplo, sino que también planteaba cuestiones referidas a los derechos de exportación para todos los productos agroindustriales, donde se pretendía diseñar un nuevo esquema con una reducción progresiva de las retenciones hasta llegar a cero, o, también, posibles aumentos en los reintegros. Más allá de que lo que se presentará hoy será más acotado, desde el CAA lo entienden como beneficioso.

Claves y metas

Este proyecto de Ley tiene como puntos principales un compendio de medidas referidas a amortizaciones aceleradas y devoluciones de IVA para nuevas inversiones, como así también beneficios para la ganadería con un nuevo esquema para el pago del impuesto a las ganancias y la promoción de compra de insumos biológicos que impulsen una “producción sostenible”, entre otros puntos.

En primer lugar, la potencial normativa prevé “la amortización acelerada en 3 años -actualmente, de 10 años- o acorde al tipo de inversión en cada sector del agro”, mientras que “para inversiones en construcciones -excluida viviendas- y de infraestructura, establece que la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas será la que surja de considerar su vida útil, reducida al 50% de la estimada”.

En cuanto al IVA, se aplicará la devolución del tributo para inversiones en un año, “cuando hasta ahora se realiza en cuatro años promedio, lo que beneficiará y alentará a plantas frigoríficas, acopios, usinas lácteas, plantas de balanceado, planta de tratamiento de frutas, etcétera”. A la vez, para actividades agroindustriales que tengan IVA diferentes, “podrán computar los débitos fiscales generados por tales operaciones. Esto beneficia a la carne porcina, entre otros”. Los interesados en acceder a los beneficios dispondrán de una ventanilla única digital.

Para la ganadería, el régimen establece que los productores, ante la valuación de hacienda vacuna a los fines del impuesto a las ganancias, podrán optar por valuar sus existencias al momento de la venta y no durante el tiempo de engorde, lo cual era un viejo reclamo del sector y que incluso retrasaba venta de hacienda afectando la oferta. En ese sentido” la norma abarca a la hacienda cuyo peso promedio sea igual o superior a los 400 kilogramos vivo o que esos animales presenten un rendimiento en playa de faena de 225 kilogramos res con hueso en gancho”.

“También dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias durante los años de engorde y lo harán cuando los productores vendan los novillos. Además esto aumentaría la cantidad de carne para consumo en más de 60.000 toneladas anuales apuntaron desde el Gobierno”, a lo que se sumará “beneficios promocionales que alcanzarán a los ganaderos que obtengan, con respecto al promedio de los tres últimos ejercicios fiscales, aumentos en los porcentajes de destetes de terneros logrados o aumento del peso promedio de los animales enviados a faena”.

Además, impulsará la producción sostenible buscando “incrementar el uso de semilla fiscalizada de especies autógamas de producción nacional y estimular la producción sustentable empleando fertilizantes e insumos, incluyendo los biológicos. Se estableció también un certificado de crédito fiscal intransferible, hasta el 50% de los gastos y erogaciones deducibles del Impuesto a las Ganancias correspondientes a adquisiciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, insumos y fertilizantes e insumos biológicos, semillas autógamas, forrajeras y hortícolas, debidamente identificadas y fiscalizadas”.

Solo en la promoción de uso de insumos, el proyecto prevé un aumento en las exportaciones de granos y subproductos de USD 6.140 millones, mientras que la creación de puestos de trabajo directos se elevaría a 167.223 en el acumulado a 2026, mientras que para las economías regionales los despachos se incrementarían en USD 1.145 millones y en 89.500 puestos de trabajo. Por su parte, los incentivos a la inversión se traducirían en USD 4.300 millones y en ganadería unos USD 1.000 millones.

Mesa de Enlace

Más allá de estos beneficios, las entidades integrantes de la Mesa de Enlace pusieron reparos al proyecto, ya que pretenden “un contenido mucho más amplio”. De hecho, ninguno de los presidentes de la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro se harán presentes en el anuncio, aunque la SRA y Coninagro, mandarán representantes técnicos al acto.

En un comunicado difundido hoy por las entidades, consideraron que el régimen de fomento “no es más que un aporte menor de ideas elevadas al Poder Ejecutivo para que se transformen en ley destacando que, son solamente medidas de fomento e incentivos para ciertas actividades que dependen de muchas pautas de cumplimiento y de presupuestos que no está establecido ni quién las regulará”.

“Coincidimos en que debemos lograr una ley de contenido mucho más amplio donde queden claras las premisas fiscales de reducción de los derechos de exportación hasta su eliminación para todas las actividades agroindustriales y economías regionales, además de operar con un único tipo de cambio, bajo propuestas sectoriales de crecimiento sostenible de producción y exportación con mayor valor agregado, con regímenes especiales de inversión con amortización acelerada, y tantas otras medidas que nos permitirán alcanzar metas que ayudarán a revertir la situación actual de pobreza y marginalidad que afecta a nuestro país”, explicó el escrito.

Lo cierto es que la Mesa de Enlace no solo ha mantenido una relación tensa con el Gobierno, sino que también la ha tenido con el CAA, en especial, con su conducción, cuestión que se hizo evidente tras el cierre de las exportaciones de carne por parte del Gobierno nacional, ya que el Ejecutivo tomó como interlocutores válidos a los exportadores y al CAA, dejando de lado a las entidades representativas del sector primario.

Más allá de esto, la posición entre ambas agrupaciones siempre fue uniforme, al considerar el cepo a la carne como una medida totalmente perjudicial para el grueso de la cadena y los reclamos para su revisión fueron constantes. De hecho, semanas atrás, en una reunión entre los directivos más representativos del Consejo y la Mesa de Enlace se realizó una reunión en la cual se definió que el interlocutor válido para la solución de cuestiones gremiales eran las entidades.

Ante las críticas de la Mesa de Enlace al proyecto, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, dijo en declaraciones radiales: “Lo que se anuncia es para promover mayor producción y ventas. Se van a generar beneficios impositivos y para la ganadería. Esta ley es el primero de los aportes, el primer paso. Nuestra revisión es más integral. Yo no lo calificaría de menor a este aporte. Me parece que hay un contexto de discusiones políticas que exceden el ámbito específico de lo que discutimos que es un proyecto de inversión. El ingreso del ministro (Julián) Domínguez ha refrescado y quedó demostrado. No hay que descartar que esto sea con fines electorales pero es una oportunidad”.

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