Privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno postergó la licitación y flexibilizó los requisitos para los interesados

El Gobierno oficializó la postergación de la licitación para privatizar el Belgrano Cargas y modificó una serie de condiciones técnicas y financieras para las empresas interesadas en participar del proceso. La decisión respondió a pedidos de compañías que solicitaron más tiempo para inspeccionar la infraestructura ferroviaria y evaluar las inversiones necesarias. La medida se conoció dos semanas después de que Grupo México, el único competidor extranjero, anunciara su retiro de la licitación.

La decisión se formalizó mediante la Resolución 1914/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que estableció un nuevo cronograma para la presentación y apertura de ofertas. La fecha prevista originalmente para el 11 de noviembre se trasladó al 21 de diciembre, mientras que el período para realizar consultas a los pliegos se extendió hasta el 3 de diciembre.

La postergación fue anticipada por Infobae el 22 de octubre, cuando fuentes oficiales señalaron que el Ejecutivo analizaba ampliar los plazos a pedido de empresas interesadas. Según explicaron entonces, la solicitud se vinculaba con la necesidad de contar con más tiempo para estudiar las condiciones del negocio y realizar inspecciones de la infraestructura.

De acuerdo con los fundamentos de la nueva resolución, el Gobierno recibió múltiples consultas y solicitudes de compañías que manifestaron la necesidad de realizar inspecciones in situ de las instalaciones ferroviarias y analizar con mayor profundidad las inversiones que deberán afrontar.

El nuevo cronograma estableció que las consultas podrán presentarse hasta el 3 de diciembre a las 10, mientras que la recepción de ofertas finalizará el 21 de diciembre a las 9:59. Ese mismo día, a las 10, se realizará la primera etapa de apertura.

La licitación comprende la concesión de obra pública de la infraestructura ferroviaria de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, incluidos los inmuebles aledaños y el uso de talleres. También contempla una opción de compra de material rodante, dentro del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A.

En conjunto, las tres líneas abarcan 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, con conexiones hacia los principales puertos argentinos y países limítrofes. El esquema diseñado por el Ejecutivo contempla concesiones por 50 años y un modelo de acceso abierto a la infraestructura.

Los cambios en las condiciones para participar

Además de modificar las fechas, la resolución incorporó aclaraciones sobre las exigencias que deberán cumplir los interesados, tanto en materia económica como técnica y operativa.

Uno de los cambios más relevantes corresponde a los requisitos de solvencia financiera. La nueva normativa permite que la capacidad económica de un oferente se acredite mediante hasta dos integrantes que cumplan el rol de socios financieros.

Cada uno deberá demostrar individualmente índices de solvencia y liquidez iguales o superiores a uno. Esta modificación amplía las posibilidades de conformar consorcios con varios participantes y distribuir entre ellos las responsabilidades financieras de la propuesta.

Sin embargo, cuando una misma empresa o consorcio pretenda competir por más de una línea ferroviaria, deberá acreditar el patrimonio neto exigido para cada una. De esta manera, tendrá que demostrar capacidad económica suficiente para afrontar la operación conjunta de los corredores a los que aspire.

En cuanto a las exigencias técnicas, se estableció que el socio técnico deberá conservar una participación accionaria mínima del 10%, con derecho a voto, durante al menos 180 días posteriores a la habilitación de las obras obligatorias u optativas.

La resolución también fijó condiciones para los denominados Contratistas Nominados, que asumirán responsabilidad solidaria e ilimitada durante ese mismo período.

Otra precisión corresponde a la cotización del peaje máximo que podrán proponer los interesados. El Gobierno determinó que la tarifa podrá expresarse con hasta cinco decimales en dólares por tonelada-kilómetro bruta (US$/TKM), una unidad utilizada para establecer el valor del uso de la infraestructura ferroviaria.

También se introdujeron aclaraciones sobre la constitución de las Sociedades de Propósito Específico (SPE), que serán las encargadas de suscribir los contratos de concesión correspondientes.

Las nuevas condiciones para acceder al RIGI

Otro de los aspectos que abordó la resolución fue la posibilidad de que los futuros concesionarios soliciten los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La normativa estableció que, por cada línea ferroviaria, los interesados podrán optar por presentar una Oferta A o una Oferta B, según manifiesten o no su intención de solicitar la adhesión al régimen. No podrán utilizar ambas alternativas para una misma línea.

En caso de elegir la variante vinculada al RIGI, deberán constituir una segunda garantía de mantenimiento de oferta, bajo las mismas condiciones que la primera.

La resolución aclaró, además, que la manifestación de interés en acceder a los beneficios del régimen no implica su aprobación automática. La eventual adhesión quedará sujeta al procedimiento y a las condiciones correspondientes.

Según los pliegos difundidos en agosto, el esquema de privatización contempla la posibilidad de acceder al RIGI cuando se comprometan inversiones de al menos USD 200 millones para la renovación de vías, con la ejecución del 40% durante los primeros dos años.

Las precisiones sobre este mecanismo forman parte de las modificaciones que el Ejecutivo incorporó al procedimiento, junto con las nuevas exigencias patrimoniales y las aclaraciones sobre las responsabilidades de los integrantes de cada consorcio.

La salida de Grupo México y los interesados que siguen en carrera

La modificación del cronograma se produjo después de uno de los movimientos más importantes que registró el proceso licitatorio: la decisión de Grupo México Transportes (GMXT) de abandonar la competencia.

La compañía, uno de los principales operadores ferroviarios privados de América del Norte, comunicó su retiro el 21 de octubre, cuando faltaban tres semanas para la fecha originalmente prevista para la apertura de ofertas.

El grupo mexicano proyectaba inversiones por USD 3.000 millones durante cinco años y aspiraba a participar en la concesión de las tres líneas ferroviarias, aunque su principal interés estaba concentrado en el Belgrano, que conecta el noroeste argentino con los puertos del Gran Rosario.

La empresa cuestionó el modelo de acceso abierto, conocido como open access, que estableció el Gobierno en los pliegos. Bajo ese esquema, el concesionario administra y mantiene la infraestructura, pero debe permitir que otros operadores utilicen las vías mediante el pago de un peaje.

Grupo México defendía un sistema de integración vertical, similar al que utiliza en sus operaciones en México y Estados Unidos, donde una misma compañía controla tanto la infraestructura como la operación ferroviaria.

En su comunicado, la empresa sostuvo que el modelo argentino resultaba ineficiente, incrementaba los costos y afectaba la competitividad del sistema. También señaló que las condiciones de la licitación no contemplaban las recomendaciones que presentó durante las conversaciones con las autoridades.

Desde el Gobierno ofrecieron una interpretación diferente. Fuentes oficiales consultadas por Infobae señalaron que la compañía conocía desde hacía más de dos años que la licitación se realizaría bajo el esquema de acceso abierto y que el Ejecutivo nunca contempló modificar esa condición.

El sistema está respaldado por la Ley 27.132, sancionada en 2015, que estableció la separación entre la administración de la infraestructura y la operación de los trenes.

Las mismas fuentes oficiales indicaron que el pedido de postergación respondió a una solicitud de otro interesado privado, vinculada específicamente con los plazos para la licitación de infraestructura.

La salida del grupo mexicano modificó el escenario de interesados. Entre los principales candidatos figura el consorcio de cerealeras integrado por Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Estas compañías tienen una vinculación directa con el transporte ferroviario de granos hacia los puertos de exportación y manifestaron interés en el proceso, aunque mantuvieron cautela respecto de una eventual presentación formal.

También expresó interés el Grupo Roggio, que cuenta con experiencia ferroviaria a través de sus operaciones en el transporte de pasajeros.

A su vez, empresas vinculadas con la minería, entre ellas Rio Tinto, First Quantum, Glencore y Vicuña, analizaron distintas posibilidades de participación, tanto de manera directa como mediante asociaciones con otros oferentes.

El interés minero se relaciona especialmente con los corredores ferroviarios que conectan las provincias del norte con los puertos y centros logísticos. Rio Tinto, por ejemplo, cuenta con proyectos de litio en Salta y Catamarca.