
Los accionistas de Adecoagro compraron las más de 900.000 hectáreas -una superficie equivalente a la de Puerto Rico y Chipre juntos- que el Grupo Benetton tenía distribuidas en cuatro provincias argentinas, en una operación que marca la salida definitiva del holding italiano del agro del país.
La transacción, confirmaron fuentes con conocimiento de la operación, transfiere el control de las dos únicas firmas agropecuarias que Benetton mantenía en la Argentina, con más de un siglo de historia en la Patagonia. La adquisición no fue realizada por Adecoagro como compañía, sino por sus socios y directores.
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Los ejecutivos compraron dos empresas que hasta ahora pertenecían al holding italiano: la Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA) y Ganadera Cóndor. Juntas concentran tierras en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Mariano Bosch, CEO de Adecoagro, encabeza el grupo de accionistas que concretó la compra. La conducción operativa de CTSA no cambia: Agustín Dranovsky continuará como director ejecutivo de la compañía.
El activo adquirido tiene un peso considerable en el agro argentino. CTSA es la firma con mayor posesión de hectáreas del país: más de 900.000 distribuidas en Chubut (33%), Santa Cruz (60%), Río Negro (5%) y Buenos Aires (2%). Su negocio central es la cría de ganado ovino y bovino y la producción de lana, segmento en el que ocupa el primer lugar a nivel nacional.
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En sus campos pastan alrededor de 260.000 cabezas ovinas y unas 22.000 vacunas, concentradas principalmente en la zona de cordillera entre Esquel y Bariloche, y el resto en Balcarce. De ese rodeo, unos 80.000 animales pasan por esquila cada año, con una producción de aproximadamente 1 millón de kilos de lana. En materia agrícola, la empresa siembra alrededor de 7.500 hectáreas de maíz, trigo, soja y girasol, y destina otras 700 hectáreas a la producción de forrajes como avena, vicia y alfalfa.

En el segmento forestal, donde ingresó en 1992, cuenta con 10.000 hectáreas implantadas principalmente de pinos, con proyectos de instalación de un vivero propio para autoabastecimiento de plantines.
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La cadena de valor de CTSA también tiene un eslabón industrial. La empresa opera el frigorífico Faimali, con dos plantas procesadoras de cordero y liebre ubicadas en Río Gallegos, a poca distancia del Estrecho de Magallanes. La capacidad de faena es de 2.500 corderos diarios.
La historia detrás de la transacción
La historia de CTSA arranca en 1889, cuando fue fundada bajo el nombre de The Argentine Southern Land Company Limited (A.S.L.Co.), con capitales 100% ingleses y sede inscripta en Londres. Parte de sus socios originales habían financiado el primer ramal del Ferrocarril Central del Chubut, desde Puerto Madryn hasta Trelew, y como contraprestación recibieron una franja de terreno entre ambas estaciones que se convirtió en la primera propiedad de la compañía en el país.
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Con el respaldo del Estado argentino, la firma fue incorporando tierras a lo largo de las décadas siguientes. Durante sus primeros años, además de la explotación ganadera, tuvo una posición dominante en la importación de insumos que comercializaba en el mercado interno.

En 1975, ante la caída del precio de la lana, sus dueños vendieron gran parte de los activos. El control pasó a un grupo de empresarios locales encabezados por las familias Menéndez-Hume y Ochoa-Paz Repetto, que mudaron la sede a Luxemburgo bajo el nombre de Grade Western Company Limited.
Durante la Guerra de Malvinas, ante la posibilidad de que el gobierno argentino incautara propiedades de titularidad británica, los nuevos dueños notificaron que esas tierras ya eran de capitales nacionales y cambiaron la denominación a Compañía Argentina de Tierras del Sud. Así, 92 años después de su fundación, la empresa quedó inscripta bajo las leyes locales.
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En 1991, la totalidad de la firma y sus tierras fue adquirida por Benetton, que la incorporó al portafolio de Edizione Holding, el conglomerado familiar italiano con inversiones en agricultura, alimentos, industria y deportes. Ese grupo factura unos 12.000 millones de euros a nivel global e integra, entre otras marcas, a United Colors of Benetton. La explotación patagónica funcionó durante más de tres décadas como proveedor estratégico de lana para esa cadena textil. Con la venta a los socios de Adecoagro, el grupo italiano cierra su presencia en el agro argentino: CTSA y Ganadera Cóndor eran sus únicos activos rurales en el país.
El debate por la Ley de Tierras
La operación se produce en un contexto político sensible. La Argentina es el octavo país del mundo en superficie, con 2,78 millones de kilómetros cuadrados que van desde los territorios antárticos hasta la aridez del norte, pasando por la llanura pampeana. La propiedad de la tierra es un eje de tensión desde el período colonial, y el debate se reavivó con la derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737) mediante el DNU 70/2023 que firmó el presidente Javier Milei, que eliminó los límites a la tenencia de suelo por parte de extranjeros.
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Esa norma había fijado un techo del 15% de la superficie rural nacional en manos foráneas y establecía restricciones por departamento y nacionalidad. El Gobierno intentó luego elevar ese tope al 25% a través del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero la iniciativa generó una resistencia que el oficialismo no pudo contener. En agosto de 2026, el oficialismo retiró por completo el capítulo referido a tierras para poder aprobar el resto del paquete, que incluía cambios en materia de expropiaciones y desalojos. El proyecto pasó a Diputados sin ese apartado.
En la Cámara baja, el resultado fue aún más adverso para el Ejecutivo: los diputados reincorporaron un capítulo que restituyó de forma plena, y con fuerza de ley, las restricciones originales a los extranjeros. Esa moción se aprobó con 239 votos a favor. El texto volvió al Senado para su revisión final, donde el oficialismo no logró reunir los avales necesarios para emitir un dictamen y el tratamiento quedó postergado mientras continúan las negociaciones. En paralelo, la Corte Suprema dictó una medida cautelar en una causa ambiental que suspendió transitoriamente el artículo del DNU que derogaba la ley, con lo que los límites a la extranjerización quedaron restablecidos de forma provisoria mientras el máximo tribunal define el fondo de la cuestión.
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En abril de 2025, el grupo Tether —emisor de la USDT, la criptomoneda estable de mayor capitalización del mundo— adquirió el 70% de Adecoagro en una operación que totalizó más de USD 615 millones. Tether ya controlaba el 19% del capital antes de esa compra. La adquisición de las tierras patagónicas, en cambio, fue realizada a título personal por los socios y directores de la firma, con Mariano Bosch a la cabeza, y no por Adecoagro como entidad corporativa.
La compañía, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y es propietaria de marcas como Las Tres Niñas, tiene sin embargo su propia agenda de expansión. En julio de 2026, desembolsó USD 148 millones para adquirir la usina Caarapó al Grupo Raízen —la energética brasileña asociada a Shell—, una planta de azúcar, etanol y energía renovable ubicada en el municipio homónimo del estado de Mato Grosso do Sul, a unos 100 kilómetros de los dos ingenios que ya opera en esa región. La compra, sujeta a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE), llega en un momento de fuerte impulso para el etanol en ese país, donde el corte obligatorio en naftas acaba de elevarse al 32%.
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En el mercado local, el año pasado Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) adquirieron el 100% de Profertil tras comprarle primero el 50% a la canadiense Nutrien y luego ejercer la opción sobre la porción que tenía YPF. La compañía, única productora de fertilizantes nitrogenados del país, elabora cerca de 1,3 millones de toneladas de urea al año y abastece aproximadamente el 60% de la demanda interna. Adecoagro también figura entre los diez oferentes que compraron los pliegos para adquirir los activos de SanCor, la histórica cooperativa láctea declarada en quiebra, aunque ese proceso está suspendido desde julio por una resolución de la Cámara de Apelaciones de Rafaela que frenó la venta a pedido de un acreedor que impugnó el esquema de fragmentación de los bienes.
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