Sospechas de sabotaje en Río Turbio: qué revelaron las primeras pericias del tren descarrilado

Los primeros resultados técnicos sobre el descarrilamiento de la locomotora de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ocurrido el 7 de octubre en Santa Cruz, apuntan a que el hecho fue provocado de manera intencional, aunque la pericia judicial todavía no concluyó. Así lo indicaron el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el interventor de la empresa estatal, Pablo Gordillo, tras la intervención de peritos de la Justicia Federal en el tramo ferroviario donde se produjo el accidente.

El episodio afectó a la única locomotora operativa de la compañía, que trasladaba 600 toneladas de carbón con destino al puerto de Punta Loyola, y ocurre en medio de un proceso de transformación societaria que avanza hacia la incorporación de capital privado en la empresa.

Vidal recorrió el sector del siniestro, a la altura de la estación Ingeniero Cappa, junto al equipo técnico que realizó las pericias por encargo de la Justicia Federal. Tras esa recorrida, el mandatario provincial sostuvo que los datos preliminares confirman lo que se sospechaba desde el inicio.

“Según el equipo técnico, los peritos nos informan que esto fue sabotaje, que era lo que se suponía desde el primer momento”, aseveró el Gobernador, en declaraciones difundidas por medios locales de Santa Cruz.

El mandatario calificó el episodio como “triste” y “lamentable” por el riesgo al que estuvieron expuestos los trabajadores que viajaban en la formación, y reclamó que la investigación judicial avance hasta identificar a los responsables. “Ojalá que llamen a todos los que tengan que llamar a indagatoria, que se encuentre al responsable o a los responsables y que se llegue hasta las últimas consecuencias”, afirmó, al tiempo que remarcó que el Gobierno provincial respetará la independencia de la Justicia.

En tanto, el interventor de YCRT, Pablo Gordillo, confirmó a este medio que los peritos estuvieron en el lugar el domingo, pero aclaró que el proceso técnico todavía no cerró. “Aún no están terminadas las pericias, pero creen que la línea va al esquema de lo que pensábamos, que había sido intencional el descarrilamiento”, señaló el funcionario, que fue designado por el Gobierno nacional para sanear la empresa de cara a una futura privatización.

Gordillo ya había adelantado días atrás a este medio que el personal de vías y obras descartó fallas en la infraestructura o en la locomotora tras una revisión en el terreno. Según relató, el conductor de la formación reportó que la vía “se abrió” en el momento del accidente, pero esa versión fue contradicha por la inspección posterior: “La vía no se había abierto en ningún lado. O sea, la vía estaba completa, no se cortó ni se rompió en ningún lado para generar el descarrilamiento”, explicó.

Lo que alimentó las sospechas

A unos veinte metros del punto donde cayó la locomotora, los técnicos de la empresa encontraron una pieza de material ferroviario en desuso que, según la hipótesis inicial de las autoridades, no debía estar sobre el tendido. Gordillo sostuvo que, por su antigüedad y sus características, el objeto no pudo llegar al lugar por casualidad ni desprenderse de la propia formación.

“Lo que constatan es que deliberadamente alguien lo puso ahí. Y es alguien que conoce, sabe que eso provoca un descarrilamiento, porque lo puso de una manera intencional para que el tren se corra y se mueva”, afirmó el interventor horas después del accidente. También se detectaron marcas visibles en los rieles, en el punto donde la locomotora habría impactado antes de volcar, que deberán ser examinadas para establecer su relación con la causa del accidente.

El accidente paralizó el único medio de transporte de carbón de la empresa

El descarrilamiento se produjo el 7 de octubre alrededor de las 7:45, en el kilómetro 181 del Ramal Ferro Industrial Río Turbio, cuando una formación con una locomotora y cerca de 37 vagones partió desde Río Turbio con destino a Punta Loyola. La máquina, identificada como unidad 005, volcó junto con tres vagones, y los dos trabajadores que viajaban a bordo resultaron ilesos.

La locomotora había estado detenida durante seis meses y recién había sido puesta a punto tras casi dos meses de trabajo intensivo por parte de los operarios. Su inhabilitación paraliza el transporte de carbón por un período estimado de tres a cuatro meses, según estimó Gordillo, quien calculó en USD 10 millones la pérdida asociada a la interrupción del servicio. “Me pararon todo”, resumió el funcionario.

YCRT tiene vigente un contrato por 210.000 toneladas de carbón, equivalente a unos 30 viajes desde Río Turbio hasta el punto de embarque, que ahora enfrenta demoras. “Lamentablemente se siguen atrasando los cumplimientos de los contratos”, había advertido Gordillo tras el siniestro.

El trasfondo de una privatización que todavía no se definió

El sabotaje bajo sospecha se produce en medio de un proceso de transformación societaria que la empresa estatal arrastra desde 2024, cuando quedó incluida entre las compañías “sujetas a privatización” por la Ley Bases. A comienzos de este año, el Gobierno nacional dispuso la conversión de YCRT en sociedad anónima bajo la nueva denominación de Carboeléctrica Río Turbio, aunque el esquema de incorporación de capital privado todavía no se definió.

El proceso depende de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher. La empresa cuenta con 1.978 empleados, es financiada en un 92% por el Estado nacional, y hasta el momento no recibió habilitación para instrumentar retiros voluntarios ni mecanismos de reducción de personal.

Vidal señaló que sostener el funcionamiento de YCRT demandó casi tres años de gestiones y negociaciones con el Gobierno nacional, en un contexto de cierre de otras empresas públicas, y que la actividad comenzaba a tener nuevas perspectivas comerciales antes del descarrilamiento. “Si alguien pretende poner obstáculos a la recuperación de YCRT, tiene que saber que Santa Cruz va a defender su carbón, sus trabajadores y su producción”, expresó el gobernador.

YCRT presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Río Gallegos a través de su área de Asuntos Jurídicos, y solicitó un peritaje a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para establecer técnicamente las causas del accidente. La investigación deberá determinar si la pieza hallada junto a las vías fue colocada de manera deliberada, cómo llegó al lugar y si tuvo incidencia directa en el descarrilamiento.