El consorcio encabezado por Rowing S.A., empresa de ingeniería fundada por Walter Román, junto a Transclor, del empresario Mauricio Filiberti, presentó una oferta de USD 340,2 millones por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y obtuvo la concesión para operar la empresa durante 30 años, con la posibilidad de prorrogarlo por una década más.
El monto ofrecido quedó por debajo de las expectativas del equipo económico, que aspiraba a recaudar unos USD 500 millones por el paquete accionario. Infobae había adelantado que la proyección que manejaba el ministro de Economía, Luis Caputo, superaba el valor que terminarían ofreciendo los postulantes. La brecha responde al nivel de inversión que deberá afrontar el nuevo concesionario, que desde su entrada en operación tendrá que desembolsar un mínimo de USD 2.000 millones durante el primer lustro.
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La compañía presta servicios de agua potable y cloacas a unos 14 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comprende la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. El adjudicatario deberá hacerse cargo de la operación completa entre enero y febrero de 2027, de acuerdo con el cronograma previsto en el pliego.
El resultado puso fin a un proceso que dejó a dos grupos en competencia por el control de la compañía estatal. La oferta del consorcio liderado por Román superó la presentada por el grupo Roggio, que ofreció USD 285 millones por las acciones que permanecían en manos del estado.
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El vehículo del Grupo Roggio reunía además a Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre. El grupo opera Aguas Cordobesas y también participa en el transporte porteño mediante Emova Movilidad y Metrovías.
El otro consorcio, liderado por Walter Román, lo integraron Transclor, Arcos Saneamento e Participações y el fondo PHX Aqua AR B.V., con sede en los Países Bajos. Transclor pertenece a Filiberti, único proveedor de policloruro de aluminio para la potabilización del agua de AySA desde 2009 y, además, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en el control accionario de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país que semanas atrás también se quedó con la mayoría de Metrogas, la principal distribuidora de gas del AMBA. Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav de Brasil, aporta la experiencia internacional de esa oferta. La firma opera el servicio de agua y alcantarillado de Río de Janeiro bajo la marca Águas do Rio, luego de obtener una concesión en 2021.
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“AySA era un modelo de disfunción administrativa. Entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de USD 13.400 millones. Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%. El gobierno nacional del presidente Javier Milei está comprometido a cuidar los recursos de los pagadores de impuestos y de cuidar los servicios que reciben los argentinos”, publicó luego de la apertura de sobre el Ministerio de Economía.
El contrato exige inversiones por hasta USD 15.000 millones
La concesión adjudicada tendrá una vigencia de 30 años y podrá extenderse por otros 10. Dada la vitalidad del servicio, el operador no deberá definir ni un programa de inversiones propio, ni una propuesta tarifaria para competir, porque ambos aspectos ya estaban establecidos en el pliego. Por eso, el precio ofrecido por las acciones fue la variable central de la compulsa, una vez que se superaron los requisitos técnicos, que fue la etapa anterior.
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El contrato exige una inversión mínima de USD 2.000 millones durante los primeros cinco años. Para todo el período inicial de la concesión, las obligaciones de infraestructura se ubican entre USD 13.000 millones y USD 15.000 millones. Las redes, plantas, bombas y cañerías que se incorporen al sistema permanecerán como activos estatales al finalizar el vínculo contractual.
Las metas previstas incluyen una cobertura de agua potable del 75,3% hacia fines de 2031 y del 90% al concluir los 30 años. En saneamiento, el objetivo es pasar al 63,9% en 2031 y al 75% al cierre del plazo. La cobertura universal de ambos servicios quedó proyectada para una eventual extensión de una década.
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