
Cuando se habla del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la discusión suele concentrarse en Neuquén, por su asociación directa con Vaca Muerta, o en San Juan y Catamarca, las provincias mineras que empujaron buena parte del debate original sobre el régimen. Sin embargo, si el criterio para medir el impacto no es el volumen de dólares comprometidos sino el peso que esos proyectos tienen sobre la economía de cada jurisdicción, la respuesta cambia. La provincia que más se beneficia, en términos relativos, es Río Negro, que no tiene un solo proyecto minero aprobado bajo el régimen.
El dato surge de un informe del Ieral (Fundación Mediterránea), que comparó el monto de los proyectos aprobados por el RIGI en cada provincia con el Producto Bruto Geográfico (PBG) de esa jurisdicción. El PBG es el indicador que refleja la actividad económica de la producción de bienes y servicios en el territorio de una provincia. Es asimilable al cálculo del PBI de un país, pero en escala provincial.
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Según ese cálculo, elaborado por el economista Marcelo Capello, los proyectos aprobados en Río Negro equivalen al 196% de su PBG, el valor más alto de todas las provincias con iniciativas en marcha. Detrás se ubican San Juan, con el 150%, y Catamarca, con el 64 por ciento. A partir de ahí la distancia se agranda de manera notoria: Salta llega al 21%, Neuquén al 19%, Jujuy al 17%, La Pampa al 8% y Mendoza al 5%. En el caso de Santa Fe y Buenos Aires, los proyectos aprobados no llegan al 1% de sus respectivos PBG.
El contraste con Neuquén es el que mejor explica el fenómeno. Pese a ser la provincia sede de Vaca Muerta y la que concentra buena parte de la actividad hidrocarburífera no convencional del país, su economía es lo suficientemente grande como para que los montos aprobados representen “apenas” el 19% de su producto.
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Río Negro, en cambio, tiene un PBG considerablemente menor, de modo que el mismo tipo de inversiones, ligadas también a Vaca Muerta pero radicadas en su territorio, multiplican su peso relativo casi por dos frente al tamaño de su economía provincial.
Una provincia con la llave de la exportación
Río Negro es la quinta provincia productora de petróleo del país, aunque no figura entre las jurisdicciones con proyectos mineros aprobados bajo el RIGI. Lo que capturó fue, sobre todo, la infraestructura de evacuación y exportación de la producción que sale de Vaca Muerta, gracias a su salida al mar por el Golfo San Matías y a la cercanía de localidades como Punta Colorada y San Antonio Oeste.
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El proyecto de mayor escala es el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que contempla la construcción de un ducto de 437 kilómetros con capacidad para transportar 377.400 barriles diarios y almacenar 3,77 millones de barriles, con el objetivo declarado de duplicar las exportaciones de petróleo del país. El proyecto podría ampliarse hasta una capacidad máxima de 700.000 barriles diarios, lo que habilitaría exportaciones por más de 16.000 millones de dólares anuales. La inversión total del proyecto, a cargo de VMOS S.A., es de 2.900 millones de dólares, y se estiman 3.108 empleos directos e indirectos.
El segundo proyecto en magnitud es el de licuefacción de gas natural que impulsa Southern Energy S.A., también en el Golfo San Matías, a través de la instalación de dos unidades flotantes, Hilli Episeyo y Esperanza. Con una capacidad de producción de 6 millones de toneladas anuales de GNL y el inicio de exportaciones previsto para 2027, el proyecto apunta a incrementar en aproximadamente un 20% la producción nacional de gas. Es, además, el de mayor inversión de los cuatro: 15.156 millones de dólares, con 836 empleos directos e indirectos proyectados.
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A estos se suman dos iniciativas que Río Negro comparte con provincias vecinas. Una es el gasoducto de San Matías Pipeline S.A., de 480 kilómetros y 36 pulgadas de diámetro, que trasladará gas desde el predio cabecera de Tratayén, en Neuquén, hasta la estación compresora de San Antonio Oeste, en Río Negro, con una capacidad de 27 millones de metros cúbicos diarios. Demanda una inversión de 1.300 millones de dólares y prevé 2.489 empleos directos e indirectos. La otra es la ampliación de la planta de Compañía Mega S.A., que incrementará en 1.500 toneladas diarias la capacidad de producción de líquidos de gas natural, con obras que se extienden entre Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Su inversión es de 365 millones de dólares y contempla 792 empleos directos e indirectos.
Entre los cuatro proyectos que tienen a Río Negro como sede total o parcial, la inversión comprometida supera los 19.700 millones de dólares, aunque dos de ellos —el gasoducto de San Matías y la ampliación de Mega— se reparten con otras provincias.
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Un núcleo de provincias con poder de veto
El informe de Ieral sostiene que, a partir del peso de los proyectos aprobados sobre el PBG de cada jurisdicción, hay un grupo de provincias que está conformando lo que define como un “núcleo duro” dentro de la nueva geografía económica del país.

Según el informe, “hay seis provincias que muy probablemente queden organizadas y dispuestas a ejercer un ‘poder de veto’, si fuera necesario: se trata de Río Negro, San Juan, Catamarca, Salta, Neuquén y Jujuy”. Esas seis provincias, remarca el economista, suman “18 senadores, el 25% de la Cámara respectiva”.
La lógica detrás de esa hipótesis es que, a medida que los proyectos empiecen a generar exportaciones y empleo, y a demandar mejoras de infraestructura, también elevarán el perfil técnico de los funcionarios provinciales involucrados, consolidando un incentivo político para sostener el RIGI en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno.
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En ese esquema, Río Negro ocupa un lugar particular: concentra buena parte de la infraestructura que necesita el gas y el petróleo de Vaca Muerta para llegar a los mercados internacionales. Esa función logística explica por qué, medida contra el tamaño de su economía, es hoy la provincia con mayor exposición relativa al éxito o al fracaso del régimen de grandes inversiones.
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