Cuál es el detalle en la reglamentación del fondo de indemnizaciones con el que Economía relegó a los gobiernos provinciales

El mercado financiero recibió esta semana una de las precisiones que aguardaba con mayor expectativa: cómo funcionarán los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo mecanismo para pagar las indemnizaciones laborales. La resolución del ministerio de Economía que determinó en qué activos se podrán invertir los FAL incluyó un detalle que trajo cierta desazón en los gobiernos provinciales.

La reglamentación dispuso que la enorme masa de fondos a recaudar cada mes (1% de la masa salarial de empresas grandes, 2,5% en el caso de las pymes) puede tener 4 destinos: títulos del Estado Nacional, títulos provinciales o de la CABA, depósitos en bancos y obligaciones negociables de empresas privadas.

Pero a la vez, la resolución incluyó un requisito esencial para los bonos provinciales. Para poder recibir dinero de los FAL, los títulos de las provincias deben “contar con calificación de riesgo “AAA” en escala nacional, otorgada por al menos dos agentes de calificación de riesgo registrados ante la CNV", según dice la norma.

La disposición sorprendió porque, en la actualidad, no hay ningún bono provincial que cuente con la calificación AAA. Por lo tanto, la inclusión de bonos provinciales en el armado de los FAL hoy es inaplicable. Además de la calificación, Economía le puso un tope a los bonos provinciales: no pueden representar más del 15% del total del FAL y puede colocarse solamente “hasta un 5% por jurisdicción”. Esos límites no podrán aplicarse ya que no hay bonos provinciales que los FAL puedan comprar. Incluso distritos con buen desempeño para sus finanzas públicas y su endeudamiento, como Córdoba o Mendoza, no cuentan con el requisito de la calificación AAA.

La única excepción a esta regla, explican en el mercado financiero, son los títulos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moody’s le otorgó en junio la calificación AAA a CABA en su calidad de emisor tanto en pesos como en dólares.

Por el lado de los bonos corporativos, la resolución también incluyó el requisito de las dos calificaciones. En ese caso, la lista es algo más amplia pero se limita solamente a empresas líderes que podrán beneficiarse con la recepción de los FAL para sus bonos. YPF, Vista, Pan American Energy, Arcor, Central Puerto y Mercado Libre, entre otras. También se anotarán aquí los bonos del sector financiero: Macro, Santander, Galicia, ICBC y Garantizar SGR tienen esa calificación.

Aquí los topes sí tienen importancia. Los FAL no podrán colocar más del 20% agregado de su cartera en bonos privados, a la vez que tampoco podrán destinar más del 10% en una única empresa emisora.

El malhumor en algunos gobiernos provinciales está atado a que entienden que la reglamentación del FAL, pese a sus reglas de diversificación, favorece con claridad a la colocación de bonos nacionales. Para los títulos de la Nación no existe ningún tope ni exigencia de calificación, con lo cual se llevarán la mayor parte de la torta.

“Caputo nos dejó afuera de los FAL. La resolución tiene un sesgo para orientar las inversiones a los títulos de Nación. De hecho, un FAL podrá colocar el 100% de su dinero en bonos nacionales”, se lamentó un funcionario económico de un gobierno provincial.

Una de las críticas que recibió la creación de los FAL cuando se analizó la reforma laboral fue el riesgo de que el Gobierno resignase parte de su recaudación fiscal proveniente de cargas laborales, ya que esa masa de dinero que iba a un bolsillo del estado comenzará a destinarse al mercado financiero.

Con esta resolución y, más precisamente, con los requisitos de calificación y de límites, queda claro que aún en el caso de que el Gobierno sienta esa merma en las cuentas fiscales, Caputo se aseguró que una parte sustancial de ese dinero vaya a financiar al estado nacional.

El mercado financiero sigue con mucha expectativa la puesta en marcha de los FAL, que comenzará el 1° de noviembre y que tendrá un período inicial de 6 meses sin pagar prestaciones, de manera de armar una masa crítica de dinero para cada empleador de la Argentina que le permita previsionar con algo de holgura el pago de indemnizaciones.

El requisito de la califiación AAA acotó el universo de activos elegibles, al punto que ningún bono subsoberano -a excepción de los de CABA- podrá participar en el comienzo del sistema. Los gobiernos provinciales, de esa forma, deberán salir a la búsqueda de una mejora por parte de las calificadoras locales (Moodys Argentina, S&P y Fix, la filial de Fitch Ratings) para poder tener algún rol de importancia en esta nueva etapa que los FAL prometen abrir en el mercado de capitales.