
Por el escándalo del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la agenda del Gobierno en el Congreso sufrió una virtual parálisis y con ello, se demoró el envío de la nueva Ley de Inocencia Fiscal. Ahora, consideran que en la reunión de mesa política de la semana podría definirse como una de las prioridades de la nueva estrategia legislativa. Sin embargo, los tiempos corren tanto para la fecha de la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias como para la remonetización de la economía que busca el ministro Luis Caputo.
La postergación del proyecto genera inquietud entre asesores y contribuyentes. El ministro de Economía Caputo prometió subsanar los puntos débiles de la ley original tras reunirse con contadores, pero la crisis política frenó el avance en el Congreso. Fuentes consultadas por Infobae aseguran que, tras la asunción de Diego Santilli, la mesa política retomará sus reuniones la semana próxima, instancia en la que podría definirse la estrategia legislativa pendiente. Es más fue el presidente Javier Milei quien este miércoles le solicitó a los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que avancen a fondo con las reformas entre ellas Inocencia Fiscal.
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El vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025, previsto para fines de julio, representa un factor de presión. El retraso en la sanción de la nueva ley deja en suspenso a quienes evalúan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Algunos especialistas advierten que la demora podría dejar contribuyentes fuera del sistema y desalentar a quienes buscan certezas antes de exteriorizar fondos.

Desde el sector de los asesores tributarios, la preocupación se focaliza en la falta de certezas. Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti, sostuvo que el nuevo proyecto resolvía muchas cuestiones que hoy son interrogantes. “El vencimiento es el 27 de julio y todos esperábamos que esto se resuelva durante julio. Si no se trata entonces habrá clientes que van a quedar fuera del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) mientras que otros no se va a sumar porque tiene incertidumbres particulares que lo asustan y tornan desaconsejable el Régimen”, afirmó.
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Pero el impacto del retraso también se percibe entre quienes ya cumplen con los parámetros de ingreso y aguardan la sanción de la nueva norma para evitar contingencias. Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, señaló que varios contribuyentes esperan que la nueva ley quede definitiva antes de decidir si depositan los dólares no declarados.
“Muchos contribuyentes, si bien ya se encuentran en condiciones de adherir, están esperando que la ley quede definitiva para ver cuáles son los cambios finales, para poder sentirse seguros y con la previsibilidad tal de que depositar los dólares del colchón no le genere ninguna contingencia, ni ningún problema con el fisco u otro organismo”, explicó Girardi. Es que la ley actual no permite la adhesión de quienes tienen ingresos mayores a $1.000 millones, por lo que muchas personas quedan excluidas hasta que se apruebe la reforma.
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En esa misma línea fue el contador Marcos Felice quien consideró que la demora complica la posibilidad de adhesión masiva al nuevo régimen. “La ley modificatoria trae muchas cosas más beneficiosas que hacen que más gente pueda adherir por contar con mayor seguridad jurídica a futuro”, afirmó en conversación con Infobae. Y que, a estas alturas, resulta inviable la aprobación en el Congreso antes de los vencimientos del 27 de julio. “Sería bueno al menos que se informe si el proyecto se aplicará recién para las declaración jurada que vencen el año que viene o que se oficialice una nueva prórroga hasta tanto salga la nueva ley”.
Remonetización de la economía
Pero hay quienes consideran que el impacto de la demora en el tratamiento de la nueva ley es limitado como el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebatían Dominguez. “Ahora se presenta la declaración jurada 2025, en general vaya a utilizar los dólares del colchón y para lo que requiere de la modificación legal, es para usarlos en 2026”. Domínguez remarcó que la reforma cobra importancia para robustecer el régimen desde el 2026, generando incentivos para que más contribuyentes formalicen sus fondos. “Cuanto más se demore la ley, tiene impacto en la demora en la remonetización de la economía”, advirtió. Además, explicó que prorrogar el vencimiento de julio traería problemas financieros a las provincias, porque Ganancias es coparticipable y los gobernadores se opondrían a una postergación, aun si la impulsa el fisco nacional.
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Inocencia Fiscal fue una de las variables en las que se basó el Caputo para asegurar que a partir de mayo/junio comenzaban los “mejores 18 meses”. Es que si bien el ministro Caputo sostiene que la economía está creciendo, reconoce que el ritmo en que lo hace importa porque todavía hay argentinos que la están pasando mal. Y solo puede crecer a una mayor velocidad en la medida en que se produzca una formalización de los ahorros que están fuera del sistema, que se calculan que son USD 170.000 millones. Todavía esta por verse si el oficialismo, luego de la adhesión de varios funcionarios al RSG (pese a que no significa necesariamente que saquen los dólares del colchón), logra la aprobación de la nueva Ley en el Congreso
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