Crisis en el calzado: Viamo entró en concurso preventivo tras despidos, cheques rechazados y caída de ventas

La industria del calzado atravesó en los últimos meses un escenario marcado por la caída del consumo, el avance de los productos importados y una fuerte presión sobre los costos locales. En ese contexto, la empresa Viamo formalizó su ingreso en concurso preventivo de acreedores, luego de un proceso de deterioro que combinó problemas financieros, conflictos laborales y un ajuste profundo en su estructura operativa.

La firma, cuya razón social es Lannot S.A., presentó el pedido ante el Juzgado Comercial N°4, con un pasivo declarado de $4.240 millones. La situación incluyó además la existencia de 64 cheques rechazados por más de $85 millones, lo que reflejó dificultades crecientes en la cadena de pagos.

El proceso judicial fijó plazos concretos para la reestructuración: la verificación de créditos se extendió hasta agosto de 2026, mientras que el período de exclusividad para alcanzar un acuerdo con acreedores se proyectó hasta mayo de 2027. Estos tiempos marcaron el marco formal dentro del cual la empresa buscó ordenar sus compromisos.

El deterioro financiero tuvo un punto de quiebre claro. La compañía registró el default de un crédito superior a los $80 millones, lo que desencadenó un proceso de incumplimientos más amplio. A partir de ese momento, se produjeron atrasos en el pago de salarios, cargas sociales y otras obligaciones corrientes. La cesación de pagos se volvió progresivamente más evidente y derivó en la decisión de recurrir al concurso como instancia legal.

Antes de llegar a ese punto, la empresa intentó distintas estrategias para sostener su actividad. Entre ellas figuraron refinanciaciones de deuda, gestiones de financiamiento fiscal y diferimientos de pagos. Sin embargo, esas medidas no lograron estabilizar la situación.

En paralelo, la compañía avanzó con un ajuste significativo de su estructura. El recorte incluyó despidos, cierre de locales y una reducción general de su presencia comercial. La firma llegó a operar más de 25 sucursales, pero esa red se achicó de manera sostenida en el tiempo.

El impacto también se reflejó en la plantilla de trabajadores. En 2023, la empresa contaba con más de 300 empleados. Esa cifra descendió hasta 77 trabajadores en la actualidad. En la planta ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, la dotación de operarios se redujo de aproximadamente 80 a menos de 40, tras el despido de más de 30 personas.

Despidos e indemnizaciones

Los despidos se justificaron bajo el argumento de “grave falta de trabajo”, en el marco del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, ese proceso derivó en un conflicto con los trabajadores. La empresa planteó el pago del 50% de las indemnizaciones, una propuesta que el sindicato rechazó.

A partir de esa situación, surgieron denuncias por falta de pago de indemnizaciones completas, así como por deudas vinculadas a vacaciones y aguinaldos. El conflicto escaló hacia instancias judiciales y derivó en protestas. En total, la empresa acumuló más de 30 juicios laborales en curso, lo que sumó presión sobre su situación financiera.

El ajuste también alcanzó la estructura productiva. La compañía evaluó la posibilidad de abandonar la fabricación local para avanzar hacia un modelo centrado en la importación. Ese cambio implicó una redefinición de su operatoria: mantener funciones administrativas y logísticas, mientras reducía el peso de la producción.

En ese marco, la firma mantuvo una planta en Villa Lugano y un centro logístico en Lomas del Mirador, además de un número reducido de locales propios, que incluyeron puntos de venta en centros comerciales.

La decisión de reorientar el negocio respondió a un cambio en las condiciones del mercado. Según los datos relevados, un zapato importado resultó entre un 30% y 40% más barato que uno producido en el país. Esa diferencia de costos condicionó la competitividad de las empresas locales y empujó a varias firmas a revisar sus estrategias.

El caso de Viamo se insertó en un contexto sectorial más amplio. La industria del calzado enfrentó lo que distintas fuentes describieron como la peor crisis en décadas. Las importaciones crecieron de manera significativa: pasaron de 21 millones de pares a alrededor de 35 millones, con proyecciones que superaron los 42 millones.

En contraste, la producción local, que llegó a alcanzar los 125 millones de pares, operó muy por debajo de esos niveles. La caída de la actividad impactó de manera directa en el empleo. En pocos meses, el sector registró la pérdida de entre 7.000 y 8.000 puestos de trabajo.