Cuatro claves para entender la polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios públicos

La polémica desatada por el otorgamiento de créditos hipotecarios en el Banco Nación a medio centenar de funcionarios públicos ya generó al menos tres denuncias en la justicia federal que deberán determinar si existieron irregularidades, tráfico de influencias o algún delito.

Desde el Nación aseguraron que no hubo ningún trato preferencial y abrieron una auditoría interna para establecer con precisión el trámite de cada préstamo. “Se va a poner a disposición de la Justicia toda la documentación que sea requerida para dejar en claro que no hubo ningún desvío y que todos los créditos fueron otorgados conforme a los estándares vigentes”, explicaron en el banco estatal.

Según los datos consignados en la web “Cuánto deben”, entre quienes recibieron los préstamos aparece integrantes del equipo económico como Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, o Pedro Inchauspe, director del Banco Central. También legisladores como Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde, y otros funcionarios como Juan Pablo Carreira (en las redes, Juan Doe), responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, el director de la secretaría privada en Diputados, Sharif Menem, el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero, el director de YPF Emiliano Mongilardi, y el ex jefe de gabinete del ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, removido de su cargo días atrás. También se incluyen en el relevamiento numerosos funcionarios judiciales.

La cuestión desbloqueó aspectos curiosos de la grieta política. Hay funcionarios kirchneristas que, tras haber criticado con dureza los préstamos hipotecarios UVA en los últimos diez años, aparecieron como tomadores de esos créditos. A la vez, hay funcionarios libertarios que tras haber impulsado la privatización y hasta el cierre del Banco Nación, eligieron las convenientes condiciones de su línea “Mas hogares con BNA” para pedir un préstamo, y no lo hicieron por la banca privada.

Mientras la justicia investiga, cuatro interrogantes surgen sobre el particular para entender la cuestión:

1-¿Los funcionarios públicos consiguieron el crédito con las mismas condiciones que el resto de los clientes?

Si bien las tasas de interés y los plazos fueron los mismos que para el resto de los clientes del banco, la línea “Mas hogares con BNA” contiene dos diferencias esenciales para funcionarios o empleados del sector público que no están disponibles para quienes trabajan en el sector privado, aún cobrando sus haberes en el Nación.

La primera y principal es que el préstamo cubre hasta el 90% del valor de la propiedad comprada, según detalla la web oficial de la entidad, en lugar del 75% como al resto de los clientes del Nación. El resto de los bancos del sistema financian entre el 65% y el 75 por ciento.

La segunda ventaja diferencial para los funcionarios y empleados públicos es que la relación cuota/ingreso se extiende al 30% desde el 25% de la línea general, lo que al permitir una cuota más elevada ayuda a mejorar el monto a recibir.

El plazo máximo es de 30 años y las tasas fueron variando, del 4,5% en el pasado al 6% en la actualidad para primera vivienda, por lo que no todos los funcionarios pagaron el mismo costo en sus créditos. Ningún otro banco del sistema ofrece una tasa tan baja; el resto de los bancos, aún para sus clientes de cuenta-sueldo, cobra entre el 10% y el 15%.

2-¿Los créditos a los funcionarios públicos se otorgaron en forma legal?

Es muy probable que así lo determine la justicia, ya que las diferencias que se encuentran con el resto de los préstamos, que se explican en el punto siguiente, están previstas dentro de las condiciones comerciales de la línea “Mas hogares con BNA”. En el Nación destaca que ninguno de esos requisitos se otorgó de manera discrecional sino en base a condiciones objetivas.

Esas ventajas, según consta en la web del Banco Nación, se aplican a “personas humanas en actividad laboral en relación de dependencia de planta permanente y contratados con contrato vigente al momento del otorgamiento, que pertenezcan al Sector Público Nacional o Provinciales, clientes pertenecientes a Empresas con Capital mayoritariamente estatal, como así también de Universidades Públicas Nacionales y que cobren sus haberes a través del Banco”.

Esa amplia definición incluye a un diputado nacional, el director de un banco público, un profesor universitario o un ordenanza de un ministerio. No hay otra distinción. De los 27.000 créditos entregados por esta línea, 11.200 correspondieron a empleados públicos, por lo que la mayoría se otorgó a empleados del sector privado o a autónomos.

3-¿Por qué los montos otorgados fueron tan altos?

Los montos que recibieron los funcionarios aparecen como muy elevados por las dos diferencias ya explicadas: cobertura del 90% (algo fuera de mercado) y destinar el 30% del sueldo a la cuota. Esas dos condiciones, sumadas a que pese al congelamiento algunos funcionarios conservan salarios muy elevados, permiten calificar para montos altos.

La cobertura del 90% ayuda a que el monto del préstamo sea tan elevado sin quebrar los topes de la línea crediticia: 210.000 UVAs ($390 millones, al valor de hoy) para el valor de la propiedad si es primera vivienda o 350.000 UVAs ($653 millones) si es segunda vivienda o si el precio supera el valor anterior.

Por otra parte, la información del sitio “Cuánto deben” se presenta mediante el monto restante a pagar, tal como lo muestra la Central de Deudores del BCRA. En los préstamos UVA, el ajuste por inflación se aplica, al saldo adeudado del crédito en pesos. El saldo fue creciendo mes a mes, en el marco de una inflación ascendente. En el caso del director del BICE Felipe Núñez, por ejemplo, se registra una deuda inicial de $373 millones en febrero de 2025, cuando se inició el crédito, que creció a $478 millones en enero de este año. El IPC del 2,9% de febrero (y un número similar esperado para marzo) seguramente abultarán aún más el saldo adeudado en pesos.

4-¿Los tiempos de otorgamiento fueron los mismos que para un ciudadano común?

Algunos funcionarios que tomaron créditos (como los diputados oficialistas Bongiovanni y Campero, e incluso la kirchnerista Julia Strada) hicieron público que su trámite, desde la preaprobación hasta concretarla compra del inmueble duró varios meses y no hubo ninguna ventaja ni tratamiento express. En el Nación también aseguran que no hubo una “ventanilla” especial para estos casos y que la gestión del trámite fue la misma que para todos. Y que a partir de enero se implementó la gestión digital de los préstamos, lo que acorta los tiempos.

En las denuncias presentadas ante la justicia, como la que inició la diputada Mónica Frade, se pidió al Banco como medida de prueba que aporte de cada crédito cuestionado de presente “la carpeta”, el detalle del día a día de esa gestión, a los efectos de establecer si el crédito se tramitó con mayor celeridad de lo habitual. La investigación judicial podrá determinar ese punto.