El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Sector Público Nacional (SPN) logró un superávit financiero en febrero, lo que representa el segundo mes consecutivo en el que las cuentas públicas cierran con saldo positivo. De acuerdo al comunicado oficial, el superávit primario alcanzó $1.410.640 millones y el superávit financiero sumó $144.421 millones, mientras los pagos de intereses netos totalizaron $1.266.218 millones en el mismo período.
Según la información difundida por Caputo, en el primer bimestre del año, el SPN acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit financiero de 0,1% del PIB. Estos datos reflejan la política de ajuste fiscal impulsada por el actual Gobierno, que busca consolidar el equilibrio de las cuentas públicas a través del control estricto del gasto y la reducción de impuestos.
La reducción del gasto primario total se ubicó en 8,8% interanual en términos reales, lo que constituye uno de los principales componentes del resultado fiscal positivo. En el mismo informe, el ministro subrayó que los recursos destinados a jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 1,8%, mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentó un aumento del 11,3% respecto al año anterior.
El Ejecutivo sostiene que el resultado fiscal favorable se apoya en una combinación de recorte del gasto y reorientación de los recursos hacia áreas prioritarias. El comunicado enfatizó que la administración nacional priorizó en el primer bimestre el sostenimiento de prestaciones sociales básicas, como jubilaciones y asignaciones, que mostraron variaciones positivas frente a la evolución general del gasto.
Pero el dato se vuelve más positivo aún cuando se da en un contexto de caída de los ingresos tributarios. Con el último informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de febrero, el Gobierno acumula siete meses seguidos de baja en los ingresos, lo que se encuentra ligado a la baja y/o eliminación de impuestos, pero sobre todo al no repunte del nivel de la actividad.

La estrategia oficial incluye, además, el impulso de nuevas herramientas legislativas que, según el Gobierno, permitirán consolidar los avances en materia fiscal. Entre ellas, la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal y la Reforma Laboral se presentan como instrumentos clave para favorecer la formalización de la economía, fortalecer el crecimiento económico y dotar de mayor sostenibilidad a las cuentas públicas.
Aunque todavía resta por verse si los argentinos están dispuestos a sacar los dólares del colchón, depositarlos en los bancos (con la posibilidad de giro a ALyCs) para consumir. El ministro Caputo sostiene que están dadas todas las garantías jurídicas para que los contribuyentes lo hagan y que es importante que ello suceda porque marcará el ritmo al que va a salir la Argentina cuando todavía hay “gente que la está pasando mal”.
Ya en el primer mes del año, gran parte del superavit se explicó por los ingresos extraordinarios que tuvo el Tesoro que fueron reconocidos por el propio Caputo. “En enero, el Sector Público Nacional alcanzó un superávit primario de$3.125.737 millonesy un superávit financiero de$1.105.159 millones”, escribió el ministro de en la red social X. En donde aclaró que en el mes se registraron $1.039.903 millones por los recursos generados por la licitación privada de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Y que de no contabilizar estos, el superávit primario hubiera sido de $2.085.834 millonesy el superávit financiero de $65.256 millones.
Negociaciones con el FMI
Si bien el equipo económico salió a festejar el nuevo dato positivo en las cuentas públicas, la meta fiscal aún se encuentra en negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el Argentina Week, que se desarrolló la semana pasada en Nueva York, el Gobierno hizo trascender que a fines de abril debería estar aprobada la segunda revisión del acuerdo. En esa instancia es donde se conocerá la nueva meta fiscal para el 2026, ya que la que se encuentra vigente es imposible de cumplir para los analistas.

Diversos economistas señalaron que la meta de equilibrio fiscal para 2026, fijada en 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB), resulta especialmente exigente ante la caída de la recaudación —producto de la desaceleración de la actividad— y el menor margen disponible para reducir el gasto público. En ese contexto, la revisión de los compromisos se posiciona como un eje central en el diálogo entre las autoridades nacionales y el FMI.
Aunque el Gobierno acumula buenos resultados en los dos años de mandato. El año 2025 cerró con superávit fiscal, tanto en el resultado primario como en el financiero. Según datos oficiales, el saldo primario alcanzó $11.769.219 millones (1,4% del PIB), mientras que el superávit financiero fue de $1.453.819 millones (0,2% del PIB). El anuncio se realizó el viernes y destacó la continuidad de resultados positivos por segundo año consecutivo.
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