El Gobierno de Javier Milei profundizó el ajuste del gasto público en febrero, con un recorte superior al observado en la mayoría de los meses de 2025. Según la consultora Analytica, el gasto primario devengado descendió 7,6% en términos reales frente al mismo mes del año anterior. En el primer bimestre, la reducción fue de 6,1% interanual en valores constantes. Las transferencias a las provincias cayeron pese a las negociaciones en el Congreso, y aunque el nuevo esquema de subsidios aún no se refleja plenamente en las cuentas públicas, ya afecta el poder adquisitivo de la población.
En febrero de 2026, el gasto público nacional registró una contracción real de 7,6% interanual, de acuerdo con Analytica. Esta baja se concentró principalmente en programas sociales, gasto en personal y transferencias a provincias, mientras que los subsidios económicos y la obra pública mostraron incrementos específicos. La reducción del gasto se inscribe en la estrategia oficial para consolidar el equilibrio fiscal, aun en un contexto de negociaciones parlamentarias y cambios en la política de subsidios.
El informe de Analytica detalló que el ajuste no fue homogéneo en todos los sectores del presupuesto nacional. Los recortes más pronunciados se observaron en los programas sociales, el gasto en personal y las transferencias a provincias, a pesar de la negociación en curso por la reforma laboral en el Congreso. Por el contrario, ciertos rubros, como los subsidios económicos y la obra pública, registraron aumentos, aunque con diferencias según su destino y composición.
Durante 2025, el recorte mensual del gasto público osciló entre 2% y 5% en términos interanuales, excepto en noviembre, cuando la baja alcanzó 12%. En diciembre, hubo un incremento interanual de 4%, un comportamiento explicado por el pago de aguinaldos. La tendencia de reducción se retomó en enero de 2026 y se profundizó en febrero.
Programas sociales y transferencias a provincias: impacto sectorial del ajuste
Según Analytica, los programas sociales experimentaron una baja real de 44,8% frente a febrero de 2025, pasando de $400.000 millones a $700.000 millones en igual mes de 2026. Esta contracción se tradujo en una menor asistencia directa a los sectores vulnerables. En contraste, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentaron 6,6% interanual, de $800.000 millones a $900.000 millones.
El superávit fiscal del Sector Público Nacional constituye el eje del programa económico. El ministro de Economía, Luis Caputo, remarca la continuidad de esta política y señala que la solidez fiscal permitió que Argentina no se viera afectada por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Resta definir la nueva meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la segunda revisión del acuerdo; la actual, de 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI), es más exigente que la de 2025.
Las transferencias a provincias cayeron 29% respecto a febrero de 2025, reflejando el impacto de la restricción fiscal sobre la relación financiera con las jurisdicciones subnacionales. Esta baja se dio en un mes de negociaciones con los gobernadores por la reforma laboral en el Congreso.
Gasto en personal, subsidios y obra pública: divergencias dentro del presupuesto
El gasto en personal descendió 11,8% en términos reales. Esta caída respondió a la política de contención salarial y racionalización de estructuras administrativas implementada desde la asunción de Milei en diciembre de 2023. Según Analytica, los salarios públicos evolucionaron muy por debajo de la inflación, reforzando la reducción real de este componente.
En contraste, los subsidios económicos aumentaron 64,5% interanual en febrero. El mayor gasto se destinó a energía (suba de 74,9%) y transporte (55,7%). El Gobierno priorizó el sostenimiento de estos rubros en la transición hacia un nuevo esquema tarifario, vigente desde mediados de febrero.
Con la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), se eliminó la segmentación anterior en tres niveles de ingresos (N1, N2, N3) y se unificaron los beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia. El acceso queda restringido a quienes tengan ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un ‘Hogar 2’, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La obra pública registró un alza real de 21,4%. Las transferencias de capital crecieron 37,2% y las construcciones, 13,7%. Analytica atribuyó este incremento principalmente a la ejecución de proyectos iniciados en ejercicios anteriores y a la continuidad de algunos programas estratégicos.
Consolidación fiscal y perspectivas para 2026
Analytica comparó la magnitud del ajuste de febrero con la dinámica de 2025, señalando que el recorte interanual de 7,6% superó los niveles previos y consolidó la estrategia fiscal del Ejecutivo. En enero, el gasto primario ya había retrocedido alrededor de 6% en términos reales, anticipando la profundización del ajuste en febrero.
La política de ajuste fiscal impulsada por la administración de Javier Milei busca cumplir con la meta de equilibrio primario establecida para 2026, considerada el pilar del programa económico. En esta etapa, el Gobierno priorizó la contención del gasto en áreas consideradas menos prioritarias y mantuvo o elevó los recursos en sectores estratégicos como energía, transporte e infraestructura.
El recorte en gasto social y transferencias a provincias respondió a la necesidad de reducir el déficit primario y liberar recursos para compromisos de deuda y exigencias del programa fiscal nacional. Analytica remarcó que la caída en estos rubros impactó la capacidad de respuesta estatal ante la vulnerabilidad social y la sostenibilidad financiera provincial.
La evolución de los principales componentes del gasto exhibió una divergencia sectorial. Mientras los programas sociales, las transferencias a provincias y el gasto en personal se redujeron, los subsidios económicos y la obra pública crecieron, aunque con diferencias en su composición e impacto en la economía.
La consultora subrayó que el ajuste de febrero consolidó la estrategia oficial de priorizar el equilibrio de las cuentas públicas mediante recortes en partidas menos prioritarias y el sostenimiento de sectores vinculados a infraestructura y servicios públicos. La comparación con 2025 reflejó un endurecimiento del ajuste, en línea con las metas para 2026.
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