Clima de Negocios: El juicio por YPF se empieza a definir y el Gobierno cree que puede ganar y evitar pagar USD 18.000 millones

Tic tac, tic tac. El juicio de YPF en Estados Unidos está entrando en etapa de fuertes definiciones, quizás las más importante de esta demanda que ya lleva más de 10 años y por la que el Estado argentino fue condenado en primera instancia, en 2023, a pagar un resarcimiento que de unos USD 18.000 millones. La condena inicial de USD 16.100 millones suma intereses a una velocidad de unos USD 2 millones por día.

Ese fallo de la jueza Loretta Preska fue apelado, tuvo su audiencia de presentación en octubre pasado y ahora está en manos de los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. ¿Cuándo definirán? No se sabe. Esta semana o en un año, los jueces fallan, literalmente, cuando quieren. La estadística de la Cámara indica que este tipo de cuestiones se resuelven, en promedio, en un período de entre seis y doce meses, según fuentes oficiales. Ya van cuatro. Es tan incierta la fecha que en una audiencia en enero, y ante la mención de los abogados que representan a la Argentina, la propia Preska dijo, un poco en serio, un poco en broma, algo así como “sí, sí, la Cámara va a resolver... en algún momento”. El tono fue de “nunca”, pero hasta ella sabe que podría ser mañana. Expertos y hasta el propio Gobierno de Javier Milei, representado en esta demanda por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), coinciden en que será inminente.

“Es difícil saber cuándo van a fallar. Hay expertos que argumentan que es un caso tan complejo que no se va a definir antes de septiembre u octubre. Pero hay seis o siete apelaciones en curso y los jueces lo saben, todas dependen de su decisión. Yo arriesgo que a mitad de año debería estar resuelto. El 2027 será un año político en el que se supone que Milei buscará la reelección, y todo se complica más. Vienen dos meses interesantes”, le dijo a Infobae Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y uno de los analistas que sigue la demanda desde sus comienzos.

En paralelo a esa apelación, y porque la ley de EEUU así lo permite, el principal beneficiario del fallo, el bufete inglés Burford Capital, intenta cobrar a como dé lugar interponiendo demandas en el tribunal de Preska. Se trata de una serie de acusaciones y pedidos contra Argentina de las que hubo algunas novedades esta semana. Son todas acciones que se responden y apelan generando un verdadero cúmulo de expedientes paralelos, pero que se caerían ante un fallo contundente en la apelación principal. En ese contexto, del 21 al 23 de abril habrá un “mini juicio” dentro de la demanda en el que se tratarán temas como posible desacato las sanciones para el país y las preguntas insistentes de Burford sobre dónde están las reservas de oro del Banco Central.

En el Gobierno creen que ganaron en octubre y que tienen ventaja frente Burford, una empresa que cotiza en Londres y Wall Street y cuyo foco es el negocio del litigation funder, o comprar juicios y financiarlos buscando ganancias. Por eso muchos dicen que su accionar es muy similar al de un “fondo buitre”. Lo que se conoce públicamente es que compró los derechos para litigar en esta causa por unos 15 millones de euros hace más de una década, ya vendió parte de la demanda a privados por más de USD 300 millones y ahora apuesta todos sus cañones a ganarle a Argentina unos USD 20.000 millones. O negociar para cobrar “algo”, cosa que los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y lo que va del de Milei se negaron sistemáticamente a hacer.

“Eso nunca pasará, no nos vamos a sentar con ellos nunca. Se van a agotar todas las instancias legales, y más”, prometen los abogados del Estado.

El fallo que todos esperan

¿Puede ganar Argentina la apelación? Es muy complejo anticiparlo. La PTN, con los subprocuradores Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira a la cabeza, creen que sí. Se envalentonaron con lo que creen fue una muy buena audiencia que pudo haber inclinado la balanza a su favor.

Lo que podría decidir la Cámara tiene tres grandes ejes: que digan que Preska se equivocó por completo en la forma de juzgar el caso (gana Argentina), que hizo todo bien (pierde Argentina) y que hay cuestiones que reconsiderar, como por ejemplo dónde se hace el fallo o que hay que recalcular el monto. En ese caso Argentina también celebrará, más allá de que la causa seguirá adelante.

“Será positivo, y somos optimistas aunque sabemos que no es un tema fácil y que el ratio de casos que revoca la corte de apelaciones no es alto. Que las acciones de Burford se hayan desplomado luego de la audiencia de octubre fue una señal del mercado de que ese activo vale menos que antes. Y en otros círculos legales EEUU, donde también hay causas pendientes con el país, nos dicen que están menos preocupados porque el ‘elefante en la habitación’, que representa este mega juicio, pesa menos y ven que sus temas tienen más chances de resolverse”, dicen fuentes del gobierno entendidas en el caso. En el último año, la acción de Burford en Wall Street perdió casi un 40 por ciento.

“Todo esto era impensado hace un año. Nos pedían que corriéremos a negociar y ahora no pasa. ¿Vamos a ganar? No sé, pero el escenario cambió”, agregaron.

Si el fallo es favorable por completo para el país, las autoridades lo considerarán “caso cerrado”, más allá de las apelaciones que seguramente llegarán.

El tribunal podría indicar que la causa debe seguir en el país o devolverle el caso a Preska para que se recalcule el monto de resarcimiento con otro rango de fechas o con un tipo de cambio puntual. Podrían poner ellos el monto, pero no parece ser el caso. Esos escenarios de recálculo detendrían el resto de las causas paralelas. “Negativo sería que digan que todo lo que dijo Preska está bien, pero no creemos que eso pase”, analizan los funcionarios.

Maril resumió la apelación en tres principales preguntas que buscarán responder los jueces. Primero, si el foro apropiado para esta causa es Nueva York o Buenos Aires. No se trata de jurisdicción, un tema que llegó a la Corte Suprema y ya se definió: tiene que ver con cuál es el foro más conveniente para atender esta demanda. El experto aseguró que si ese punto lo ganara el país, el fallo debería salir en estos días, ya que si el foro corresponde a Argentina no haría falta responder las otras dos preguntas: si hay que aplicaciar la ley argentina para resolverlo y todo lo vinculado al monto y la manera en la que se calculó.

Mamushka de causas

Como se dijo, Burford inició una serie de acciones paralelas para intentar cobrar, negociar o hacer ruido para lograrlo, según creen cerca de Milei. Demandas dentro de la demanda.

Básicamente, esos movimientos tuvieron que ver con buscar quedarse con las acciones que tiene el Estado en la empresa y con un amplio pedido de discovery (apertura de pruebas) sobre el caso, que incluye cuestiones como el alter ego, o mostrar que YPF y otras empresas vinculadas al Estado responden a él y acusar al país del desacato y pedir penalidades por no entregar información de los celulares de funcionarios y exfuncionarios. Es una lista larga de nombres, pero hay dos muy sensibles: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

Argentina cree que, en su afán de presionar, Burford busca embarrar la cancha con un pedido tras otro en contra del país, como la imposición de multas diarias de hasta un millón de dólares.

“Argentina cumplió con las órdenes del tribunal hasta donde lo permite la ley local. No se le puede exigir a un funcionario que entregue su teléfono personal, no es discutible bajo el derecho argentino. Además, no existen pruebas ni pedidos formales de alter ego: lo que busca Burford es presionar y desgastar a la Argentina en la espera del fallo de la Cámara”, advirtieron desde la defensa.

El tema de las acciones está suspendido y a la espera de una apelación. Y la semana pasada Preska rechazó la solicitud del Gobierno de suspender el proceso de intercambio de pruebas, medida que se apelará. Consultado por este medio sobre cómo creen que seguirá la causa, Burford evitó comentarios y solo hizo referencia a ese fallo puntual.

“La que tendrá lugar esta semana por la última decisión de la jueza será la sexta apelación simultánea. En orden, son: la causa primaria, la entrega de las acciones, la de la ONG Republican Action for Argentina, una presentada por YPF, que quiere defenderse a sí misma en el caso de este alter ego, la de entrega de celulares de funcionarios, la del discovery, que llegará por estas horas, y se viene una séptima apelación si el país es declarado en desacato, algo que podría pasar esta semana que comienza”, describió Maril.

Tóxico

En el Gobierno no dudan y definen el juicio como “tóxico”, y por varios motivos. Primero por el tamaño y porque es la demanda más grande que un país soberano tiene en un juzgado de EEUU. Buena parte de los ojos de Wall Street y de ambos gobiernos están atentos a lo que finalmente ocurra. Pero también por las implicancias personales que les podrían caber a los funcionarios. Nadie quiere firmar nada.

A pesar de que todos se cansan de decir que no se negocia, sí hubo al menos una reunión oficial por el caso en la PTN. Fue el 19 de diciembre de 2023, cuando recién había jurado Milei. Estuvo Jon Molot, fundador de Burford y funcionarios de la Procuración, entonces encabezada por Rodolfo Barra, y otros integrantes del Gobierno como José Ignacio García Hamilton, titular de la secretaría Legal y Administrativa de Economía. Allegados comentan que podría haber existido al menos otro encuentro de ese tenor que no quedó registrado.

Además, en octubre del año pasado, según consta en los registros de audiencias del Gobierno, el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió en su despacho a Gerardo “Gerry” Mato, un exbanquero de Wall Street, con aceitados contactos políticos y empresariales, tanto en Nueva York como en Buenos Aires, que ahora es CEO de la consultora BluePearl Capital. Fue solo un encuentro “de cortesía”, según consta en los documentos oficiales. Está claro que Burford contrató a Mato por su llegada a los funcionarios locales, aunque por el momento no tuvo mayor éxito en sus gestiones.

La “toxicidad” de la demanda es alta. “Toto” Caputo, por ejemplo, ya avisó que no quiere tener nada que ver con el caso y que, llegado el caso, oficiará de pagador si alguien del Gobierno lo ordena. Nada más. Incluso restringió los chats con Mato, a quien conoce hace décadas.

Este medio consultó en la Casa Rosada en qué instancia sí se podría negociar. La respuesta fue “al final del proceso y con una ley del Congreso que lo autorice”.

Hay otro dato “histórico” que surge de la charla con algunos abogados y especialistas en este caso, y tiene que ver con ciertos reproches procesales a lo largo de esta causa. Creen que en su momento, en 2018-19, no se hizo una buena defensa durante la gestión de Mauricio Macri y con Bernardo Saravia Frías en la PTN. En ese momento, la justicia de EEUU consideró que el país no podía invocar inmunidad por la propia expropiación, algo que los estados sí tendrían derecho a hacer. Fue un hecho público –lo que en la justicia se conoce como “acto e imperio”– pero en EEUU se separó la expropiación de no haber hecho la oferta pública a todos los accionistas, algo que derivó en la demanda actual. La mitad de la biblioteca cree que esa diferenciación fue un error sobre el que no se insistió ni judicial ni políticamente, ya que el tema llegó a la Corte de EEUU y el Departamento de Estado de ese país terminó apoyando a Burford a pesar de la buena relación de Macri con Donald Trump, que estaba en su primer mandato.

Saravia Frías no le respondió a Infobae, pero es pública su explicación de que el derecho anglosajón pone más foco en lo comercial que en poder de acción del Estado que defiende más el derecho continental europeo. El ex procurador siempre creyó que la expropiación estuvo mal hecha por Cristina Kirchner y Axel Kicillof, algo que complicó mucho la defensa. Saravia insiste en que Preska aplicó mal el tipo de cambio y que el valor de la demanda debería ser del 10% del total actual.

El primer hecho en el que este Gobierno se involucró en el caso fue un punto trascendente: Preska ofreció, unos pocos días después de la asunción de Milei, que el país pusiera una garantía monetaria, sin establecer el monto y previa negociación con Burford. Con eso se frenaba el proceso a la espera de la apelación.

“Preska dice que era una garantía simbólica, pero en realidad eran unos USD 5.000 millones. Era ridículo en ese momento. Esa decisión no se apeló porque se puso el foco en la cuestión de fondo y no hacer ruido en la Cámara con una presentación tras otra. Por eso nos sometimos al discovery y recién apelamos cuando se pidió el turnover de acciones, algo ridículo. Fue recién a mediados del año pasado", explican los funcionarios.

El mentado juicio por la expropiación de YPF entra en su etapa final. El fallo de la Cámara de apelaciones puede llegar en cualquier momento. Pase lo que pase, será una bomba.