El Gobierno oficializará en los próximos días aumentos para junio de entre 2,6% y 2,8% promedio en las tarifas finales de gas natural por redes a través de una resolución del Enargas. También desde ese mes se pondrá en marcha un nuevo esquema de ajustes automáticos mensuales por inflación para los servicios de transporte y de distribución -dos de los cuatro componentes de la boleta final que reciben los usuarios-, según tres fuentes al tanto del tema consultadas por Infobae.
De todos modos, la premisa con la que trabaja la Secretaría de Energía es que los incrementos estarán en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y no implicarán un gran impacto en el bolsillo de los hogares. En ese mismo sentido, la definición oficial fue bajar el precio del costo mayorista del gas -Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)- que se traslada a los usuarios durante el invierno.
Las definiciones llegan después de la finalización del proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) en el que Energía definió los ingresos que recibirán las empresas de transporte y distribución durante los próximos cinco años, hasta 2029, a cambio de un compromiso de inversiones en la red.
El Gobierno reconoció a las empresas de gas un incremento en el Valor Agregado de la Distribución (VAD) del 15% promedio a partir de la RQT, con un impacto en torno al 9% para los usuarios residenciales, y un efecto más alto para industrias, comercios y estaciones de servicio que expendedoras de GNC del 30% promedio. En el caso de los hogares, eso implica una suba del 3% real por ese segmento de la boleta. En mayo se aplicó solo 1% y el resto será dividido en 30 cuotas mensuales.
También se dispuso un esquema de ajuste mensual en las tarifas de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural por redes, calculado en base a una fórmula que combina en partes iguales la evolución de la inflación mayorista y minorista de dos meses previos. El objetivo es preservar el nivel real de ingresos de las empresas del sector, para darles previsibilidad y “que vuelvan a ser sujetos de crédito”.
Las empresas comprometieron ante el Gobierno inversiones por más de USD 5.900 millones en los próximos cinco años a cambio de mejoras en su rentabilidad, según informó la Secretaría de Energía de la Nación.
Las boletas de energía incluyen cuatro componentes: precio de la electricidad o gas, transporte, distribución e impuestos. El subsidio es la compensación del Tesoro, a través de Cammesa, a las generadoras por el costo de la energía que no pagan los usuarios. El esquema de segmentación vigente clasifica a los hogares en tres niveles: Nivel 1 (altos ingresos), que pagan el costo pleno; Nivel 2 (bajos ingresos), con mayor bonificación; y Nivel 3 (ingresos medios), con un descuento menor.
“Por otra parte, la cobertura del costo de abastecimiento del gas en mayo es del 84% para los usuarios N1 mientras que los usuarios N2 y N3 pagan el 21% y 27% del costo de abastecimiento respectivamente”, destacó un informe reciente del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA y Conicet.
En ese sentido, Energía también modificó el régimen de subsidios al gas en zonas frías. A partir de ahora, los usuarios con más de un medidor de gas a su nombre recibirán un descuento del 30% en lugar del 50% que se otorgaba anteriormente. Esta medida afecta a aproximadamente 137.975 usuarios y busca focalizar los beneficios en hogares que realmente se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
El régimen de zona fría, financiado por un recargo del 6,2% sobre el costo del gas que pagan todos los usuarios, acumuló un déficit de $54.000 millones el año pasado, cubierto por subsidios estatales. Con esta reforma, el Gobierno apunta a reducir el alcance del régimen, limitando los beneficios a las regiones originalmente contempladas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, y excluyendo a las zonas incorporadas en la ampliación de 2021.
En paralelo, el Ejecutivo se prepara para dar en las próximas semanas un paso clave en la extensión de la concesión de tres distribuidoras de gas natural por 20 años, hasta 2047. En el caso de Metrogas la concreción de esa prórroga implica cumplir con la última condición que había puesto la petrolera de mayoría estatal YPF para vender su participación en la firma de distribución que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que además es la más grande del país.
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