El Comité Evaluador de Proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incorporó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dentro del equipo conformado para atraer grandes inversiones en sectores claves de la economía.
Se trata de un ente autárquico “con personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado” creado a fines de enero de este año a partir de la publicación del decreto 42/2025.
A través de una nueva resolución del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, se estableció que el organismo encargado de analizar los planes de adhesión al régimen quedará integrado por “el titular de la Vicejefatura de Gabinete Ejecutiva de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y por los titulares de las Secretarías de Coordinación de Energía y Minería, de Producción y de Infraestructura, y de las Secretarías de Finanzas, de Hacienda y Legal y Administrativa”. Cada una de estas se encuentra bajo la órbita de la cartera que dirige Luis Caputo.
Tras eliminar la Administración General de Puertos (AGP), el Poder Ejecutivo dio la orden de avanzar con la ANPyN, la cual está conformada por una Unidad de Auditoría Interna y funciona con dos gerencias de Coordinación Legal y Administrativa y de Coordinación Técnica. Es la “única Autoridad Portuaria Nacional y Autoridad de Aplicación de las leyes vigentes y aplicables en las materias de su competencia, conjuntamente con sus reglamentaciones”.
La ANPyN comenzó a estar operativa tras la intervención de la AGP que buscaba asegurar la continuidad de la gestión en lo que atañe a la administración de bienes, recursos, derechos y obligaciones a transferir, así como lo relativo al cumplimiento y seguimiento de los contratos en curso de ejecución. En este sentido, se estableció por decreto que sería la encargada de elaborar, ejecutar y evaluar “políticas y planes referidos a los puertos, puertos secos, vías navegables, transporte fluvial y marítimo y nodos logísticos y multimodales”, entre otras tareas.
Previamente, la Autoridad de Aplicación había creado el Comité Evaluador de Proyectos para englobar las acciones más importantes del RIGI. Dentro de sus funciones, s encuentran el análisis de los planes de inversión presentados por los Vehículos de Proyecto Único (VPU). En la primera resolución -814/2024— detallaban la conformación del área, normativa que quedó modificada con la reciente Resolución 521/2025.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue creado con la finalidad de estimular proyectos de inversión de gran escala en sectores clave de la economía argentina. Mediante este esquema, se busca fomentar la llegada de nuevos activos nacionales como extranjeros, contribuyendo a asegurar el crecimiento económico del país. Además, impulsa el desarrollo de la competitividad en diversas ramas de actividad, robustecer la capacidad exportadora de bienes y servicios vinculados a los sectores incluidos en el régimen y promover la generación de nuevos puestos de trabajo.
En este contexto, el Ministerio de Economía comunicó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que los ocho proyectos que buscan incorporarse representan un total de USD 12.400 millones. Cerca de dos tercios del capital previsto se destina a desarrollos de shale oil y gas en la formación de Vaca Muerta, uno de los principales polos energéticos del país. El resto de las inversiones proyectadas se distribuye entre actividades de minería, energías renovables y el sector industrial. Se suman también sectores como forestoindustria, turismo, infraestructura, tecnología y siderurgia, lo cual amplía el alcance hacia distintas áreas estratégicas de la economía nacional.
Hasta ahora el único proyecto aprobado por el Gobierno fue el de YPF Luz, para su parque eólico “El Quemado y Anexos” por unos USD 200 millones y el resto se encuentra en estado de revisión.
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