A horas de que el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) autorizara un desembolso inmediato de USD 12.000 millones al gobierno argentino, el organismo internacional presentó un documento sobre “reformas estructurales” de la Argentina. En el escrito, el FMI destaca que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, seguirá implementando la histórica legislación estructural (Ley Bases) e impulsará reformas adicionales para desregular y abrir la economía. Cabe recordar que, por invitación de la directora-.gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, Sturzenegger integra un Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento del organismo, del que participan altos funcionarios internacionales.
El documento del FMI sostiene que se están mejorando la eficiencia y la gobernanza de las funciones estatales mediante el cierre de varios organismos descentralizados y fideicomisos, la racionalización y eventual privatización, en algunos casos, de empresas estatales, y la automatización y digitalización de los procesos administrativos, algo que el organismo ve con buenos ojos.
El documento distingue además tres grandes aristas de la política económica argentina: la desregulación, el funcionamiento del mercado y el intercambio comercial.
En el primer punto -desregulación-, el FMI estimó que los esfuerzos para consolidar las entidades estatales (fondos fiduciarios, oficinas estatales, empresas estatales) y profesionalizar el servicio público continuarán mejorando la eficiencia del estado y racionalizando funciones/estructuras innecesarias, al tiempo que garantizan una provisión adecuada de bienes y servicios públicos clave y mejoran la gestión financiera pública.
Reducir la burocracia
“Tras la introducción de procedimientos de autorización automática o aprobación tácita, que aliviaron significativamente las cargas administrativas en las operaciones comerciales, se continuarán los esfuerzos para reducir la burocracia, incluso mediante la expansión de la digitalización de los procesos administrativos”, remarcaron desde el organismo internacional.
Además, el programa también apoyará la agenda de las autoridades argentinas dirigida a mejorar la eficiencia y la transparencia de los procesos de contratación pública; fortalecer los marcos anticorrupción, incluso mediante la actualización de la Ley de Ética Pública; y desarrollar la implementación de las recomendaciones del reciente informe del GAFI, donde se dará prioridad temprana a las acciones dirigidas a mitigar los riesgos de lavado de dinero transfronterizo (finales de septiembre de 2025). “Estas reformas se llevarán a cabo en colaboración con el Fondo y otros socios para el desarrollo”, precisaron.
En lo que respecta al funcionamiento del mercado, el FMI consideró que unas reformas cuidadosamente planificadas fortalecerán aún más la flexibilidad del mercado laboral, a la vez que reducirán las barreras de entrada para fomentar la competencia y el empleo formal.
“Basándose en la agenda desregulatoria impulsada desde diciembre de 2023 en sectores clave de redes y servicios (por ejemplo, el mercado de alquileres), las autoridades ampliarán estos esfuerzos reduciendo las barreras de entrada y mejorando la competencia en otros sectores”, apuntaron.
Para el FMI, estos esfuerzos se verán respaldados por las recientes mejoras e implementación de la Ley de Competencia, así como por las evaluaciones continuas de las prácticas antimonopolio en sectores específicos. “En conjunto, estas reformas están ayudando a mejorar la asignación de recursos y a abordar los márgenes de beneficio excesivos de años anteriores”, indica el escrito.
“En el ámbito laboral, tras las reformas destinadas a permitir una mayor flexibilidad para negociar salarios y el régimen de indemnizaciones por despido a nivel sectorial, se seguirán impulsando la adhesión al nuevo marco, al tiempo que se considera una reforma más amplia de los mercados laborales”, apuntaron.
En términos más generales, consideraron que estas reformas del mercado deberán complementarse con una reforma del sistema tributario, así como con políticas activas del mercado laboral para apoyar la movilidad de los trabajadores hacia sectores con mayor potencial y mayor ventaja comparativa, especialmente a medida que se eliminan las restricciones a las importaciones.
Por su parte, en relación al comercio, el FMI sostuvo que las autoridades continuarán eliminando gradualmente las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias a medida que las condiciones fiscales lo permitan. “Estos esfuerzos cuentan con el apoyo del préstamo de apoyo presupuestario para el sector fiscal y la competitividad del Banco Mundial, que incluye medidas para expandir los volúmenes de exportación agroindustrial (5% interanual en 2026) y facilitar el acceso a productos intermedios y de capital, incluyendo la reducción de la duración del despacho aduanero", explicaron desde el Fondo Monetario Internacional.
Además, aseguraron, el Gobierno de Argentina garantizará una implementación efectiva, transparente e imparcial del RIGI, cuyo objetivo es brindar previsibilidad fiscal y regulatoria para incentivar grandes inversiones y fomentar el desarrollo de sectores estratégicos (especialmente energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento). “Esto se complementaría con esfuerzos para abordar las importantes deficiencias de infraestructura de Argentina, incluyendo la obtención de los recursos presupuestarios necesarios para la finalización oportuna de proyectos prioritarios de infraestructura pública, incluida la segunda fase de los gasoductos. Se espera que un nuevo marco regulatorio para las asociaciones público-privadas, con el apoyo del Banco Mundial, incentive al sector privado”, comentó el organismo.