Cuáles son las barreras que enfrenta EEUU para exportar a la Argentina, según Washington

Al igual que otros países de la región, la Argentina enfrentará a partir del 5 de abril una tarifa del 10% a la hora de exportar a los Estados Unidos, en el marco de la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles recíprocos generalizados para impulsar la industria norteamericana. Un informe de la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR) enumera las barreras y restricciones que tienen sus productos al ingresar al país. Desde el cepo a la falsificación de bienes de La Salada.

Se trata de un reporte anual llamado Estimación Nacional de Comercio (NTE, por sus siglas en inglés) que se presentó a la presidencia y el Congreso recientemente y que cobra relevancia con la America First Trade Policy y da un indicio de los motivos que llevaron al Gobierno estadounidense a definir los aranceles anunciados en el “Día de la liberación”.

“Ningún presidente estadounidense en la historia moderna ha reconocido tanto como el presidente Trump la amplitud y el perjuicio de las barreras comerciales extranjeras que enfrentan los exportadores estadounidenses”, afirmó el embajador Jamieson Greer. “Bajo su liderazgo, esta administración trabaja con diligencia para enfrentar estas prácticas injustas y no recíprocas, con el objetivo de restablecer la equidad y priorizar a las empresas y trabajadores estadounidenses en el mercado global”, agregó.

Para poner el reporte en perspectiva, es relevante mencionar los datos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) que muestran las diferencias en los aranceles que pagan las exportaciones argentinas versus las importaciones americanas:

1. “En alimentos, Argentina grava la importación en un 16 por ciento, mientras que Estados Unidos tiene un arancel del 4,6 por ciento.

2. En químicos y productos industriales, Argentina cobra 8,1 por ciento y Estados Unidos impone un 0.3 por ciento.

3. En plásticos, el arancel local es de 11 por ciento frente al 1,4 por ciento del país norteamericano.

4. En textiles, la Argentina cobra la tarifa más alta, con 20,9 por ciento, mientras que en EE.UU se aplica un 6,1 por ciento.

5. En metales, la tarifa local es de 13,7 por ciento y el impuesto estadounidense es de apenas el 0.2 por ciento”.

Definitivamente, la decisión del Gobierno republicano impactará en el sector exportador argentino, fundamentalmente en aquellos dedicados a maquinaria, insumos industriales y productos químicos, que son los bienes que más se envían a EE.UU.

Ahora bien, en la página 22 del informe de la USTR comienza el apartado dedicado a Argentina, detallando impuestos, barreras, aranceles y restricciones en el comercio.

El país “mantiene una variedad de tributos y exenciones sobre productos importados. El 23 de diciembre de 2019, el Congreso sancionó la Ley 27.541 de Emergencia Pública, que elevó al 3% la tasa del derecho de estadística sobre bienes importados para consumo. Están exentos los bienes ingresados temporalmente, los insumos para exportación y los destinados a investigación científica o tecnológica. El Decreto 1140/2024 prorrogó esta tasa hasta el 31 de diciembre de 2027″, dice el documento.

“El proceso de recaudación impositiva impone una carga adicional a las importaciones al requerir el pago anticipado de tributos. Al ingresar bienes, se retiene un porcentaje como adelanto del impuesto a las ganancias, más un adelanto del impuesto al valor agregado (IVA) de entre 10% y 20%, salvo para bienes de uso personal. También se retiene entre 6% y 11% en concepto de adelanto de ganancias. Los bienes de consumo pagan un adelanto adicional de IVA del 20% y los bienes de capital, del 10%. Aunque algunos impuestos se compensan después, el proceso suele demorar. En un contexto inflacionario, este sistema afecta en mayor medida a los importadores”, explica.

Desde 2022, se exige información adicional para tramitar la devolución del IVA a las exportaciones, lo que ha generado demoras y mayores costos e incertidumbre.

En cuanto a restricciones, resalta la restricción a la importación de bienes de capital usados y dedica un párrafo al extinguido Impuesto PAIS: “Entre 2019 y 2024, la mayoría de los bienes y servicios importados estuvieron alcanzados por el impuesto PAIS, con alícuotas de entre 7,5% y 30%, lo que encareció significativamente los productos extranjeros. Esta ley venció el 23 de diciembre de 2024 y no fue renovada. Desde fines de 2022, la Resolución General 5272/2022 obliga a pagar por adelantado el impuesto a los bienes personales (30% del valor del bien o servicio en algunos casos)”.

En el reporte no faltaron las críticas al cepo y a cómo impacta en el comercio: “Pese a mejoras, persisten limitaciones en el acceso al mercado de cambios para pagar importaciones. Desde el 1 de agosto de 2024, el Banco Central (BCRA) redujo los plazos de pago de 120 días (cuatro cuotas mensuales) a 60 días (dos cuotas). Luego, desde el 21 de octubre de 2024, los acortó a 30 días desde la fecha registrada de arribo de la mercadería. La norma se aplica a todos los productos y empresas, salvo excepciones en energía, minería y transporte, que tienen acceso inmediato”.

“Aún persisten restricciones que requieren negociaciones entre empresas o acceso al crédito, lo que incrementa los costos. Muchas firmas deben pagar anticipadamente y no pueden usar transferencias entre compañías en el exterior”, indican.

De todos modos, se valoró la quita de algunos obstáculos el año pasado: “Durante 2024, el Ministerio de Economía emitió varias resoluciones para facilitar el comercio internacional, como eliminar procesos duplicados, reducir controles de calidad y suprimir el análisis de “capacidad económico-financiera” de los importadores. También se eliminó el canal rojo automático para bienes sujetos a antidumping y se flexibilizaron requisitos de seguridad para bicicletas y textiles”.

Al mismo tiempo, la USTR se refirió a la consularización de documentos de importación exigida por Argentina. El país “impone requisitos costosos y demorados para legalizar documentos de importación, en contraste con las prácticas actuales a nivel global. Las facturas comerciales y listas de empaque deben estar legalizadas por un consulado argentino en el país exportador. Este proceso requiere que los documentos estén previamente firmados por una cámara de comercio reconocida por el consulado. Además, se exige un certificado de origen autenticado por una embajada o consulado argentino, o con sello de una cámara de comercio estadounidense”.

En lo que respecta al subtítulo “Protección de la propiedad intelectual”, afirman: “La aplicación de los derechos de propiedad intelectual continúa siendo limitada: los mercados de La Salada y el Barrio Once están incluidos en la lista de ‘mercados notorios’ por falsificaciones y piratería de 2024. La Salada, uno de los mayores mercados negros de Argentina, también comercializa productos falsificados en línea. El régimen legal actual y la débil fiscalización dificultan que los titulares de derechos, las autoridades y la Justicia puedan combatir estas actividades”.

La cuestión es que incluso con estas dificultades Argentina tienen un déficit comercial crónico con EE.UU, promediando un rojo de aproximadamente USD 2.700 millones. En 2024 se registró un leve superávit en la balanza comercial (USD 229 millones), vinculado a la fuerte recesión; es decir, se trata de un saldo positivo meramente coyuntural.

El canciller Gerardo Werthein se reunirá este jueves con Greer para iniciar una negociación que permita aplacar los aranceles de la administración republicana. Será el primer canciller de un país afectado por las nueva políticas comerciales que pueden iniciar una mesa de diálogo.

Por el momento, no hay señales de la firma de un acuerdo de libre comercio con EE.UU, pese a las reiteradas manifestaciones del presidente Javier Milei respecto al tema y la declaración de Trump, quien al ser consultado sobre esta posibilidad, dijo: “Consideraré cualquier cosa. Creo que es un gran líder. Ha rescatado a ese país del olvido. Sí, analizamos las posibilidades”.