Tal como se había anunciado, el Gobierno nacional dejó sin efecto el llamado a licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná y ordenaron a la Gerencia de Asuntos Jurídicos realizar un exhaustivo informe que será remitido a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
La decisión había sido adelantada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, hace poco más de 10 días. “La única oferta presentada fue la de DEME, que se ocupó de teñir el proceso de denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, que desistieron pocos días antes (de la presentación de ofertas)”, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.
Ahora, la medida se hizo efectiva mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 7/2025, que establece: “Déjase sin efecto el procedimiento de selección por el cual tramita la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2024, convocada por la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables mediante Disposición N° 34/24, en el marco de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, re-dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico”.
Además, la normativa dispone que se instruya a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a realizar un informe pormenorizado del procedimiento licitatorio y remitir las actuaciones a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Entre sus argumentos, mencionaron que, “conforme el sistema CONTRAT.AR, el procedimiento contó con 11 empresas inscriptas para participar y se realizaron 121 consultas a través del sistema mencionado, las cuales fueron contestadas en tiempo y forma”. “La apertura del Sobre N° 1 se obtuvo como resultado una única oferta, presentada por la firma Dredging, Environmental and Marine Engineering NV, CUIT N° 20-20617010-8”, informaron.
Sobre esto, el Ejecutivo sostuvo que “es un principio cardinal de todo procedimiento licitatorio la concurrencia de una gran variedad de oferentes a efectos de permitir una mayor competencia que favorezca la selección de la oferta más conveniente para el Estado nacional”.
Al respecto, Adorni había indicado que el Gobierno se comprometió, desde el inicio del proceso, a llevar a cabo una licitación “transparente y competitiva”. También recordó que se había estipulado como condición cancelar el proceso si solo se presentaba un único oferente. En esa línea, mencionó que, a lo largo del procedimiento, hubo “presiones” provenientes de sectores políticos, empresariales y mediáticos para modificar los requisitos técnicos del pliego. Además, se realizaron acusaciones al Gobierno por un supuesto direccionamiento a favor de Jan de Nul, la actual concesionaria de la Hidrovía, que finalmente no presentó una oferta.
Por su parte, el Ejecutivo respondió a las impugnaciones de los oferentes potenciales y sostuvo que la justicia validó en tres instancias la legalidad del proceso licitatorio. Sin embargo, Adorni insistió en que la única oferta recibida fue la de DEME, empresa que había presentado denuncias previas sobre la supuesta falta de transparencia y que desistió de participar antes de hacerlo como único competidor.
El vocero afirmó que la investigación tiene como objetivo “aclarar los acontecimientos ocurridos en el marco de esta licitación” y determinar responsabilidades penales en caso de un intento de fraude. Posteriormente, cedió la palabra a Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, quien proporcionó detalles técnicos sobre la situación.
Arreseygor destacó que “el hecho de que DEME se haya presentado como única empresa demuestra que estuvimos ante un procedimiento administrativo transparente por parte del Estado nacional, el cual fue avalado tres veces en la Justicia”.