En medio de la disputa por los impuestos provinciales y municipales, el Gobierno Nacional le recomendó a la provincia de Buenos Aires la libre elección bancaria de los municipios para pagar sueldos estatales y así “asegurar la libertad de elección y la competencia”. La sugerencia nació de una acción ante Defensa de la Competencia iniciada por Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero.
“Los 135 municipios bonaerenses están obligados a operar con el Bapro en sus cuentas sueldo. Eso no ocurre en ninguna otra provincia. En otros lados licitan, obtienen un pago y consiguen beneficios para trabajadores”, dijo Valenzuela a Infobae.
“Esto es un fundamento para una acción legal. Vamos a buscar conseguir. O que dé libertad o licite su nómina”, agregó el intendente recientemente incorporado a La Libertad Avanza.
Puntualmente, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CNDC), instó al gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, a revisar dos leyes que obligan a los municipios a pagar sueldos sólo a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
“La medida busca mejorar las condiciones para municipios y empleados, fomentando la libre elección bancaria y la competencia”, indican fuentes oficiales.
Se trata de un servicio que solo puede brindar el banco de la provincia por un decreto de 1979 y la Ley provincial 14.881. Estas normas impiden que los municipios puedan licitar el servicio y elegir la entidad bancaria.
“La CNDC, al revisar las normativas, concluyó que el actual sistema beneficia a un solo banco al imponer a los municipios y otros organismos públicos el uso exclusivo de sus servicios para el pago de sueldos. Esta regulación limita la competencia al desincentivar la libre elección y favorece de manera indebida a una entidad en detrimento de otros actores del sistema financiero, tanto públicos como privados. También se recomienda informar al Banco Central de la República Argentina sobre esta Resolución y el dictamen de la CNDC”, comunicó la cartera de Comercio.
“Esta acción forma parte de las medidas que el gobierno nacional implementa para simplificar procesos, normalizar la economía y mejorar la competitividad, promoviendo un entorno justo donde no se otorguen ventajas indebidas, sino que se fomente la libre competencia y la eficiencia en el mercado”, agregó.
Esto surge en un marco en que el Ejecutivo busca también privatizar el Banco Nación. Su titular, Daniel Tillard, ya había confirmado la intención a principios de 2024: “La transformación en Sociedad Anónima es central para crecer, alcanzar eficiencia y mejorar la transparencia en la gestión del BNA. Un comienzo será reemplazar la sindicatura unipersonal actual a favor de una sindicatura colegiada de tres miembros como en todas las sociedades”. Asimismo, la entidad indicó en un comunicado recientemente: “La transformación en SA es imprescindible para que el Banco continúe aumentando los préstamos a favor de las pymes y las familias”.
El conflicto por las tasas municipales
Además, cabe recordar los sucesivos cruces entre el Ministerio de Economía y el gobierno bonaerense por las tasas municipales. Por caso, el Palacio de Hacienda ya inició acciones legales contra la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Lomas de Zamora por la tasa vial, un cargo aplicado al precio del litro de combustible que, según las autoridades, sería ilegal.
El argumento principal del Gobierno nacional se basa en que la Ley de Coparticipación establece que los organismos subnacionales no pueden gravar actividades ya gravadas por el Gobierno nacional, como en este caso el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que aplica un porcentaje sobre el expendio de combustibles, igual que la tasa vial.
Previamente, se había prohibido también que los proveedores de servicios públicos cobren en sus boletas tasas que no correspondan con el respectivo servicio, con el fin de desalentar a los municipios a seguir creando tasas y cobrarlas de forma indirecta.
Pero no es solo un reclamo hacia la jurisdicción de Kicillof sino que se extendió al resto de las provincias y la cartera económica pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable. El principal motivo detrás del conflicto es el impacto en la inflación que pueden generar esos cargos.