El Gobierno avanza en la conformación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación

Luego de la disolución de Administración General de Puertos (AGP), el Gobierno avanza en el proceso de conformación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANGPyN), que será el organismo que asuma las funciones de la sociedad estatal.

Mediante la resolución 21/2025, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía dispuso que el interventor de lo que era la AGP continúe con el ejercicio de sus tareas “para asegurar la continuidad de la gestión en lo que atañe a la administración de bienes, recursos, derechos y obligaciones a transferir, así como lo relativo al cumplimiento y seguimiento de los contratos en curso de ejecución”. Según aclaran, esto será hasta que la ANGPyN se encuentre “totalmente operativa”.

En este contexto, dispusieron que el interventor informe mensualmente a la agencia sobre las “medidas y acciones adoptadas para llevar adelante el proceso de liquidación y traspaso de los bienes, recursos, activos, derechos y obligaciones a los que se refiere el artículo 7° del decreto 3/25″.

De esta manera, la medida refiere a la normativa que dispuso la disolución de la AGP SAU) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. En simultáneo, se creó la ANPYN, un ente autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Tal como establecieron, la entidad asumirá el rol de concesionario de la vía navegable troncal hasta que se adjudique una licitación. Mientras que una vez que se entregue la concesión, estará a cargo de la fiscalización y el control, por si mismo o por terceros.

Según consideró el Gobierno, “a lo largo de los últimos años la AGP ha incrementado notablemente su estructura administrativa y la planta de personal con relación a la sus funciones y competencias”.

La conducción de este organismo estará a cargo de Iñaki Miguel Arreseygor, quien se desempeñaba como subsecretario de Puertos y Vías Navegables .

Con la publicación de este decreto, la AGP se transformó en la segunda empresa estatal disuelta por la actual administración. En octubre, el gobierno ya había liquidado Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), argumentando que la entidad no cumplía funciones esenciales.

Actualmente, se encuentra en marcha la licitación para el dragado de la hidrovía del río Paraná, por donde transita el 80% de las exportaciones del país. Este proyecto representa un negocio estimado en 9.000 millones de dólares, lo que generó una intensa competencia entre las principales empresas dragadoras del mundo.

Según la resolución que regula el proceso de licitación de la hidrovía del río Paraná, las “personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales” no pueden participar, conforme al artículo 16°. Esto impacta directamente a empresas como Shanghai Dredging Co., una filial de la China Communications Construction Company (CCCC), que queda excluida de la competencia por su naturaleza estatal.

Desde el vencimiento de la concesión original en 2021, la AGP asumió la gestión de la Hidrovía del río Paraná, implementando un modelo que involucró a siete provincias y ocho ministerios. Este esquema, sin embargo, evidenció problemas de eficiencia y coordinación. Durante este período, la AGP subcontrató las tareas de dragado y balizamiento a Jan de Nul y Emepa, antiguos concesionarios de la vía fluvial. En 2022, se lanzó una licitación internacional para el dragado, pero esta fue cancelada tras la impugnación de oferentes como la danesa Rodhe Nielsen y la china CCCC Shanghai Dredging.

La Shanghai Dredging Co., filial de la China Communications Construction Company (CCCC), no opera como una empresa privada convencional. Se trata de una forma que es parte de una de las mayores corporaciones estatales chinas, con proyectos que están alineados con los intereses estratégicos de Beijing. Además de sus actividades en infraestructura, como dragado y mantenimiento portuario, CCCC desempeña un rol clave en las ambiciones geopolíticas y militares de China.

Este contexto coincide con la disolución de la AGP, un hecho que ocurre en un momento crítico para el comercio exterior argentino, dado que el 80% de las exportaciones del país transita por esta hidrovía.

Las compañías europeas son protagonistas en esta licitación. Entre los posibles competidores se encuentran Jan de Nul, actual operadora, y otras firmas de Bélgica y Holanda, como Boskallis y DEME Group, reconocidas por su experiencia y capacidad técnica en obras de dragado. Estas empresas poseen un historial sólido en proyectos internacionales, lo que las posiciona como las principales contendientes para asegurar el control del Paraná.