La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) alertaron sobre una “situación de quebranto inminente” al quedar fuera del régimen de reducción de retenciones anunciado por el Gobierno. Según estas entidades, la medida agrava las dificultades de un sector ya impactado por la caída de los precios internacionales y una elevada carga impositiva.
En un comunicado conjunto, las cámaras señalaron que, además de las retenciones, la actividad pesquera está gravada por el Derecho Único de Extracción (DUE), cuya alícuota fue incrementada por el Consejo Federal Pesquero en diciembre pasado. Esta combinación de altos costos operativos y tributarios pone en riesgo la sostenibilidad de pesquerías clave para la economía regional.
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron la baja temporal de retenciones a los principales cultivos agroindustriales y la eliminación permanente para varias economías regionales. El Gobierno estimó que el costo fiscal de la medida será de 800 millones de dólares.
Caputo afirmó que el superávit fiscal alcanzado gracias al plan económico ortodoxo permitió avanzar en estas reducciones impositivas. Entre los productos beneficiados están la soja, cuyo gravamen pasará del 33% al 26%, y otros cultivos como trigo, cebada, maíz y girasol, que experimentarán bajas proporcionales hasta junio.
En el caso de las economías regionales, productos como azúcar, algodón, tabaco y cuero bovino, entre otros, quedaron exentos de retenciones. Según las autoridades, estas actividades generaron exportaciones por más de 1.100 millones de dólares en 2024.
A diferencia del agro, el sector pesquero no fue incluido en estas reducciones. CAPeCA y CAPIP manifestaron que esta decisión amenaza la continuidad de una industria que anualmente procesa 793.000 toneladas de productos pesqueros, genera 46.000 empleos directos y exporta a más de 100 mercados internacionales, aportando 1.981 millones de dólares en divisas al país.
La exclusión del régimen impositivo también genera incertidumbre sobre el esfuerzo de las empresas para garantizar la sostenibilidad medioambiental. Los representantes de las cámaras destacaron que los altos costos operativos y las alícuotas impositivas están afectando tanto la rentabilidad de las empresas como su capacidad para mantener estándares de sostenibilidad.
"Además de retenciones, hoy el sector pesquero está gravado con el DUE (Derechos Únicos de Extracción), que en diciembre pasado, el Consejo Federal Pesquero los incrementó en forma muy elevada. La combinación de altos costos y excesiva carga tributaria pone en riesgo la continuidad de pesquerías muy importantes, que ya presentan situación de quebranto"
La industria pesquera tiene un papel estratégico en la economía regional, argumentaron las cámaras del sector. Especialmente en provincias como Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según las cámaras, los productos como langostinos, calamar y merluza representan el 80% de las exportaciones del sector y son fundamentales para el ingreso de divisas y el desarrollo local.
En este contexto, CAPeCA y CAPIP solicitaron al Poder Ejecutivo que incluya al sector en las reducciones de retenciones, argumentando que medidas similares podrían asegurar su sostenibilidad económica y social.
El margen parece estrecho. Caputo afirmó que la política fiscal actual busca mantener el superávit sin comprometer la sostenibilidad financiera del país. Aunque reconoció la necesidad de reducir impuestos, subrayó que este proceso dependerá de la consolidación fiscal en curso. “No podemos comprometer el esfuerzo de los argentinos por más buenas intenciones que tengamos”, indicó.
El pedido del sector pesquero se suma al de otras industrias que buscan un tratamiento impositivo equitativo frente a las recientes medidas tomadas para el campo. CAPeCA y CAPIP enfatizaron que la exclusión de la pesca del régimen de beneficios puede generar un impacto negativo en la economía regional y en la sostenibilidad de sus operaciones.
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