El Gobierno porteño impulsa en la legislatura un plan regularización de deudas: qué impuestos incluye

De acuerdo al proyecto enviado la cancelación se podrá hacer en un plazo de hasta 4 años. También habría condonación de intereses

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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires portada
El plan será para deudas vencidas en 2024

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa un plan de facilidades para deudas de todos los impuestos en la legislatura porteña. El proyecto establece que alcanzará a deudas administrativas y judiciales y propone la condonación total o parcial de intereses resarcitorios y punitorios.

La regularización de deudas incluye aquellas por impuestos Inmobiliario/ABL, Patente Vehicular, Sellos, Ingresos Brutos, Publicidad y demás tributos. La propuesta está dirigida a la cancelación de deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2024, las cuales se podrán pagar en hasta 48 cuotas.

En relación a la condonación de intereses y punitorios, esta será total o parcial, de acuerdo a los plazos elegidos al momento de adhesión al plan.

Al respecto, el jefe de gobierno, Jorge Macri, señaló que “este plan de regularización de deudas impositivas se enmarca en el paquete de medidas que anunciamos días atrás, con el objeto de reducir la carga tributaria a los vecinos de la Ciudad. En este caso puntual queremos darle la oportunidad de ponerse al día a aquellos que, por la crisis económica de estos últimos años, no pudieron cumplir con sus obligaciones tributarias en tiempo y forma”.

Desde el gobierno porteño indicaron que, de aprobarse el proyecto, los contribuyentes que tengan deudas en juicio de ejecución fiscal, cualquiera sea el estado de la causa, podrán adherirse al plan de regularización, lo que suspenderá los plazos de los procesos judiciales ya iniciados. Si se cancela la deuda total, ya sea al contado o a través de un plan de pagos, se extinguirá la acción penal.

Pago Tasas Impuestos
Jorge Macri: "Queremos darle la oportunidad de ponerse al día a aquellos que, por la crisis económica de estos últimos años, no pudieron cumplir con sus obligaciones tributarias en tiempo y forma" (Foto: Shutterstock)

En tanto, los agentes de recaudación podrán cancelar las deudas regularizadas por retenciones o percepciones efectuadas y no ingresadas hasta el 31 de diciembre de 2024, en un máximo de seis cuotas.

La iniciativa va en línea con las medidas de alivio fiscal anunciadas días atrás para comerciantes, monotributistas y jubilados. En este sentido, se eximió del ABL a más jubilados y pensionados. Dejan de pagarlo aquellos que cobran menos de cuatro jubilaciones mínimas, aproximadamente $1.063.000; y si el valor fiscal de su casa no supera los $40 millones. También alcanza a las personas con discapacidad. El trámite se puede hacer a través de la página web de AGIP.

Por otra parte, se instauró la devolución express, en 96 horas hábiles, de saldos a favor menores o iguales a $2 millones para quienes tributan Ingresos Brutos. Alcanza a 221.000 contribuyentes y se puede gestionar el trámite de manera online.

En lo que respecta a nuevas propuestas que se harán en la legislatura, se encuentra la exención y reducción de las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los servicios no profesionales como plomeros, electricistas o peluqueros, centros de estética, administración de consorcios, fotografía y limpieza.

También se impulsa una alícuota del 0% en el Impuesto de sellos de los contratos de alquiler con destino comercial y turístico, así como para operaciones de leasing de vehículos, y las de adhesión y cesión de cuotas de fideicomisos de desarrollos inmobiliarios.

Hacia delante, desde el gobierno de la Ciudad informaron que con ARCA -ex AFIP- se está trabajando en el régimen simplificado que unifica los impuestos locales con el Monotributo Nacional. Según detallaron, este esquema busca reducir trámites y costos asociados al cumplimiento tributario. Se abona una cuota mensual fija, sin que se apliquen retenciones en cuentas bancarias o en tarjetas de débito y crédito.

Por último, se presentará un proyecto de ley para adherir al Régimen Nacional de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y al blanqueo impulsado por el Ejecutivo nacional.

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