Por el ajuste en obra pública, subsidios y jubilaciones, el Gobierno bajó un 26% el gasto público en 2024

El Gobierno ejecutó un recorte en el gasto total cercano al 26% en el primer año de mandato de Javier Milei, que estuvo basado en el gasto en jubilaciones y pensiones, en subsidios económicos, transferencias a provincias e inversión en obra pública. Así lo relevaron dos estimaciones privadas en base a datos preliminares oficiales. El Ministerio de Economía estimó que el 2024 finalizó con un superávit primario de 1,9% del PBI, y de 0,3% al contemplar el pago de intereses de deuda.

La pata fiscal del programa económico libertario estuvo marcado por un ajuste inmediato en algunas partidas del gasto público para conseguir de forma temprana indicadores superavitarios en los primeros meses de gestión, como gesto al mercado de que el Estado nacional no necesitaría financiamiento ni por la vía de asistencia monetaria del BCRA ni por endeudamiento neto adicional. Además, buscó con esa poda inicial dar una señal de solvencia a los tenedores de los bonos.

Los primeros datos del gasto devengado -esto implica gastos “comprometidos” pero no necesariamente pagados- de diciembre y globales del 2024 recopilados por consultoras privadas dan cuenta de que el año pasado el ajuste del gasto primario fue de 27% y en términos generales, al sumar el gasto de capital, de 26% en los doce meses del 2024.

Números preliminares de Analytica reflejan que esa caída de 27% en el gasto primario estuvo sostenido, entre otros, por un recorte en la partida de jubilaciones y pensiones del orden del 14%, que es el renglón de las erogaciones más grande del presupuesto. La secuencia para este caso fue particular: la poda estuvo mucho más concentrada en los primeros meses del año y tuvo una tendencia más suave desde que se implementó, por decreto, la fórmula mensual por inflación. En diciembre, directamente creció el gasto jubilatorio en un 20% en comparación con ese mes de 2023.

La poda en la obra pública

La obra pública fue otro de los blancos centrales de la motosierra del gasto. A lo largo de todo el año pasado, ese gasto se desplomó 76%, desde 8,6 billones de pesos en 2023 hasta 2 billones (siempre en pesos constantes) en 2024. Las transferencias a provincias tuvieron un derrumbe de casi 70 por ciento, seguido por otros Programas sociales (-41%), subsidios económicos (-37%), gasto en personal (20 por ciento), midió Analytica.

Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) en base a los mismos datos oficiales consideró que el recorte de gastos fue tan heterogéneo que generó cambios en la estructura general del presupuesto. “El Presupuesto de la Administración Pública pasó a estar más enfocado en los Gastos Corrientes, en particular en las Jubilaciones y Pensiones (pasaron de representar el 34,1% del Gasto Total en 2023, al 39,7% en 2024, incrementando su participación en 5,6 puntos porcentuales), en detrimento de los Gastos de Capital, que pasaron del 6,7% en 2023 al 2,5% del Gasto Total en 2024″, mencionó ASAP.

Esa entidad especializada en cuentas públicas también hizo una proyección, también con datos oficiales de los ingresos totales de 2024, que la administración nacional habría terminado el año con un déficit financiero de 1 billón de pesos y un superávit primario de 8,96 billones de pesos. Ambos números no son comparables con los datos fiscales que informa la Secretaría de Hacienda de manera mensual porque se trata del gasto devengado -no “base caja” que contempla la medición oficial- y porque solo incluye la administración nacional, sin organismos descentralizados y otros entes públicos.

El economista Nadin Argañaraz intentó medir, con la misma información disponible, cuál fue la reducción del gasto público de 2024 en relación al Producto Bruto. “De un gasto devengado del 19,9% del PBI en 2023, se pasó a uno del 15,7% del PBI en 2024, resultando una caída del peso relativo del gasto total devengado de 4,2 puntos porcentuales del PBI entre ambos años”, calculó Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Además estimó que de las 29 finalidades en las que se puede clasificar al gasto público, hubo solo tres que tuvieron un aumento en su peso relativo en el presupuesto, mientras que el resto se mantuvo estable (en 4 casos) o cayó (en otros 22), en distintas dimensiones. Entre las que más se contrajeron, identificó “Promoción y asistencia social, Seguridad social, Educación y cultura, Energía, combustibles y minería, Transporte y Relaciones interiores”. “Entre estas 6 finalidades aportaron un 80% de la reducción del peso relativo del gasto de la Administración general en términos del PBI”, aseguró Argañaraz.

El horizonte fiscal al que aspira el Gobierno para el 2025 implica, de mínima, sostener el equilibrio en las cuentas públicas. Esto es: que el Estado nacional tenga un superávit primario suficiente para tener cubiertos los pagos de intereses de deuda. El Presupuesto 2025 había planteado una regla fiscal para limitar el aumento del gasto, pero finalmente la Casa Rosada optó por volver a prorrogar la hoja de ruta de ingresos y erogaciones de 2023.