YPF: Burford se entusiasma con el boom financiero local y quiere cobrar este año un juicio que ya superó los USD 17.000 millones

Unos USD 1.000 millones por año, a razón de USD 2,5 millones por día de intereses y USD 100 millones anuales en honorarios a abogados. Así se incrementa –y se seguirá incrementando hasta que se termine de resolver– el juicio por el que Argentina fue condenada en primera instancia a pagar USD 16.000 millones por haber expropiado mal YPF, en 2012.

La sentencia de la jueza Loretta Preska, a cargo de la corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se dirimen las denuncias vinculadas a Wall Street, acumula ya más de USD 17.000 millones. De esa cifra, USD 1.000 millones corresponden a este año, el primero de Javier Milei como presidente.

El bufete de abogados inglés Burford Capital, especialista en este tipo de litigios, es el principal beneficiario de ese momento, aunque ya vendió en el mercado el 60% del juicio para pagar los USD 400 millones que gastó hasta hoy en la demanda.

Burford apuesta a cobrar este año, según confirmó Infobae de varias fuentes vinculadas a la causa. Mientras litiga en el tribunal de primera instancia cuestiones paralelas, como lograr que la justicia de EEUU diga que YPF hace lo que el estado argentino le ordena (a pesar de ser su principal accionista, la petrolera es una empresa privada que cotiza en Wall Street), pedir embargos contra el país y exigir quedarse con las acciones del Estado en la compañía como parte de pago, apuesta todo a otra instancia judicial: la apelación que hizo el país luego del fallo de Preska.

Cree que tiene todas las de ganar y por eso busca negociar de alguna manera con el Gobierno. No tuvo éxito por el momento, pero saben que un fallo adverso en segunda instancia puede acelerar todo.

Esa instancia de apelación, que deberá decidir si el fallo de Preska es correcto, fue presentada por Argentina en octubre del 2023 y desde septiembre del año pasado las partes ya no pudieron adjuntar más documentos al trámite. Ahora, solo resta esperar. En EEUU no se conoce qué jueces componen la Corte de apelaciones hasta que éstos aceptan argumentos orales (las partes los solicitaron) o, directamente, fallan.

Según Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y experto en este largo caso, sólo en el 32% de los casos el Segundo Circuito de Apelación acepta argumentos orales (básicamente, dudas y consultas), algo que pasaría entre febrero y junio de este año y que podría darse porque está involucrado un estado soberano. O sea, es muy probable que la apelación se defina este año: en junio o en diciembre. Si el fallo fuera adverso, Argentina podría recurrir, como última instancia, a la Corte Suprema de EEUU, donde ya tuvo un fallo negativo en 2018, cuando el máximo tribunal prefirió no analizar el caso.

“No creo que Argentina vuelva a la Corte de EEUU en este caso. Si la apelación es contraria al país, van a tener que negociar. Pero sería importante que eso se comience a hacer ahora, antes del fallo. Después, la posición será de mayor debilidad”, explicó Maril.

Mientras tanto, el bufete inglés mira atento la baja del riesgo país y el buen clima de negocios local. YPF, cuyas acciones en Wall Street saltaron más de 170% en un año, encabeza el boom bursátil.

“Están dadas las condiciones, algo que antes no pasaba. Burford está dispuesto a negociar y estudiar escenarios, el tema es que el Gobierno lo haga”, asegura una fuente cercana a la causa.

¿Qué escenarios estarían dispuestos a analizar? Todo está sobre la mesa: desde quitas de capital, hasta bonos. Según publicó Bloomberg en noviembre, aceptaría bonos soberanos u otros valores negociables, “dadas las agotadas reservas extranjeras del banco central argentino”.

Otra fuente con conocimiento de las negociaciones especuló con la posibilidad de un “zero-cupon bond” a 10 años, un bono que no paga intereses y se comienza a pagar una década después de emitido. El propio Milei fue más allá, meses atrás: “Vamos a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur, porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió”.

“Creo que el Gobierno no va a negociar nada hasta que no esté la apelación, ése es el día clave. Salvo algún evento particular, como que siga cayendo el riesgo país y Caputo –y Milei, claro– aproveche el momento para endeudarse para pagar. O un evento legal de mucho peso, como que Preska diga que hay que entregar las acciones de la petrolera. Si no, no lo veo. Ellos sí quieren negociar; o hacer ruido, al menos. Burford no es un fondo buitre, sólo va a actual como tal si lo dejan sin opciones”, agregó Maril.

Si la apelación es adversa, y Argentina no recurre a la Corte estadounidense, podría quedar más cerca de embargos. Es más, sería mucho más complejo el acceso a los mercados internacionales de crédito.

Si bien el caso lo lleva técnicamente adelante la procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, quien talla fuerte en este caso es Caputo. Pero el Ministro de Economía no quiere negociar de ninguna manera: no quiere cuestionamientos, ni posibles juicios (como los que tuvo que resolver de manera individual luego de su paso por la gestión Cambiemos).

Hasta el momento, el día a día del caso lo llevan los estudios de abogados de EEUU y el equipo de la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales, con el control de Andrés de la Cruz, segundo de Barra y cercano a Caputo. El ex juez de la Corte Suprema fue excusado por decreto por Milei de participar en la causa por haber intervenido en una causa conexa. Algunas versiones aseguran que esa imposibilidad venció a fines de 2024. Desde la Procuración, en tanto, aseguran que no tiene fecha de expiración y que, hasta nuevo aviso, no participa de la defensa del Estado.

“Toto no quiere delegar poder, pero busca que alguien se haga cargo del caso. Va a pagar eventualmente, pero sólo firmará el cheque: la orden la tiene que dar el Congreso, el Presidente o alguien más del Ejecutivo. Otro tema que deberían hacer los funcionarios es que el tema pase por el Congreso; así evitarían cuestionamientos posteriores”, detalló una de las fuentes.

En mayo pasado, Burford contrató como lobista a Gerardo “Gerry” Mato, un ex banquero argentino con mucha experiencia y peso en Wall Street. Con todo, la única reunión que tuvo hasta ahora con el Gobierno ocurrió hace poco más de un año. Ocurrió el 19 de diciembre a las 10 de la mañana, en el edificio de la Procuración, en la calle Posadas, según consta en registros oficiales. Participaron, entre otros, Barra, De la Cruz y Jonathan Todd Molot, uno de los dos CEO de Burford. Se especuló con que Caputo podría ser parte, pero no pasó. Otra opción fue que asistiera su segundo, Pablo Quirno; pero finalmente tampoco lo hizo. Sí estuvo en la Procuración José García Hamilton, secretario Legal de Economía.

Mañana, en el tribunal de Preska, habrá otra novedad. El Departamento de Justicia de los EEUU volverá a presentar una opinión sobre uno de los pedidos de Burford: que le entreguen las acciones de YPF.

El organismo americano ya había dicho que no corresponde, pero después de eso la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito publicó un fallo en un caso que involucra activos del Banco Central de Irán. Por eso, Preska les solicitó a las partes posturas sobre ese nuevo fallo que impacta al pedido de entrega de las acciones de YPF. Será la última vez que el gobierno de Joe Biden hable del tema.