Primera privatización de Milei: el Gobierno anunció que transferirá las acciones de IMPSA a un grupo inversor

Junto a la provincia de Mendoza, el Ejecutivo dejará sus activos de la compañía estatal en manos de un consorcio de empresas estadounidense

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IMPSA es una de las principales empresas argentinas en el sector de energía y tecnología
IMPSA es una de las principales empresas argentinas en el sector de energía y tecnología

El Gobierno Nacional y Mendoza preadjudicaron las acciones de la empresa estatal Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) en manos del Estado. Además, la Comisión Evaluadora recomendó que se acepte la oferta de la firma estadounidense Industrial Acquisition Find, LLC (IAF) y su socio Arc Energy. De esta manera, la compañía, intervenida por el Estado en 2021 para evitar su quiebra y garantizar la continuidad de sus operaciones, vuelve a manos privadas.

“Privatizamos IMPSA. Gran trabajo en equipo de Juan Pazo, Pablo Lavigne y el gobernador, Alfredo Cornejo”, aseguró el ministro de Economía, Luis caputo.

Cabe destacar que IMPSA, fundada en 1907, se dedica a la fabricación de equipos tales como turbinas, grúas, reactores abasteciendo a los sectores de metalurgia, de generación de energía y tecnología, siendo una de las principales empresas argentinas en estos últimos sectores.

IAF ofertó USD 27 millones en concepto de aporte de capital sujeto a un cronograma de integración de acuerdo a las necesidades de la empresa y solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener el refinanciamiento de la deuda que guarda con los acreedores de IMPSA, que alcanza la cifra de USD 576 millones.

“La Comisión evaluó la única oferta presentada para la adquisición de las acciones, la cual mejoró en forma significativa las condiciones de la oferta inicial. En su análisis, la Comisión concluyó que se acreditaron las condiciones de idoneidad, capacidad económica y financiera de los principales accionistas de IAF para cumplir con la capitalización que requiere IMPSA y su gerenciación; que se mantuvo la vigencia del seguro de caución para garantizar la oferta que se realizó; y que la misma se adecua a las necesidades que presenta la empresa para que esté en marcha y operativa”, indicaron fuentes oficiales.

La sala nuclear de la empresa
La sala nuclear de la empresa

No obstante, IAF deberá obtener la conformidad de los acreedores para la renegociación de la deuda y en caso de que se cumpla con la condición, se procederá a la redacción del contrato de compra venta de acciones y su posterior transferencia. Sucede que el pasivo financiero dificulta la operación de la compañía tras la venta si no hay un reacomodamiento de plazos y una reducción del stock de deuda.

Además, “el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2023 fue de $37.640.751.000, mientras que al 30 de septiembre de 2024 resultó negativo en $18.993.803.000. La pérdida registrada en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 se elevó a $56.634.554.000 a causa, principalmente, de los costos financieros, los cuales ascendieron a $22.984.021.000, y del impacto del impuesto a las ganancias determinado por el método del impuesto diferido y la provisión de impuesto a las ganancias del período, que totalizó $36.677.619.000. Ambos factores incidieron de forma negativa y determinante sobre el patrimonio neto positivo que mantenía la Sociedad al 31 de diciembre de 2023″, explicó Fabián D´Aiello, Responsable de Relaciones con el Mercado de IMPSA.

El capital de la compañía se compone de tres tipos de acciones: las clase A, en manos de la familia Pescarmona con un 5,3%; las clase B, en manos de los acreedores con un 9,8%; a través de sendos fideicomisos de garantía, y las acciones clase C, que pertenecen al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) en un 63,7% y el 21,2% restante a la provincia de Mendoza.

La decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero y la no asignación de recursos federales a empresas privadas. Se busca que la empresa continúe la actividad de forma saneada “en un marco de economía de mercado”, y la provincia de Mendoza acompañó esa decisión.

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