El Congreso de la Nación no logró aprobar el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno de Javier Milei, dejando al Poder Ejecutivo sin la herramienta considerada como la “ley de leyes”. Como consecuencia de este estancamiento legislativo, el Ejecutivo resolvió prorrogar nuevamente el presupuesto aprobado en 2023 durante el último año de la gestión de Alberto Fernández. Esta medida se formalizó mediante el Decreto 1131/2024, publicado en el Boletín Oficial.
El documento establece que las disposiciones de la Ley 27.701, correspondientes al presupuesto del ejercicio 2023, continuarán vigentes a partir del 1 de enero de 2025. Asimismo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue instruido para adecuar el presupuesto prorrogado conforme a las necesidades administrativas del próximo año. Según el Ejecutivo, esta decisión busca asegurar “la continuidad y eficiencia de los servicios esenciales” bajo la administración nacional.
Qué gana y qué pierde el Gobierno sin un presupuesto aprobado
La ausencia de una nueva Ley de Presupuesto puede tener implicancias prácticas e institucionales. Por un lado, esta situación otorga al Gobierno un mayor margen de maniobra para la reasignación de recursos sin depender de la aprobación legislativa. Por el otro, genera críticas desde algunos sectores que consideran que se pierde transparencia y previsibilidad en el manejo de las finanzas públicas.
El economista Daniel Artana explicó que, aunque “siempre el ideal es tener un presupuesto”, el Gobierno gana flexibilidad al manejar los recursos: “El no tener presupuesto le da más margen de acción al Gobierno, y eso la oposición sabía que iba a pasar”. Al mismo tiempo, destacó que esta falta de consenso refleja un problema institucional, ya que “tener un presupuesto demuestra un compromiso más allá del gobierno de turno”.
Por su parte, el economista Nadin Argañaraz coincidió en señalar que esta situación otorga mayor poder al Ejecutivo, pero también subrayó su implicancia técnica: “Si en lugar de un presupuesto nuevo hay prórroga del viejo, esa asignación la debe hacer el Poder Ejecutivo por decreto”. En este sentido, remarcó la importancia del control del equilibrio fiscal, indicando que “la credibilidad en relación al sostenimiento del equilibrio fiscal descansa en el Poder Ejecutivo”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, también se refirió a las razones por las cuales el Gobierno no buscó forzar una negociación más amplia en el Congreso. “Preferiría que pase porque es una buena señal. Pero, si para que pase hay que arriesgar o sacrificar nuestra ancla fiscal, que es lo más importante de nuestro modelo, no vale la pena”, afirmó en una entrevista televisiva. Caputo destacó que la prioridad del Gobierno es sostener el equilibrio fiscal como parte central de su programa económico.
El impacto sobre la deuda pública y las normas pendientes
La prórroga del presupuesto 2023 también dejó fuera de consideración las modificaciones que el Ejecutivo buscaba implementar para tener mayor libertad en la administración de pasivos. Entre los puntos destacados del proyecto de Ley de Presupuesto 2025 se encontraba el artículo 54, que proponía flexibilizar la Ley de Administración Financiera para realizar canjes de deuda sin la obligación de mejorar dos de tres variables (tasa, plazo o capital). Esta medida, que ya se había aplicado para deuda bajo Ley Argentina, buscaba extenderse a instrumentos emitidos bajo Ley de Nueva York.
Con la prórroga, esta modificación no entrará en vigor, y el Ejecutivo deberá negociar el cambio por separado en el Congreso si desea obtener más margen para reestructurar la deuda en moneda extranjera. Según Artana, “cuando se reestructuró la deuda en 2020, uno de los tantos errores fue emitir deuda con cupones muy bajos”. Por ello, consideró que estas modificaciones legales podrían facilitar operaciones de canje que sean “beneficiosas en valor presente”.
Además, el proyecto no aprobado contemplaba la colocación de deuda por USD 3.500 millones en los mercados internacionales. Esto equivalía al 18% del total de las operaciones de crédito público previstas para el año y estaba destinado a cubrir vencimientos de deuda externa. Sin embargo, con la prórroga del presupuesto anterior, cualquier decisión de emisión o refinanciamiento quedará supeditada al marco legal vigente, limitando la capacidad del Gobierno de operar con mayor flexibilidad.
Límites
El presupuesto original de 2023 había sido establecido en $40,2 billones, pero las modificaciones realizadas a lo largo de 2024 mediante decretos presidenciales elevaron el monto a $95,9 billones, un incremento del 138,4% impulsado por la inflación de los primeros meses. Según proyecciones de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Gobierno contará en 2025 con un margen de discrecionalidad cercano a $20 billones, basado en ingresos estimados de $115,2 billones y una inflación proyectada del 18%.
A pesar de este margen, ASAP y OPC advirtieron que la falta de una Ley de Presupuesto puede limitar la posibilidad de implementar reformas estructurales. Al mismo tiempo, la oposición señaló que un escenario de menor inflación podría reducir la capacidad del Ejecutivo de manejar recursos de manera discrecional. En octubre de 2024, el Gobierno logró acumular un superávit financiero de más de $1,82 billones, pero el manejo de estos excedentes seguirá dependiendo de decisiones tomadas por decreto.
En 2025, los compromisos en dólares del sector público consolidado, que incluyen Nación y provincias, alcanzarán casi USD 24.000 millones, de los cuales más de USD 11.000 millones corresponden a vencimientos con bonistas privados. Ante este panorama, Caputo destacó que el Gobierno prioriza el sostenimiento del superávit fiscal como “ancla” de su modelo económico. Según explicó, “no vale la pena comprometer el equilibrio fiscal” para obtener consensos en el Congreso.
La falta de una Ley de Presupuesto también deja fuera de consideración medidas como la asignación de márgenes de discrecionalidad en los gastos. Para Argañaraz, el crecimiento nominal de los ingresos fiscales genera excedentes que, sin un presupuesto aprobado, quedan en manos del Ejecutivo para ser asignados por decreto. “No tiene sentido discutir si es poca o mucha la discrecionalidad, dada la baja o alta inflación”, afirmó, destacando que las prioridades fiscales recaen exclusivamente en el Gobierno.
En este contexto, el Gobierno deberá manejar un presupuesto adaptado a los compromisos asumidos previamente. Las dificultades para acceder a financiamiento externo, producto del elevado riesgo país y las reservas negativas del Banco Central, seguirán condicionando las decisiones del equipo económico.