Problemas financieros en el agro: para el Gobierno no se deben a una crisis del sector sino a “malas decisiones” de las empresas

El anuncio de dos empresas del sector agropecuario de que no podrían hacer frente a pagarés en dólares comprometidos ante sus acreedores encendieron alarmas en el agro, en un contexto de tipo de cambio bajo, precios internacionales en declive y la vigencia de derechos de exportación, todos elementos que inciden en la rentabilidad.

En el Gobierno creen que no hay un problema sectorial sino que se trata de “malas decisiones” financieras de las empresas involucradas y que la persistencia de las retenciones no explica los problemas que surjan en la cadena de pagos en el campo.

Dos empresas del grupo Los Grobo (Agrofina y Los Grobo Agropecuaria) anunciaron ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) que por cuestiones de iliquidez temporal no podrán afrontar pagarés bursátiles -una herramienta similar a las obligaciones negociables- por un monto que ascenderá a los 10 millones de dólares hasta marzo de 2025. Antes de esas dos compañías, Red Surcos, otra “insumera” del sector también anunció que no podrá pagar su deuda.

“En el marco de un mercado con una retracción desafiante, estamos transcurriendo una situación de iliquidez transitoria que impacta en el pago de los pagarés bursátiles emitidos para las empresas que componen el Grupo. Estamos trabajando para resolver una situación de iliquidez temporal y para ello se están analizando todas las alternativas que permitan hacer frente a las obligaciones financieras, priorizando nuestro compromiso con productores, proveedores, colaboradores y clientes”, comunicaron desde Los Grobo, una empresa que está bajo control mayoritario de Victoria Capital Partners.

En el sector agropecuario la cesación de pagos funcionó como señal de alarma sobre el panorama de negocios considerando el cambio de escenario macroeconómico -por razones internas y otras externas, como el precio de los commodities- en un contexto en el que el agro pide una señal oficial de reducción impositiva del lado de los derechos de exportación, que tienen un peso de casi 45% de la renta para los productores de la zona núcleo.

Por lo pronto, otra empresa importante del sector, como Rizobacter, le anunció a la CNV que este lunes pagará con normalidad obligaciones negociables por 20 millones de dólares. Ricardo Yapur, presidente de esa firma, aseguró que la situación actual “no es fácil” porque “el campo durante el año pasado invirtió mucha plata financieramente porque era negocio comprar dólar barato y eso hizo que el productor se surtiera de mucho producto, que en pesos la ganancia haya sido muy grande pero en dólares, muy baja”, dijo el ejecutivo, en diálogo con CNN Radio.

El empresario dijo que en general “los productos y las ventas del sector bajaron”. “Son reacomodamientos que pasan. Tenemos una baja de precios muy grande, tenemos 15 o 20 días feos con respecto a lluvias, eso puede hacer caer la producción. Para aquellos que ponían plata desde afuera en el sector, ahora hay opciones que hagan que no pongan plata en el sistema agropecuario. Eso va a obligar a las empresas a ir por el negocio genuino y no por el financiero. No es un tema de largo plazo, pero que hay que sortear el momento”, señaló.

Desde el Gobierno creen que no hay una crisis sectorial sino que los problemas en la cadena de pagos del agro está más bien ligada a “malas decisiones” financieras de las empresas involucradas.

“Eran empresas que estaban apalancadas 10 u 11 a 1 en su capital apostando a una hiperinflación”, mencionaron desde un despacho oficial, al explicar que eran firmas que quedaron demasiado expuestas financieramente. El apalancamiento es una estrategia financiera que implica endeudar a la compañía para realizar alguna inversión, y que puede conllevar un riesgo alto si el ratio de apalancamiento sobre fondos propios es elevado. “Claramente esperaban otro escenario macro, fueron malas decisiones de las empresas. No tienen nada que ver las retenciones en este caso, hubiera quebrado igual”, mencionó ante Infobae una fuente oficial.

La cuestión de la persistencia de los derechos de exportación, más allá del caso puntual de la cesación de pagos reciente en el sector, forma parte de los intercambios entre el Ejecutivo y las entidades del sector.

Desde una de las principales que integran la Mesa de Enlace también coincidieron con la visión oficial de que se trató de un problema de manejo financiero de esas firmas, aunque también esperan definiciones del equipo económico con alguna hoja de ruta más específica sobre la baja de impuestos al agro.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo reiteraron en las últimas semanas que el Gobierno apuntará a bajar impuestos desde 2025 en la medida en que se sostenga el equilibrio fiscal. Las retenciones y el impuesto al cheque asoman como los dos principales tributos a reajustar. Un informe de Ieral midió que en 2024 los derechos de exportación aportaron entre 1 y 1,1% del PBI.

“Desde su restablecimiento en 2002 y hasta 2023, representó entre el 2,6% y el 13,4% de los recursos tributarios totales del gobierno nacional, equivalente a entre 0,6% y 3,1% del PIB. En 2024, se estima que la recaudación se ubicaría entre 1% y 1,1% del PIB. Estas magnitudes, en un contexto que demanda redoblar esfuerzos en materia de sustentabilidad fiscal, resultan el principal escollo de cara al objetivo de eliminar las retenciones”, consideraron desde Fundación Mediterránea.

Esa entidad también mensuró el impacto en la carga tributaria total para el sector. En la zona núcleo, los derechos de exportación representarán el año que viene el 44% de un peso tributario total de 64% de la renta agrícola (el resto son 15% de Ingresos Brutos y un resto menos de Sellos, Cheque, impuesto a las Ganancias y inmueble rural). Para la zona extrapampeana será en 2025 el 57% del 74% total de la renta alcanzada por carga tributaria.

Uno de los datos que capturó la atención en la presentación de los números oficiales del Presupuesto 2025, que finalmente no será debatido en el Congreso luego de la decisión de prorrogar este lunes el actual en ejercicio, fue el aumento muy pronunciado en los ingresos fiscales esperados por derechos de exportación: más de 100 por ciento. La estimación oficial habla de $10,7 billones a recaudar durante 2025, en contraste con los $5,3 billones con los que finalizaría el 2024. En términos de peso en el PBI, representaría un avance desde 0,96% a 1,43% del PBI.

Tras la presentación del presupuesto, el economista y asesor del ministro Martín Vauthier debió hacer una aclaración ante la incertidumbre que generaron esas proyecciones: “La recaudación está influida por factores adicionales a la nominalidad. El cambio en los plazos de pago de DEX (derechos de exportación) y el dólar soja hicieron que la recaudación de derechos de exportación 2024 dejara una base de comparación baja, dados los mayores pagos en 2023. Esto afecta la variación interanual prevista en 2025″, indicó.

“En 2023, las tasas en pesos muy negativas versus la expectativa de devaluación generaban un incentivo a pagar los derechos de exportación en el menor plazo posible luego de la registración de DJVE. Esto se fue revirtiendo en 2024, dada la estabilización macro y la fuerte mejora en las expectativas”, dijo Vauthier. Por eso, concluyó, “al normalizarse el efecto de los plazos de pago y ya sin dólar-soja el año previo, en 2025 puede esperarse una recaudación por derechos de exportación más cercana a la media de la última década. La variación interanual nominal ‘alta’ se explica por una base de comparación ‘baja’ en 2024″”, concluyó.

Por lo pronto, el equipo económico estima en proyecciones por ahora preliminares que si el crecimiento de la economía tuviese la velocidad que espera el Gobierno (de 5%) el Poder Ejecutivo podría conseguir algo más de 1 punto del PBI de recaudación tributaria adicional que le dé margen fiscal suficiente para concretar alguna baja de impuestos a lo largo de 2025.

Hacia 2025, en el Palacio de Hacienda un cálculo que circuló, por el momento de manera informal, indica que una recuperación de 5% en el PBI -es el escenario que espera el Gobierno, mientras que el consenso de mercado expresado en el REM apunta más hacia un 4%- aportará un recaudación tributaria “adicional” de hasta 1,2 puntos del PBI. Con ese margen excedente fiscal, el Poder Ejecutivo ganaría espacio para ejecutar bajas de impuestos, aunque la secuencia que elegirá el equipo económico para hacerlo todavía no fue determinada.