A fines de noviembre el Gobierno nacional anunció el llamado a licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal, en un esquema que volverá a ser de concesión privada, a riesgo empresario, y en el que el Estado ya no estará ligado a la gestión y el mantenimiento de la vía.
La licitación será llevada adelante por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y se recibirán las ofertas hasta el 29 de enero de 2025.
Los pliegos contemplan una fuerte modernización de la gestión de la vía fluvial, por la que circula cerca del 80% del comercio exterior argentino. Entre otras medidas, se sumarán bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques.
Ahora bien, la letra chica de la iniciativa generó debate y controversias sobre algunos puntos en particular. Desde la Fundación Pensar, el think tank del PRO, por ejemplo, plantearon que el pliego podría generar sobrecostos para los productores argentinos. En concreto, sostuvieron que “el sobrecosto que pagará el productor será de entre 2 y 3 dólares la tonelada”. También cuestionaron temas técnicos del proceso, como la “ausencia de buenas prácticas, tales como roadshow, dataroom e intercambios con los usuarios”.
Otras voces, en cambio, cuestionaron las exigencias establecidas sobre las empresas participantes y sobre el sistema de puntuación, entre otros temas.
Consultadas por Infobae, fuentes oficiales aclararon algunos puntos que tienen que ver con la licitación. En primer lugar, se refirieron al respaldo económico necesario para la realización del proyecto. “La Vía Navegable Troncal argentina es una de las más grandes del mundo. La necesidad de respaldo económico (se plantea un respaldo equivalente a los ingresos estimados de un año de gestión de la VNT) se toma como garantía de sustentabilidad y continuidad de las tareas. Las grandes dragadoras internacionales cumplen sobradamente este requisito”, señalaron.
También destacaron la importancia de la experiencia, como un punto central al momento de otorgar la licitación. “Se trata de licitar la obra de infraestructura más importante de la Argentina, por lo que es importante que el profesional a cargo sea idóneo y conozca del tipo de obra y la complejidad de la misma”.
De todas formas, aclararon que los requisitos no son muy altos, teniendo en cuenta que solo se exige, como mínimo, 3 años de experiencia en obras de cualquier tipo de dragado en puertos y vías navegables. “Se debe subrayar que la Vía Navegable Troncal argentina tiene una extensión de 1.450 kilómetros, mientras se piden antecedentes por solo 250 kilómetros (menos de un 20%)”, sostuvieron.
Sobre las empresas
El pliego estipula que durante todo el proceso pueden participar UTEs, pero, al momento de la firma del contrato de concesión, deben de haber confirmado una sociedad anónima en común entre las partes. “Por ejemplo, Hidrovía S.A. no era una UTE, sino una sociedad nueva, integrada por las dos empresas que eran Jan de Nul y Emepa. Esto es imprescindible para poder llevar desde el Estado el control del cumplimiento de las condiciones contractuales, lo que se dificultaría si se tratara de empresas independientes”, comentaron las fuentes oficiales.
Por otro lado, justificaron el hecho de que se exija que las empresas cuenten con su propia maquinaria. Se utilizaron criterios técnicos en base a las tareas que se requieren para dragar los cerca de 24 millones de metros cúbicos estimados en las distintas etapas de la futura concesión.
“Que las máquinas sean propias es fundamental para garantizar la disponibilidad de dragas suficientes en cualquier condición y no depender de un leasing o alquiler de dragas que en picos de demanda podrían no estar disponibles en tiempo y forma e incluso podrían implicar costos adicionales no previstos”, explicaron.
Entre las empresas que podrían participar del proceso licitatotorio están la mencionada Jan de Nul, la también belga DEME y las holandesas Boskalis y Van Oord.
Sistema de puntuación
También la ponderación económica estuvo en el centro del debate. Algunas voces ajenas al Gobierno habían señalado que la misma tenía una valoración ínfima (del 0,15% del total) en el proceso licitatorio. No obstante, las fuentes oficiales aseguraron que, de la simple lectura de los pliegos se desprende que, siguiendo las recomendaciones internacionales, la propuesta económica representará el 60% de la puntuación total.
“Se siguen las recomendaciones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a la Administración General de Puertos, en abril de 2022, donde aconsejó establecer criterios de evaluación”, sostuvieron.
Con esto, el Gobierno busca despejar las dudas generadas en los últimos días. Entre los críticos estuvo por ejemplo el exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, quien consideró “inadmisible” que se generen mecanismos que impliquen mayores costos para los productores nacionales. “La Hidrovía Paraná-Paraguay es sinónimo de producción argentina. Por ahí pasa el 90% de la exportación de granos y derivados, que generan más de 30.000 millones de dólares de exportación”, justificó quien, por otro lado, estuvo en el cargo los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, en lo que no se determinaron los pliegos para la licitación.