El 95% de los empleados públicos que rindieron el examen de idoneidad aprobaron en el primer intento

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, avanzó con la implementación de exámenes de idoneidad para los empleados públicos con contratos temporales. Este proceso formó parte de un plan más amplio conocido como “deep motosierra”, destinado a reestructurar la administración pública, reducir su tamaño y elevar los estándares de desempeño de sus trabajadores.

El Gobierno estableció que 40.000 trabajadores de la planta transitoria debían rendir una evaluación de competencias básicas como requisito obligatorio para renovar sus contratos. El examen se dividió en tres niveles según el tipo de tareas realizadas: servicios generales, administrativos y profesionales. Según informó Sturzenegger, hasta el momento 9.000 empleados completaron la prueba, con una tasa de aprobación del 95% en el primer intento.

El examen de idoneidad fue concebido como una herramienta para asegurar que los trabajadores cuenten con las capacidades necesarias para desempeñar sus funciones. Sturzenegger resaltó que esta medida buscó implementar una instancia a-política, que estableciera criterios claros y objetivos para evaluar a los empleados públicos, evitando contrataciones basadas exclusivamente en afiliaciones políticas.

El material de estudio y ejemplos de exámenes se publicaron semanas antes del inicio del proceso en la página oficial del Ministerio de Desregulación, generando un intenso debate en medios de comunicación. La prueba consistió en una evaluación de una hora de duración, compuesta por preguntas de opción múltiple, realizadas a través de computadoras o tablets en las instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), ubicado en el centro de Buenos Aires.

Además, el sistema garantizó anonimato y transparencia en la corrección, ya que los resultados fueron procesados automáticamente. Los empleados tuvieron hasta tres intentos para aprobar, aunque una mayoría significativa lo logró en el primer intento.

El examen generó diferentes reacciones entre los empleados públicos. Sturzenegger mencionó que muchos manifestaron ansiedad antes de rendir la prueba, pero también satisfacción tras superarla. UPCN y ATE, dos de los principales gremios del sector público, participaron activamente en el proceso, brindando apoyo a los trabajadores con clases preparatorias y asegurándose de que las pruebas se realizaran con transparencia.

El Gobierno reconoció públicamente el papel de estos sindicatos en la mejora del proceso. La participación de ambas organizaciones sindicales ayudó a resolver problemas operativos y a garantizar que las evaluaciones se desarrollaran con profesionalismo.

El inicio de estos exámenes fue parte de un contexto más amplio de ajustes en el sector público, en línea con los objetivos del Gobierno de reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia del gasto público. Según datos oficiales, la planta total de personal estatal descendió de 343.353 personas en noviembre a 305.688 en octubre, lo que implicó el despido de 30.000 trabajadores en lo que va del año.

El Ejecutivo también realizó una drástica reducción en la cantidad de ministerios, que pasaron de 18 a 8, y eliminó el 33% de los puestos superiores en la estructura del Estado. En paralelo, avanzó en la revisión de 300 direcciones y coordinaciones, con la meta de eliminar funciones consideradas innecesarias o duplicadas.

El programa “deep motosierra” incluyó también la evaluación de organismos descentralizados, como ARCA (ex AFIP) y el INDEC. El objetivo del Gobierno fue identificar funciones redundantes, cerrar oficinas consideradas innecesarias y reorganizar aquellas que pudieran integrarse a la administración central.

Además de los exámenes de idoneidad, el Ministerio de Desregulación comenzó a desarrollar políticas adicionales para optimizar la administración pública. Una de ellas incluyó la creación de un sistema de premios para las áreas que logren ahorrar recursos del presupuesto asignado, incentivando la eficiencia en el uso de los fondos públicos.

Por otro lado, se contempló la posibilidad de renegociar más de 50 convenios colectivos de trabajo en el ámbito estatal y reconfigurar las escalas salariales, buscando reducir las disparidades entre distintos sectores del Estado.

El Gobierno también analizó el impacto de los exámenes en la renovación de contratos. Aunque la aprobación fue un requisito indispensable, no garantizó automáticamente la continuidad laboral, ya que cada área administrativa tuvo la facultad de decidir sobre la recontratación en función de su situación presupuestaria y operativa.