El grupo inversor CIMA SA adquirió la deuda que Vicentin mantenía con un grupo de bancos internacionales, en el marco del proceso de concurso preventivo que tramita desde 2020 en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo del magistrado Fabián Lorenzini. La operación, que involucra USD 447.194.396,91, fue formalmente notificada en el expediente judicial el 17 de diciembre de 2024, luego de concretarse el 12 de noviembre.
Según informó CIMA, la transacción incluye créditos cedidos por varias entidades financieras del exterior. El detalle de las acreencias verificadas es el siguiente: IFC por USD 205.785.014,45, FMO por USD 122.278.129,55, ING por USD 46.429.718,73, Rabobank por USD 22.781.133,64, MUFG por USD 12.381.296,09, SMBC por USD 12.381.296,09 y Natixis por USD 9.934.586,27. Fuentes del mercado estimaron que CIMA habría pagado aproximadamente USD 70 millones por la adquisición, un monto equivalente a 11 centavos por cada dólar de acreencia.
La intervención de CIMA posiciona al grupo inversor como el principal acreedor del concurso. En un comunicado oficial, señalaron que la operación busca “contribuir a destrabar el prolongado proceso judicial, que ya lleva cinco años, y trabajar en una solución que permita reactivar a la mayor compañía del sector agrícola de bandera argentina”.
Además, indicaron que “es nuestra intención colaborar con todas las partes que deseen sumar valor, construyendo soluciones que atiendan de manera justa los intereses de los acreedores y demás actores involucrados, y que prioricen la preservación de las fuentes de trabajo”.
El escenario judicial y el rol del cramdown
El concurso preventivo de Vicentin se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que debe decidir si homologa el plan de pagos presentado por la agroexportadora o si habilita la apertura del cramdown, un mecanismo que permitiría el ingreso de un tercero para competir con la propuesta original. En este contexto, CIMA informó que inició “diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al Grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual cramdown”.
Cabe recordar que el cramdown es un proceso que permite a acreedores u otros interesados presentar propuestas alternativas para reestructurar la deuda o directamente hacerser con la propiedad de la empresa, en caso de que la oferta inicial sea rechazada o no logre las mayorías requeridas. Durante el proceso, otras partes pueden ofrecer esquemas de pago a los acreedores, con el objetivo de quedarse con los activos de la empresa en conflicto.
Por su parte, el Directorio de Vicentin emitió un comunicado en el que afirmó que, de confirmarse la operación de CIMA, “nada habrá cambiado en el proceso cuya terminación perseguimos hace más de dos años y medio”. La empresa reiteró su posición en torno a la demora judicial: “Desde hace dos meses, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe tiene en sus manos la homologación definitiva de la propuesta que aprobaron una mayoría contundente de acreedores”. Asimismo, hicieron referencia al dictamen del Procurador General, que recomendó rechazar la queja presentada por Commodities, una firma que presentó un recurso para bloquear la homologación y habilitar el cramdown en cuestión.
La situación financiera de Vicentin
El comunicado del Directorio también reconoció las dificultades financieras que atraviesa la compañía, destacando que “ha agotado su disponibilidad de caja para financiar su giro ordinario, y que ha adoptado las medidas de crisis necesarias para sobrellevar la situación afectando lo menos posible a sus trabajadores, lo que no podrá sostener en el futuro cercano”. Añadieron que no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar un eventual proceso de cramdown.
En relación a la demora en la definición judicial, la empresa solicitó una pronta resolución: “Reiteramos nuestro pedido a la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe para que resuelva sin más dilaciones el recurso presentado por la firma Commodities, para que finalmente todas las partes relacionadas al proceso concursal puedan dar vuelta la página y terminar este largo capítulo por un camino comprobadamente seguro para la continuidad de la empresa y de las fuentes laborales relacionadas directa e indirectamente”.
La estrategia de CIMA y el Grupo Grassi
CIMA lideró la compra de la deuda y comenzó a estructurar una propuesta junto con el Grupo Grassi, uno de los actores relevantes en el proceso concursal.
La intervención de CIMA y la posibilidad de habilitar el cramdown modificaron el escenario del concurso preventivo, colocando a la empresa en un punto crítico. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe será determinante para definir el futuro de la compañía, mientras distintos actores buscan posicionarse estratégicamente en el proceso.
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