La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía oficializó el cierre definitivo de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), una sociedad estatal que no operaba servicios ferroviarios. La decisión forma parte del plan de ajuste y optimización de recursos anunciado por el Gobierno Nacional y establece el cese completo de las actividades del organismo.
El proceso, formalizado a través de la resolución 58/2024, publicada en el Boletín Oficial, ordena al Directorio de la sociedad convocar una Asamblea General Extraordinaria para iniciar los trámites correspondientes a la liquidación. A partir de la medida, la empresa dejó de realizar contrataciones, facturaciones y otras operaciones económicas, y cesó toda actividad. Además, el organismo no contará con personal ni con ingresos o egresos económicos.
La determinación de cerrar Trenes Argentinos Capital Humano responde a la política del Ejecutivo, que catalogó a la empresa como un organismo sin funciones relevantes que justificaran su existencia. Según datos oficiales, durante la gestión anterior, la sociedad demandó 180 millones de dólares al Tesoro Nacional para iniciativas que incluyeron programas artísticos y culturales. Entre ellas, el Gobierno mencionó la realización de obras de arte en estaciones ferroviarias sin operación de trenes y el programa “Entretrenerte”, que contrató artistas para eventos gratuitos durante la pandemia de COVID-19.
La eliminación de Trenes Argentinos Capital Humano representa un ahorro anual de 42 mil millones de pesos para el Estado Nacional. Esta cifra se explica principalmente por la reducción de 1.388 empleados, además de la eliminación de 23 cargos jerárquicos, cuyos salarios promedio oscilaban entre 2 y 4 millones de pesos mensuales.
De acuerdo con la Secretaría de Transporte, la decisión se enmarca en un plan general de reestructuración y eficiencia del sistema ferroviario argentino. El Ejecutivo señaló que el organismo duplicaba funciones ya desempeñadas por otras empresas estatales del mismo sector, lo que derivaba en un gasto innecesario de recursos públicos.
A su vez, la medida ordena que los asuntos legales pendientes en los que el organismo actúe como parte continúen su curso normal, bajo las disposiciones judiciales correspondientes.
El cierre definitivo constituye el último paso de un proceso iniciado en octubre, cuando el Gobierno anunció por primera vez su intención de eliminar la empresa ferroviaria estatal. La decisión se oficializó en el marco de una rueda de prensa, en la que el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el portavoz presidencial, Manuel Adorni, detallaron los fundamentos del cierre.
En esa ocasión, Mogetta indicó que la empresa había funcionado como un espacio de “despilfarro de recursos públicos” y que su estructura sobredimensionada carecía de justificación operativa. Señaló que la entidad había acumulado gastos relacionados con contrataciones, eventos y prestaciones que no guardaban relación con el objeto ferroviario.
El proceso de eliminación de Trenes Argentinos Capital Humano comenzó con la reducción de personal y la declaración de emergencia en el sistema ferroviario. La administración de Javier Milei, al asumir la gestión, redujo la planta de trabajadores de 1.811 empleados en noviembre de 2023 a 1.388 empleados antes de oficializar el cierre.
Entre las críticas a la gestión anterior, Mogetta denunció que el organismo destinaba recursos a obras artísticas y eventos culturales, actividades que el Ejecutivo consideró ajenas a su función. El secretario ejemplificó la situación al destacar que el Estado “financiaba fiestas gratuitas”, lo que, según sostuvo, representó un gasto significativo de recursos nacionales.
El Gobierno justificó el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano por motivos de ineficiencia y falta de operatividad. Desde la administración actual, sostienen que el organismo no desarrollaba tareas vinculadas a la operación de servicios ferroviarios y que su permanencia respondía a una estructura innecesaria.
De acuerdo con los datos oficiales, la empresa duplicaba tareas ya realizadas por otras entidades ferroviarias. En este sentido, la administración remarcó la necesidad de reducir el gasto público, eliminar superposiciones operativas y optimizar recursos.
El ahorro generado por el cierre, estimado en 42 mil millones de pesos anuales, incluye la reducción de gastos de personal, la eliminación de cargos jerárquicos y la supresión de otros costos administrativos, como el uso de vehículos oficiales, tarjetas corporativas y combustibles.
El secretario de Transporte, al anunciar la medida inicial en octubre, destacó que el Estado nacional priorizará los recursos para las empresas ferroviarias operativas y se enfocará en mejorar el funcionamiento general del sistema.