Licuadora y motosierra: cuál fue la velocidad del ajuste fiscal en el primer año de gobierno de Javier Milei

Javier Milei centró su campaña a la presidencia en la “motosierra” al gasto público para “podar” el déficit fiscal que durante más de una década fue debilitando a la economía a través de la emisión espuria para sostenerlo.

Pocos, por no decir nadie, estimaban que ese objetivo iba a hacer alcanzado desde el primer mes pleno de gestión -enero- cuando el Sector Público Nacional base caja (SPN) registró un superávit financiero de $518.408 millones, producto de un excedente primario de $2 billones y del pago de intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público, que alcanzó a $1,49 billones.

“Es el primer superávit financiero desde agosto de 2012, y desde 2011 para un enero”, destacaba el comunicado de Hacienda del viernes 16 de febrero. Pero había omitido advertir que mientras ahora el Gobierno obtuvo ese resultado luego de honrar el pago pleno de los vencimientos de intereses de la deuda, entre 2002 y 2015 la persistencia del default parcial de la deuda -derivado de un largo conflicto con los holdouts- no se cumplieron plenamente esos compromisos, sólo se hizo con los acreedores locales -se habían dejado afuera a los residentes en el exterior para no correr el riesgo de ser embargados por la justicia de los EEUU-.

Por tanto, hay que remontarse a 1993 para encontrar el último superávit financiero real en las finanzas públicas. No obstante, este fue un fenómeno aislado, como también lo fue el equilibrio en 1991. Antes de eso, al menos desde 1970, siempre se registró déficit fiscal total base caja, es decir, considerando los ingresos y los pagos efectivos de las partidas ejecutadas.

Muchos economistas e informes de consultoras calificaron el superávit de enero como un fenómeno circunstancial, producto del uso de una “tijerita” combinada con el diferimiento de pagos, el aporte inestimable de la recuperación de las cosechas tras una singular sequía, el aumento transitorio de la alícuota del Impuesto PAIS -de 7,5% a 17,5%-, las retenciones sobre las exportaciones infladas por el sinceramiento cambiario del 13 de diciembre último, y por la restitución del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría -asalariados, principalmente-. En cambio, resaltaron que los recortes a la llamada “casta de la política” fueron escasos o nulos.

Por ello, los analistas revisaron los detalles mensuales del ajuste, en particular en las partidas del gasto primario -antes del pago de intereses de deuda-, para identificar las prioridades y las restricciones que enfrentaría el ministro de Economía, Luis Caputo, al intentar reducir un déficit fiscal equivalente al 5% del PBI, es decir, más de tres meses de los recursos tributarios anuales.

El análisis habitual de los economistas compara la variación nominal de las partidas respecto del mismo mes del año anterior, descontando la inflación informada por el Indec. Los resultados reflejaron, predominantemente, variaciones reales negativas, mostrando un uso extendido de la “licuadora” del gasto.

Los informes privados también destacaron que gran parte del superávit fiscal -en un contexto de recesión agudizada en el primer semestre- recayó sobre los ingresos disminuidos de las familias. En su mayoría, los ingresos subieron por debajo de la inflación, lo que intensificó el llamado “efecto licuadora”.

De la comparación de 24 grandes partidas ejecutadas entre enero y octubre 2024 con igual período del último año de Alberto Fernández y de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, surge que 21 partidas crecieron menos que la inflación acumulada de 249,4%. Sólo tres superaron ese porcentaje:

• Obra pública (Gasto de capital); se recortó 78,1%, con casi nulas transferencias a las provincias. Sectores como educación (-93,5%), construcción de viviendas (-92,9%); transporte (-82,2%), agua potable y alcantarillado (-78,5%), y energía (-60%), fueron los más afectados;

• Transferencias corrientes a provincias: 67,3%; desagregado en educación 72,8% y seguridad social 100%. La excepción fue para salud que aumentó 10% en valores reales;
• Subsidios económicos a las empresas: -básicamente porque tuvieron como contrapartida el aumento de las tarifas al valores cercano a los costos- 26,9%; desagregado en 26,1% a la energía eléctrica, 27,5% al transporte público de pasajeros, y 45,6% de baja para otras funciones;
• Transferencias a Universidades: fue la segunda excepción, se elevaron 1,6% por sobre la inflación promedio del período respecto de igual tramo del año previo;
• Otros gastos corrientes: 72,3 por ciento;
• Prestaciones sociales: 17,8%, lideradas por el recorte de 19,7% en la partida de pago de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares 18,9%, pensiones no contributivas 19,3%, otros programas sociales 28,5% -excluidas la Asignación Universal por Hijo que aumentó 31,5% en valores reales, y Prestaciones del PAMI apenas cayó 0,8 por ciento;

• Gasto de funcionamiento: 22,1%, con salarios en la administración central 18,7% y otros 34,5%; y
• Financiamiento déficit empresas públicas: se redujo 50,8% y disminuyó su carga sobre el conjunto del gasto de la Administración Central.

Por el contrario, escaparon al deterioro de la inflación las partidas destinadas al gasto social. En el caso puntual del último dato oficial correspondiente a octubre en comparación con un año antes se advierte como rasgo distintivo los aumentos en valores reales de las partidas destinadas a la AUH 83,4%; y Universidades 74,3%, en tanto desaceleró a 4,6% las transferencias a Salud; y por primera vez en 16 años el consolidado de empresas públicas presentó superávit.

Hasta aquí la forma clásica de analizar el uso de la “licuadora” -con diferentes revoluciones, en el gasto público- con el espejo retrovisor, por el efecto que genera la inflación, en particular en los períodos de aceleración, porque la mayor parte de las erogaciones están vinculadas con indexaciones y subas determinadas por la variación de los precios y salarios.

Un método poco utilizado para detectar el real uso de la “motosierra” es comparar cómo ha variado la asignación de los siempre escasos recursos disponibles respecto del total -antes del pago de los intereses de la deuda pública-, entre enero y octubre 2023 e igual tramo un año después, en respuesta al claro y contundente mensaje del Presidente en el acto de asunción el 10 de diciembre: “no hay plata” para financiar exceso de gastos sobre los recursos -decidió cerrar la “maquinita” de la emisión del Banco Central y no elevar la deuda pública-.

Ese análisis permitió detectar que, entre los que ganaron participación relativa en la estructura del gasto primario total, se destacan:

• Prestaciones sociales: aumentaron 6,8 puntos porcentuales, pasando de 54,6% a 61,4%. Este incremento está en línea con las recomendaciones del FMI para destrabar el acuerdo caído del préstamo de Facilidades Extendidas en el último semestre de la presidencia de Alberto Fernández. Las jubilaciones y pensiones explicaron 3 pp del alza; PAMI y AUH 1,7 pp en cada caso, pensiones no contributivas y asignaciones familiares 0,3 pp en ambas partidas. Por el contrario, se redujo en 0,2 pp “otros programas sociales;

• Gastos de funcionamiento 1,1 pp: 1,5 pp en salarios; bajó 0,4 pp otros, a 17,8 por ciento;
• Transferencias corrientes para Salud 0,2 pp;
• Transferencias para Universidades 1,3 pp, a 4,6 por ciento; y
• Intereses de la deuda 1,3 pp, a 10,5 por ciento.
• Por otro lado, entre las partidas que perdieron participación relativa en los primeros 10 meses de 2024 se destacan:
• Gastos de capital (obra pública): cayeron 6,2 pp, pasando de 8,9% a 2,7% del total del gasto primario. Este recorte afectó especialmente las áreas de transporte (-1,3 pp), vivienda (-1,1 pp), energía y agua y alcantarillado (-0,8 pp en cada caso), y educación (-0,5pp); y
• Transferencias discrecionales a provincias: retrocedieron 2 pp, reduciéndose a 1,6% del total.

En el gráfico previo se observa que sobre 23 grandes partidas del gasto primario (sin intereses de la deuda) que informa Hacienda en base caja, en la comparación de los primeros 10 meses de 2024 con igual tramo del año previo se advierte que la “motosierra” no sólo se usó a diferentes revoluciones en poco más de la mitad (13), sino que, además, no llegó a tocar a las restantes 10, que, por el contrario, pese al efecto licuadora, ganaron participación en la asignación de los recursos escasos.

Algunos analistas destacan que la base fundamental para consolidar el desempeño inicial de las finanzas públicas es contar con el respaldo legislativo para la aprobación del Presupuesto 2025, cuyo foco central es la rigidez del “déficit cero” y el no aumento de impuestos.

La intención del Gobierno es que si se promueve el aumento de alguna partida deberá ser a costa de la baja de otra; y que si se lograra un excedente sostenido de los ingresos respecto de lo proyectado se destinará a la reducción de tributos, comenzando por retenciones a las exportaciones y al Cheque.

Mientras que, en el Poder Legislativo, con predominio de la oposición, se insistirá con retomar las obras de infraestructura, en particular en vivienda y condiciones de vida de los hogares, así como la reformulación de la fórmula previsional, para que los haberes no sólo queden atados a la inflación que se proyecta en descenso sostenido, sino también al aumento de los salarios y del empleo registrado.