Siete de cada diez empresas advierten que los juicios laborales desalientan las inversiones y la creación de empleo

La litigiosidad laboral en la Argentina se convirtió en un factor crítico que obstaculiza la inversión y la generación de empleo formal. Según un estudio realizado por SEL Consultores para la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el 70% de las empresas afirmó que este problema impacta negativamente en su estrategia de inversión, mientras que el 74% aseguró que desincentiva la contratación de nuevos trabajadores.

El informe, basado en encuestas realizadas a 5.048 empresas entre el 7 de octubre y el 21 de noviembre, subrayó que las pequeñas empresas, especialmente aquellas con menos de 50 empleados y ubicadas en el interior del país, son las más afectadas por este fenómeno. Estas compañías, que representan la principal fuente de generación de empleo en Argentina, enfrentan enormes dificultades para expandirse y formalizar nuevas contrataciones debido al peso de las demandas judiciales.

La UART alertó sobre un panorama preocupante para el sector: para 2024 se espera el ingreso de 128.000 nuevas demandas vinculadas a riesgos del trabajo, lo que representa un incremento del 9% respecto a 2023. A esto se suman los litigios derivados de causas laborales generales, como despidos, lo que agudiza la carga sobre el sistema judicial y sobre las empresas.

El contexto de la litigiosidad se da en un mercado laboral que ya enfrenta grandes desafíos. Argentina cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) de 23 millones de personas, de las cuales solo 10,2 millones tienen empleo formal en relación de dependencia, y 3 millones son trabajadores independientes registrados. Esto significa que más de 10 millones de personas trabajan en la informalidad, sin acceso a cobertura de riesgos laborales, obra social ni aportes previsionales, remarcó el organisno mediante un comunicado de prensa.

A su vez, agregó que “este alto nivel de informalidad no solo afecta a los trabajadores, que quedan expuestos a condiciones laborales precarias, sino también al sistema previsional y de salud pública, que enfrenta un deterioro creciente por la falta de aportes”. Frente a este escenario, “la amenaza judicial perpetúa esta situación, ya que las empresas evitan formalizar empleos ante el riesgo de demandas laborales”.

Según advirtió la UART, “esta situación requiere una solución urgente, especialmente en un contexto donde la economía argentina muestra señales iniciales de estabilización. La reducción de la inflación, el control del déficit fiscal y una menor brecha cambiaria comenzaron a generar expectativas de crecimiento en algunas áreas. Sin embargo, para que esta recuperación se consolide y alcance a otros sectores, es esencial liberar los frenos que impone la litigiosidad sobre la inversión y la creación de empleo”.

La formalización del empleo es una condición clave para el desarrollo económico sostenible. A medida que las empresas puedan invertir con confianza y contratar personal sin temor a demandas judiciales desmedidas, será posible avanzar hacia un círculo virtuoso que impulse el crecimiento productivo, reduzca la informalidad y fortalezca el tejido social del país. En este sentido, la institución llamó a trabajar en soluciones legislativas y regulatorias que permitan reducir la carga judicial y generar un marco más previsible para las empresas.

La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los distritos más litigiosos del país, de acuerdo con los estudios de impacto judicial que realiza la UART. Entre enero y octubre de este año, en PBA se iniciaron 42.550 nuevos juicios, mientras que en CABA, 19.206. En el citado período en todo el país se presentaron un total de 105.960 demandas. En tercer lugar, se ubica Santa Fe, con 13.968, 23% más que en el año precedente.

Son las jurisdicciones más litigiosas porque concentran gran actividad económica y de trabajadores, pero además porque continúan con un descalabro de pericias en sede judicial, todo agravado por los intereses o actualizaciones, según la entidad. “Ya que, a pesar de los fallos favorables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) respecto de evitar los excesos, tanto sea el anatocismo como los índices, sigue siendo un aspecto pendiente y desproporcionado en varias instancias, tanto en PBA, como en varias de las Salas de la CNAT, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y en varias provincias”, dijo la UART recientemente.

En el caso de CABA, casi el 60% de los juicios laborales ingresados en 2023 fue por Riesgos del Trabajo, realidad que se profundizó en 2024.