Euforia antiburocrática: en menos de seis horas hubo más de 1.200 denuncias contra normas del Estado

En menos de 6 horas el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, recibió más de 1.200 denuncias de ciudadanos argentinos sobre trámites que los denunciantes consideran engorrosos, innecesarios o fuente de corrupción, precisó el secretario de Transformación del Estado y virtual viceministro del área, el economista Maximiliano Fariña.

Entrevistado por LN + Fariña se declaró “sorprendido” por la rapidez y el volumen de la respuesta ciudadana al sitio “Reportá la burocracia” que la cartera puso en internet como una nueva sección del portal Argentina.gob.ar y que apunta a “identificar y eliminar normas que representan obstáculos al libre comercio, la competencia y el desarrollo productivo en todo el país”. La iniciativa se origina en el decreto 1055/24, publicado el viernes en el Boletín Oficial para “reducir la burocracia, promover la libre competencia y facilitar la interacción entre la oferta y la demanda en el ámbito privado”.

El tipo de normas que se pueden reportar incluye leyes, decretos, disposiciones, resoluciones, decisiones administrativas y ordenanzas de carácter nacional, provincial o municipal que, según enumeró la cartera desreguladora: obstaculicen la creación o el funcionamiento de una empresa actividad, generen barreras de entrada a un mercado o limiten la competencia, restrinjan la oferta de bienes y servicios, distorsionen precios, impidan la libre iniciativa privada o eviten la interacción espontánea de oferta y demanda o soliciten requisitos o documentación innecesarios u obsoletos”.

Fuera del alcance quedaron “las normas tributarias y las propuestas que impliquen un costo fiscal”

Fariña dijo que su área está enfocada en las “barreras normativas” y apunta a que el Estado “deje de ser la sombra del ciudadano”. Para eso, dijo, es importante el contacto directo con este, y puso como ejemplo que entre los más de 1.200 reportes recibidos uno era de un abogado desocupado que quiso empezar a hacer trámites antes la Anses, pero encontró que no podía hacerlo, porque había un registro con limitaciones de acceso.

Además, agregó que a partir de la semana próxima el gobierno hará públicas las denuncias que van incorporando “para que toda la sociedad las vea”, aunque aclaró que los denunciantes pueden pedir que no se publique su nombre. El objetivo, dijo, es “dar visibilidad a las denuncias y dárselas a las provincias y a los municipios, para que también puedan hacer su trabajo de desregulación”.

Fariña dio como otro ejemplo de barreras o regulaciones innecesarias la homologación de seguridad de juguetes importados de países desarrollados que tienen sus propio sistemas y certificación internacional y mencionó el caso de un importador que para traer USD 30.000 en juguetes importados gastó USD 10.000 en el proceso de homologación.

El funcionario anticipó que, en una segunda etapa -posiblemente la semana próxima- “vamos a hacer públicas estas denuncias, qué es lo que reportó la gente, para darle visibilidad porque queremos la mayor transparencia posible y también acercárselas a las provincias y los municipios”.

Según el decreto de la iniciativa, hay “una gran cantidad de regulaciones dictadas en el Sector Público Nacional que han quedado desactualizadas en virtud de los avances tecnológicos, jurídicos y sociales, conteniendo exigencias que, si bien al momento de su dictado resultaban justificadas, actualmente generan dilaciones y costos infundados”.

Para denunciar, hay que ingresar a la página y llenar un formulario sencillo que pide nombre, apellidos, número y tipo de norma denunciada, precisar si es nacional, provincial o municipal, describir por qué es un obstáculo o barrera innecesaria y hacer una propuesta. Fariña dijo que un equipo de 4 ó 5 personas, él incluido, revisan los reportes, los clasifican y envían a los ministerios o agencias específicas para que respondan.

Otro caso que mencionó fue el de pinturas de látex del que explicó que “cada lote tiene que hacer un estudio ante el INTI para ver si tiene plomo o no, cuando siempre dan negativo y las auditorías tendrían que ser ex post”. Ese caso, explicó, lo había leído él mismo “y ya estábamos trabajando con una resolución del Ministerio de Salud y esperamos que se publique la semana que viene”.

Siempre hay un costo adicional, enfatizó, y dijo que el objetivo del ministerio es “hacer un Estado más pequeño y eficiente.

También mencionó el caso del Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra), creado en 2002, pero al que el gobierno de Alberto Fernández le otorgó un monopolio al conferirle el carácter de única entidad habilitada para cobrar y negociar licencias de reproducción de obras nacionales.

Según mencionó Fariña, Cadra podría cobrar hasta $300.000 por la existencia de una máquina fotocopiadora, pero no hacía ningún esfuerzo por identificar a los autores cuyas obras se fotocopiaban. En la Argentina, mencionó para dimensionar el tema, se editaron unos 150.000 libros en los últimos cuatro a cinco años, pero el dinero que recaudaba Cadra se repartía entre sus 8.000 socios.

Fariña aclaró que el gobierno está a favor de defender la propiedad intelectual, pero pretende que el dinero que se recaude por ese concepto llegue a los verdaderos autores. Además, aclaró que al igual que en el caso de Cadra, están revisando las normas y el funcionamiento de las llamadas “sociedades de acción colectiva”, que supuestamente defienden acciones de grupos de personas, como el caso de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), que preside el actor kirchnerista Pablo Echarri.

Además, especificó que actualmente la cartera desregulatoria tiene una matriz de 150 decretos en proceso para eliminar regulaciones y trabas. Otro caso que mencionó fue el de la importación de alimentos, por la que el importador debía suministrar al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (Senasa) información sobre el tipo de madera o pallets en que los alimentos venían embalados. También mencionó regulaciones del Senasa que impedían trabajar a veterinarios no incluidos en un registro, pese a que en la Argentina los títulos universitarios tienen carácter habilitante.

También apuntó contra las “exclusividades”, normativas como la de la causa Seguros que involucra al expresidente Alberto Fernández, que obligaban a las agencias públicas a contratar seguros con Nación Seguros, a comprarle combustibles a YPF, pasajes aéreos a Aerolíneas Argentinas y hacer todos los envíos postales por el Correo Argentino. Son normas, dijo, que desincentivan la competencia y hace que el Estado gaste mucho más.

Fariña contó que el Ministerio que encabeza Sturzenegger tiene dos áreas bien definidas, desregulación y transformación y que esta última busca “un Estado más chico y eficiente”. En los últimos 20 años, recordó, el gasto público total de la Argentina (Nación, Provincias y Municipios) pasó del 30 al 45% del PBI y la nómina de empleados públicos pasó de dos a más de tres millones. En ochos meses de gestión, dijo, el Gobierno eliminó 200 áreas que estaban en la estructura del Estado y no tenían funciones que las justifiquen, de lo que resultó una reducción de 30.000 empleados públicos, entre el 8 y el 10% del empleo en el Estado nacional.

Eso, dijo, “no termina ahora” y explicó que gracias al concepto de “disponibilidad” incluido en la ley Bases se puede avanzar en nuevas reducciones de la planta pública, rompiendo con el concepto de que los empleados públicos eran intocables. Finalmente, de los registros automotores y la tramitación de patentes y cédula azul enfatizó que el objetivo es que todos los trámites sean digitales “y no sean más un curro de la política”