El Gobierno puso en marcha una licitación nacional e internacional para concesionar el dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay por un período de 30 años. Este sistema representa la vía por la que transita el 80% del comercio exterior del país y, con su privatización, busca reducir el gasto estatal. La exclusión de empresas estatales extranjeras, incluidas las chinas, genera un impacto significativo en las dinámicas geopolíticas y económicas.
La resolución que reglamenta el proceso de licitación establece en su artículo 16° que quedan excluidas de participar las “personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales”. Este punto resulta determinante para empresas como Shanghai Dredging Co., filial de la China Communications Construction Company (CCCC), que queda automáticamente fuera de la competencia debido a su carácter estatal.
Shanghai Dredging Co. no opera como una firma privada tradicional. Es una filial de CCCC, una de las mayores corporaciones estatales chinas, que ejecuta proyectos alineados con los intereses estratégicos de Beijing. Además de proyectos de infraestructura como dragado y mantenimiento portuario, CCCC desempeña un papel central en las ambiciones geopolíticas y militares de China.
Un ejemplo destacado son las islas artificiales construidas por CCCC en el Mar Meridional de China, bajo órdenes del gobierno de Xi Jinping. Estas estructuras, que combinan objetivos económicos y militares, han provocado tensiones significativas en Asia, especialmente con Filipinas, Vietnam, Malasia y otros países de la región. Estas islas se utilizan para establecer bases militares que amplían el control marítimo de China y respaldan sus reclamos de soberanía sobre vastas áreas de esas aguas disputadas.
Además de los conflictos políticos, estas obras generan graves impactos ambientales. La destrucción de arrecifes y ecosistemas en los territorios ocupados por estas islas ha provocado críticas internacionales. Sin embargo, ni CCCC ni Beijing han mostrado intención de detener estos proyectos, reafirmando su estrategia expansiva.
En el caso de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la exclusión de CCCC y su filial Shanghai Dredging Co. marca una barrera frente a la creciente influencia china en América Latina. Argentina opta por mantener el control de un recurso estratégico fuera del alcance de empresas alineadas con intereses geopolíticos de potencias extranjeras.
Desde el vencimiento de la concesión original en 2021, la Administración General de Puertos (AGP) asumió la gestión de la Hidrovía, implementando un esquema que involucraba a siete provincias y ocho ministerios. Este modelo mostró problemas de coordinación y eficiencia. La AGP subcontrató los trabajos de dragado y balizamiento a Jan de Nul y Emepa, antiguos concesionarios. Sin embargo, una licitación internacional lanzada en 2022 fue cancelada tras la impugnación de oferentes como la danesa Rodhe Nielsen y la china CCCC Shanghai Dredging.
En este contexto, el actual proceso de licitación apunta a una concesión de largo plazo, buscando garantizar la modernización, el mantenimiento y la seguridad de esta vía navegable estratégica.
Las compañías europeas son protagonistas en esta licitación. Entre los posibles competidores se encuentran Jan de Nul, actual operadora, y otras firmas de Bélgica y Holanda, como Boskallis y DEME Group, reconocidas por su experiencia y capacidad técnica en obras de dragado. Estas empresas poseen un historial sólido en proyectos internacionales, lo que las posiciona como las principales contendientes para asegurar el control del Paraná.
La Hidrovía Paraná-Paraguay, de más de 3.400 kilómetros, es el principal canal comercial de América del Sur. Su importancia radica en que conecta a países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, facilitando el transporte de productos agrícolas y otros bienes hacia mercados internacionales.
El gobierno actual determinó un plan que incluye la modernización de la infraestructura, bases con radares y seguimiento satelital para aumentar la seguridad y controlar problemas como el narcotráfico. Además, se prevé la profundización del canal a 39 pies, con posibilidad de alcanzar mayores profundidades, dependiendo de estudios técnicos. Estas medidas buscan mejorar la competitividad logística de Argentina frente a países vecinos como Brasil y Uruguay.
A pesar de la exclusión de empresas chinas en la licitación, el gobierno de Javier Milei adoptó una postura pragmática hacia Beijing. Durante una reunión en el G20, Milei se encontró con Xi Jinping para fortalecer la relación bilateral. Argentina necesita mantener el acceso al swap chino de 5.000 millones de dólares, vital para las debilitadas reservas del Banco Central.
Sin embargo, Beijing busca ampliar su influencia en Argentina mediante proyectos como las represas en Santa Cruz y el acceso a recursos estratégicos como el litio y el cobre. Aunque Milei mantiene lazos con Donald Trump, los términos del intercambio con China podrían condicionar futuras decisiones, especialmente en temas como la Hidrovía.
La idea de privatizar la Hidrovía no es nueva. En el gobierno de Mauricio Macri, los pliegos de licitación estaban listos para ser implementados antes del vencimiento de la concesión en 2021. Sin embargo, tras el cambio de administración, la propuesta fue descartada en favor de la gestión estatal a través de la AGP. Ahora, la nueva licitación marca un giro hacia la privatización con un enfoque de largo plazo.