La muerte de Roberto Dromi, el abogado mendocino y cerebro jurídico de las primeras privatizaciones menemistas

José Roberto Dromi, quien murió en su casa este fin de semana, fue el primer Ministro de Obras y Servicios Públicos del primer gobierno de Carlos Saúl Menem y artífice de una de las vigas maestras de la era menemista, la “Ley de Reforma del Estado” que el radicalismo, en medio del traumático final del gobierno de Raúl Alfonsín, apoyó (junto a la ley de Emergencia Económica) en el Congreso para darle al gobierno las herramientas que pidió para asumir el Gobierno cinco meses antes de lo que marcaban las leyes y la Constitución.

Abogado y especialista en Derecho Administrativo, oriundo de Mendoza, Dromi había sido el delegado de Menem en sus tratos con los militares y desde principios de la década del ochenta venía pergeñando un programa de privatizaciones y la necesaria ingeniería jurídica y política para llevarla a cabo.

Como tal, Dromi fue el maestro de la primera etapa de las privatizaciones menemistas, la más marcada por las denuncias de escándalos y corrupción. Más que los principios, Dromi reivindicaba los fines y los procedimientos.

Asumió como ministro el 8 de julio de 1989 y lo fue hasta el 4 de enero de 1991, cuando ya asomaba nítidamente el poder de Domingo Cavallo, que absorbería la cartera que antes estaba a cargo de Dromi y llevaría a cabo la segunda etapa privatizadora. Dromi pasó a ser embajador del menemismo en España, y volvió luego como secretario de Reforma del Estado.

Sobre la primera etapa de su gestión decía, en julio de 1989, en el alba del gobierno menemista: “lo que se necesita es transparencia en los procedimientos. La transparencia no es sinónimo de eticidad, ni ecuanimidad, ni del buen comportamiento, pero ayuda bastante a vestir elegantemente al modelo democrático”. Lo que se necesitaba, subrayaba, es “terminar con esa vieja experiencia socialista que hemos venido arrastrando, por la cual el Estado es el padre de todo, el especialista en asistir, ayudar y subsidiar sin límites” algo que según él de ningún modo contradecía la doctrina peronista.

Bajo la batuta política de Menem y el cerebro administrativo y jurídico de Dromi, el 17 de agosto de 1989 el Congreso sancionó la ley de Reforma del Estado (N° 23.696), que autorizó al Poder Ejecutivo a privatizar empresas que formaban parte de la gestión pública. En ese listado estuvieron incluidas grandes compañías estatales como Aerolíneas Argentinas, Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA).

La ley 23.697 de Emergencia Económica fue sancionada días después e incluyó la suspensión de subsidios y subvenciones, junto con regímenes de promoción industrial y minera. Además, se redujeron a la mitad los beneficios impositivos, se dio por terminada la vigencia del régimen de Compre Nacional, fue derogado el requerimiento de previa autorización para inversiones extranjeras. También se reestructuró el personal del Estado mediante una racionalización de los recursos humanos.

Así como Menem decía aplicar “peronismo de alta escuela”, Dromi explicaba que “al peronismo hay que interpretarlo” y se apoyaba en conceptos como pragmatismo e inexistencia de alternativas, que llegó a expresar con estas palabras: “bajo las actuales circunstancias, no hay otro modo de aplicar las lecciones de Perón”.

No se trataba, decía, de la venta de activos públicos, sino de un “proceso de reformulación del Estado”. Según él, la administración pública se había convertido en “una mañana, un impenetrable donde no entra siquiera la ciencia, porque cae vencida por la ignorancia”. Había tantas leyes y regulaciones, subrayó, “que creo que hasta la computadora ignora que hay tantas; es lo que vimos cuando enviamos el proyecto de ley de Emergencia Económica y optamos por dejar sin efecto todos los subsidios, porque no había forma de saber cuáles son”.

En septiembre de 1990, ya sobre el final de la primera etapa privatizadora, en una audiencia reservada ante Comisiones cuyo contenido se filtró a la prensa, Dromi dijo que el endeudamiento del país “nos obliga a nosotros a ir consiguiendo el perdón, casi una limosna. (...) A nosotros nos monitorean todo. Si no, no sobrevivimos. Esta cláusula no escrita, aberrante, avergonzante, pero de realidad práctica de la Argentina, yo la quiero instalar en el principio de la conversación para que nos ubiquemos como un punto de reflexión sobre cuáles son las cláusulas del ajuste”.

A principios de 1991, la designación del hasta entonces canciller Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía, que absorbió Obras Públicas, significó el inicio de otra etapa de reformas. Desde entonces y hasta fines de 1993 se llevaron a cabo muchas más privatizaciones y se lanzó, en abril de 1991, el plan de Convertibilidad.

La primera etapa había dejado una estela de quince denuncias contra Dromi y seis contra la interventora de ENTel, María Julia Alsogaray.

La segunda fase abarcó la privatización del servicio eléctrico, gasífero, de agua y cloacales, así como también el resto de los ferrocarriles, las áreas petroleras remanentes, las firmas siderúrgicas, alrededor de 500 edificios públicos, la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, hoteles, fábricas militares, la junta nacional y los elevadores portuarios de granos, el mercado de hacienda y el hipódromo. En 1994 concluyó la reforma del sistema nacional de seguridad social y la transferencia de las compañías de transporte marítimo, la caja nacional de seguro y la corporación agrícola nacional.

Pero Dromi ya no estaba en el centro de la escena.